La derecha española no ha asumido el resultado electoral del 23J, ni los acuerdos suscritos entre el PSOE y los partidos soberanistas para lograr la investidura de Pedro Sánchez. Lleva semanas protestando en las calles, y este martes ha abierto dos nuevas vías para tratar de frenar la Ley de Amnistía: la judicialización y la internacionalización.

Vox, además de aleentar una huelga, se ha encargado de abrir la vía judicial, presentando una querella ante el Tribunal Supremo contra el propio Sánchez, el expresident Carles Puigdemont, el PSOE y Junts. La extrema derecha les acusa de delitos de cohecho, encubrimiento de delitos, usurpación de funciones del Poder Judicial y negociaciones prohibidas a funcionarios públicos. Y solicita, como medida cautelar, la suspensión del debate de investidura, previsto para este miércoles y jueves.

En declaraciones a los medios de comunicación ante el Alto Tribunal, el líder de Vox, Santiago Abascal, ha vuelto a hablar de un supuesto «golpe» y ha mostrado su confianza en los magistrados del Supremo, de mayoría conservadora. Además, ha lanzado un recado al PP, instándole a paralizar en el Senado la tramitación de la Ley de Amnistía. Algo que, como él mismo ha reconocido, desencadenaría un «conflicto institucional».

El Senado aprueba la reforma para dilatar la aprobación

Lo cierto es que el PP ha aprobado hoy mismo en el Senado la reforma del reglamento para dilatar la aprobación de la Ley de Amnistía. Lo ha hecho con el apoyo de Vox y UPN. Ahora el Senado podrá decidir si una proposición de ley procedente del Congreso se tramita por el procedimiento de urgencia, con un plazo de 20 días, o de forma ordinaria, lo que demora su aprobación hasta un máximo de dos meses, e incluso más tiempo si por medio hay ‘vacaciones parlamentarias’, como ocurre en enero.  La norma ha sido rechazada por el PSOE y otras formaciones, que tienen intención de acudir al Tribunal Constitucional.

Además, la apuesta del PP pasa por «internacionalizar la respuesta a lo que está pasando», y con ese objetivo en mente Alberto Núñez Feijóo se ha reunido este martes con una treintena de corresponsales extranjeros, a quienes ha advertido del impacto que el «deterioro de la democracia en España» derivado de la Ley de Amnistía puede causar en la «democracia europea». Fuentes de Génova citadas por Europa Press han incidido en que actuarán por «tierra, mar y aire» contra la Ley de Amnistía, que llegará al Parlamento Europeo de mano del PPE.

Ofensiva de la magistratura

También podría llegar al Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE), ya que un abogado de València ha presentado un recurso en ese órgano pidiendo la anulación cautelar de una proposición de ley que todavía no ha sido aprobada por el Congreso. Para el letrado «supone un claro quebrantamiento del Estado de Derecho y de la separación de poderes, con una clara injerencia sobre el Poder Judicial».

Esta idea es compartida por la Asociación Judicial Francisco de Vitoria (AJFV), que considera que la Ley de Amnistía choca con la Constitución de 1978 por vulnerar supuestamente el principio de igualdad ante la ley.

«Trata de manera desigual a aquellas personas que cometieron determinados delitos entre 2012 y 2023 con respecto a aquellas otras que, pese a haber cometido los mismos delitos en el mismo periodo, lo hicieron de manera relacionada con el independentismo catalán; estas últimas se verán beneficiadas y las primeras no», ha aseverado, sin reparar en que la propia Constitución diferencia a los ciudadanos en el Titulo II, estableciendo que el jefe del Estado español es «inviolable y no está sujeto a responsabilidad».

La asociación ha afirmado que los jueces aplicarán la ley como dispongan las Cortes y solo dejarán de hacerlo si es declarada inconstitucional o disconforme con el Derecho europeo. Respecto a la primera idea, conviene recordar la situación generada tras la aprobación de la ley del ‘solo sí es sí’ y las diferentes interpretaciones realizadas por los jueces; sobre la segunda, cabe poner el ejemplo de la acumulación de penas cumplidas en otros estados, una directiva de la UE que fue rechazada por el Estado español.  

En Andalucía y Salamanca, jueces, fiscales y secretarios judiciales han convocado concentraciones ante tribunales y sedes de partidos políticos contra la Ley de Amnistía. La asociación Juezas y Jueces para la Democracia (JJpD) se ha desmarcado de las protestas.

La Asociación de Fiscales (AF), mayoritaria en la carrera y de corte conservador, ha ido más allá y ha instado por carta a la Comisión Europea a que intervenga para evitar que salga adelante la Ley de Amnistía y, en el caso de que se apruebe, estudiar la apertura de un proceso sancionador al Estado español.