Una concentración, convocada por los colectivos Apoyo Mutuo, Paris 365, Lantxotegi, PIM, Haziak, Oxfam Intermon, Mugak Zabalduz y SOS Racismo Nafarroa, ha denunciado este sábado frente a la sede del Gobierno foral que alrededor de 100 personas duermen en la calle en el herrialde.

En la concentración se ha leído un comunicado en el que estos colectivos aseguran que el Gobierno foral y los ayuntamientos «fuerzan a diario a personas como tú a dormir en la calle, negándoles derechos básicos que deberían estar garantizados» para todas las personas que viven en Nafarroa.

El acceso a una vivienda «es un derecho vulnerado para una buena parte» de las personas que residen en Nafarroa, han destacado estos colectivos, que han afirmado que «el paro, los trabajos y sueldos de mierda y los precios y las exigencias imposibles de cumplir para poder alquilar una vivienda, o una habitación, son una realidad que todas conocemos».

Sin embargo, han apuntado, «hay vecinas de Iruña y de otros pueblos de Nafarroa que se encuentran con barreras aún mayores a la hora de acceder a una vivienda digna, o simplemente a la hora de intentar alquilar una habitación».

Se trata, han explicado, de «personas sin trabajo, madres con txikis que se ven obligadas a compartir piso o personas a las que les cuelgan el teléfono al escuchar su acento. E incluso personas a las que ayuntamientos y Gobierno de Navarra niegan el acceso a ningún tipo de vivienda o alojamiento durante meses».

Frente a estas «políticas de expulsión y estas vulneraciones de derechos», han exigido a ayuntamientos y Gobierno foral políticas de acogida, de inclusión y de garantía de derechos.

Por ello, han reclamado una serie de medidas como garantizar el acceso a recursos para personas en situación de falta de vivienda o infravivienda, sin requisitos de entrada ni exclusiones, y cumplir la legislación vigente y garantizar el acceso real y efectivo al empadronamiento para todas las personas residentes en los pueblos y ciudades de Nafarroa.

Asimismo, han apostado por establecer criterios comunes de atención desde los servicios sociales a todas las personas que se encuentren en una situación de emergencia habitacional, e implementar una política de parque de vivienda pública protegida, promoción de ayudas de alquiler y garantizar el acceso a estos programas.

También han planteado medidas como adaptar la normativa de vivienda a la realidad socioeconómica y jurídica de las familias; regular el precio de los alquileres en el mercado de vivienda en el herrialde; prohibir cualquier desahucio en el que no se garantice alternativa habitacional; y garantizar el acceso al sistema de salud pública, de manera universal, mediante la tarjeta sanitaria.