En un reciente informe presentado públicamente este miércoles, el Observatorio de Derechos Sociales, Económicos y Culturales de Araba (Descaraba) ha señalado importantes deficiencias en la gestión del padrón municipal llevada a cabo por el Ayuntamiento de Gasteiz. Este análisis, respaldado especialmente por un informe de Enarak Kooperatiba, revela que la aplicación de las normativas sobre el empadronamiento está generando déficits en los derechos sociales de numerosos residentes.

Entre las principales conclusiones del informe presentado este miércoles se destaca que la normativa estatal sobre el empadronamiento debe certificar únicamente la residencia en la ciudad, sin importar la situación habitacional o legal de la persona solicitante. Sin embargo, el informe de Descaraba observa una aplicación «excesivamente restrictiva» por parte del Ayuntamiento, lo que impide el acceso al padrón a personas que residen en la ciudad pero no pueden certificar su residencia por diversas razones.

Aunque pueda parecer un simple trámite, sin padrón se dificulta o se hace imposible el acceso a la salud (tarjeta sanitaria, ambulatorio de referencia); el acceso a la educación básica de menores (asignación de centro escolar); el acceso a formaciones oficiales y cursos de Lanbide; el acceso a prestaciones sociales básicas; ejercer el derecho a voto; o casarse o constituir una pareja de hecho.

El informe destaca que esta restricción afecta principalmente a personas de origen extranjero, migrantes, empobrecidas, en exclusión o en riesgo de exclusión social, incluyendo a menores de edad.

Además, alerta de que esta situación está generando «ilegalidades de distinto tipo» que ponen en un riesgo mayor a las personas más vulnerables. De hecho, varias asociaciones sociales ya han denunciado el negocio ilegal que se está generando alrededor del padrón, con propietarios de vivienda que cobran a sus inquilinos hasta 200 euros por empadronarles.

Recomendaciones

Por ello, el Observatorio ha hecho un llamado urgente al Ayuntamiento de Gasteiz para corregir estas deficiencias y garantizar el cumplimiento efectivo de los derechos humanos, económicos, sociales y culturales de todos los residentes. Entre las recomendaciones se incluye la «necesidad de interpretar y desarrollar la normativa estatal de manera que respete los derechos humanos», así como prestar atención a resoluciones del Ararteko y la Síndica, y aprender de buenas prácticas de otros municipios.

Además, se propone la creación de una Mesa del Padrón en el municipio, compuesta por servicios técnicos del Ayuntamiento, la Síndica y el Ararteko, así como asociaciones relacionadas con la problemática del empadronamiento y personas expertas del ámbito académico y asociativo. Esta mesa sería responsable de elaborar un informe para ser debatido por las fuerzas políticas del Consistorio, buscando consenso en la implementación de las recomendaciones.