¿Llega el final del herbicida glifosato en Europa? La decisión sobre su prohibición definitiva o su renovación por diez años más está en manos de la UE, que la tomará en dos fases: este jueves, a través de la Comisión Europea y posteriormente, entre el 20 y el 23 del mismo mes, ese acuerdo ha de someterse a la votación de los miembros Unión Europea. Serán el Parlamento y el Consejo Europeo los que determinarán su apoyo al Reglamento sobre Uso Sostenible de Fitosanitarios propuesto por la CE y las condiciones que tendrá el mismo.

El pasado 13 de octubre, los estados miembros ya votaron, pero el comité no se pronunció, al no haber mayoría cualificada ni a favor ni en contra.

La división es evidente y se traslada a los ámbitos afectados, ya que el uso del glifosato es cuestión de encendidos debates, pero ¿qué es exactamente?

Se trata de uno de los pesticidas más populares a escala mundial y su uso generalista y no selectivo le permite ser muy efectivo tanto en el sector agrícola como en jardinería. Sin embargo, desde su comercialización en el año 1974, la utilización del glifosato ha sido muy controvertida y polémica por sus posibles efectos nocivos en la salud humana y las consecuencias medioambientales, que pueden perjudicar la biodiversidad. Y hoy en día lo sigue siendo. En 1994 Monsanto perdió la patente, y eso disparó la producción en países como China e India, así como su uso.

Un debate con «debilidades y fallos»

Ese debate sobre los impactos del glifosato ha mostrado «claras debilidades y fallos», según señala investigadora de la Universitat Oberta de Catalunya (UOC), del Laboratorio de Transformación Urbana y Cambio Global (TURBA Lab) en el Internet Interdisciplinary Institute (IN3).

Esta experta ha participado en un estudio que precisamente pretende expandir la investigación crítica sobre la industria agroquímica, la regulación y el conocimiento de la toxicidad de pesticidas. Y recuerda que en este terreno, «ha habido prácticas muy perniciosas, como estudios publicados con financiación de las empresas agroquímicas y mucha ambigüedad en general».

Esa circunstancia ha llegado a «las instituciones que lo regulan, que parecen embrujadas por este enredo, lo asumen como válido, aunque es bastante lógico pensar que tirar toneladas de un químico sobre los campos donde cultivamos nuestra comida para matar plantas tiene un impacto».

En este sentido, Argüelles destaca que los estados, entidades y otros agentes sociales a favor de la renovación argumentan el alto coste que supondría para los agricultores mantener el nivel de producción de sus explotaciones sin usar glifosato. Pero la experta destaca que «basarse únicamente en el argumento económico sirve para mantener el statu quo».

Y recuerda que «las principales dudas de los estados miembros son si cada país va a ser capaz de hacer una transición a una agricultura diferente, sin grandes pérdidas económicas y sin un enfado masivo por parte de los agricultores, aunque hay países que están más preparados que otros» para afrontar este desafío.

Un cambio necesario

¿Cuál sería ese cambio? La experta de la UOC responde que se trataría de «escalar el modelo de proyectos orgánicos de huerta, cereal y vid que funcionan perfectamente». Al presentar esta solución, «se dice que el cambio depende de la riqueza de los países, pero creo que se trata de capacidad política y técnica de crear un plan para ese cambio».

Frente a las dudas, Argüelles considera que «es el momento de hacer una buena política agraria europea que incluya un cambio tecnológico que permita una reducción masiva del uso de pesticidas. También hay que prohibir la importación de alimentos tratados con ciertas sustancias, así como la producción de pesticidas y posterior exportación a terceros países. No se trata de que la producción contaminante se traslade a otros lugares».

La experta apunta que esa transformación es muy necesaria, ya que «debido al uso generalizado de pesticidas, está produciéndose una creciente resistencia de las malas hierbas a los herbicidas más usados, incluido el glifosato. Esto hace que cada vez haya que usar más glifosato, o que vuelvan a usarse herbicidas que se consideran más tóxicos, como el paraquat o la dicamba». Además, alerta de que la prohibición de un pesticida puede generar «un efecto rebote y que aumente el uso de otros pesticidas».

Por ese motivo, a juicio de Argüelles, un programa de reducción de pesticidas «tiene que venir acompañado de un refuerzo en tecnologías mecánicas, como ya ocurre en el norte de Europa. Un cambio que aumentará la necesidad de mano de obra y una mejora de las condiciones laborales del sector».

«El actual contexto es una gran oportunidad de resolver muchos problemas a la vez, como la precariedad del trabajo agrícola, la falta de relevo, los altos impactos ambientales o la baja renta agraria. Sería un error tratar la regulación de los pesticidas como un elemento aislado dentro del sistema y la política agrícola», detalla la experta.

Por todo ello, concluye que «no podemos seguir intoxicándonos, en especial aquellas personas que usan este pesticida de manera directa, como trabajadores del campo y agricultores, ni contaminando el medio ambiente y matando a los insectos polinizadores, de los que dependemos para la producción de alimento. El futuro pasa por una reducción drástica del uso de pesticidas y el glifosato es el más usado del mundo. Para mí, está claro lo que toca».