El glifosato es el fitosanitario más utilizado hoy en agricultura. Desarrollado por la multinacional Monsanto en 1974 y ligado a la agrilcultura transgénica, su coste se abarató enormemente cuando caducó la patente en el 2000. Se trata de un herbicida que mata todo tipo de plantas, pero el problema es que es cancerígeno y neurotóxico, según corroboran varios estudios científicos.

Algunos países han limitado el uso de esta sustancia. Es el caso del Estado francés, Países Bajos y Bélgica. Otros estados, como Colombia (donde se usa para fumigar plantaciones de coca ilegales desde el avión), Brasil o Luxemburgo la prohibieron por completo para luego reautorizarla tras batallas judiciales e intervenciones lobbistas. México y Alemania se han comprometido a eliminarlo el año que viene. La Unión Europea decide qué hacer mañana y todo apunta hacia otra prórroga.

En el 2016, la Unión Europea decidió dar una moratoria de siete años a la sustancia, así como constreñir su uso a fines profesionales. El plazo finaliza este mes de diciembre.

El Gobierno español aboga por prorrogar la autorización algunos años más, una decisión sobre la que Sumar discrepa públicamente, pero que parece que será la que finalmente se imponga.

El Gobierno español aboga por prorrogar la autorización, una decisión sobre el que Sumar discrepa

«Se trata de un herbicida total que interfiere en una síntesis de los aminoácidos que realizan las plantas. Sin esos aminoácidos, la planta muere. El glifosato mata todo, pero su efecto letal dura muy poco sobre el terreno», explica Ana Zabalza, profesora de la UPNA de Fisiología Vegetal.

El producto se emplea de varias maneras. En cultivos de leñosos (olivos, vides, frutales…) se rocía entre las líneas de árboles impidiendo que nazca la hierba. En ciudad se fumiga para evitar que nazcan hierbas en las grietas entre baldosas y adoquines. Sin embargo, su uso más extendido es para realizar la «siembra directa».

Sin glifosato, había que preparar la tierra de distintas maneras antes de sembrar una parcela. Roturar el terreno para enterrar las plantas y hierbas que habían crecido tras la última cosecha, etc. para dejar al nuevo cultivo sin competencia. El glifosato simplifica enormemente la tarea, pues toda la vegetación de la parcela muere tras ser rociada con el herbicida.

El glifosato se emplea, prácticamente, en un 40% de la superficie de Nafarroa.

Una vez conseguido esto, el agricultor conoce el momento preciso en que el efecto biocida desaparece y justo entonces lanza sus semillas con maquinaria específica para la «siembra directa». Tan cómodo como efectivo.

De esta forma, inmensas extensiones de terreno son tratadas con glifosato todos los años, incluso varias veces en el caso fincas de regadío y en leñosas. Esto implica un empleo masivo. Nafarroa, el herrialde con mayor producción agrícola, destina un 39% de su superficie total al cultivo (30% a secano y 9% al regadío).

No es mucha la cantidad de glifosato que se emplea en la siembra directa, entre uno y tres litros por hectárea, según la vegetación. De ahí que sus defensores argumenten que, sin glifosato, la cantidad de químicos que se verterían al campo para conseguir el mismo efecto sería mucho mayor. Incluso voltear la tierra de esa hectárea con el arado tiene un coste climático, pues se consumen cientos de litros de gasoil.

Aunque el efecto letal del glifosato dura apenas días y que un par de litros por hectárea no parece gran cantidad, la sustancia deja residuos que permanecen en el terreno y acaban filtrándose a las aguas.

La contaminación del agua

Con datos del conjunto del Estado español, en 2014 el Ministerio encontró 84 lugares donde los niveles de glifosato estaban por encima de los parámetros recomendables para aguas superficiales.

En 2022, esos puntos con aguas contaminadas por esta sustancia habían subido a 3.198. La contaminación se había multiplicado casi por 40.

Las aguas subterráneas aguantan mejor, pero también ahí la presencia de glifosato se incrementó de forma sostenida en esos ocho años.

El nivel de contaminación hallado en el agua en los últimos ocho años se ha multiplicado por cuarenta. 

Lo más grave, sin embargo, es que han aparecido niveles de glifosato superiores a los permitidos en aguas de consumo humano. Si bien, ninguna de esas mediciones se ha producido en Euskal Herria. Las CCAA más afectadas son Andalucía (por el abuso para limpiar de hierbas los olivares y la poca lluvia) y Catalunya.

Además de contaminar el agua, restos de glifosato se encuentran también en el estiércol y aparecen incluso en el polen de plantas ajenas a los cultivos, además de que esta ausencia artificial de «malas hierbas» tiene su impacto en el ecosistema: en los insectos y el resto de la cadena trófica.

La pérdida de la patente y su abaratamiento han hecho que el glifosato haya dejado de ser algo exclusivo de Monsanto (que ha desarrollado variedades de maíz y soja transgénicas con ADN bacteriano resistentes a su herbicida) a aparecer, en distintas proporciones, en múltiples marcas de herbicidas. Y los herbicidas son, de todos los fitosanitarios, los más utilizados en agricultura (por encima de fungicidas, insecticidas y otros plaguicidas).

Zabalza comparte que ha habido un abuso del glifosato y precisa que la sobreutilización en EEUU ha sido mucho mayor que en Europa. Hasta tal punto se ha llegado que ya no solo los transgénicos de soja y maíz de Monsanto (multinacional adquirida por Bayer en 2016 por 66.000 millones, fusión mediante la que se creó el gigante mundial de las semillas y agroquímicos) son capaces de resistir al glifosato.

En la misma UPNA se investigan plantas silvestres que se han vuelto resistentes de modo análogo a lo que sucede con las bacterias y los antibióticos.

Labrar sin el herbicida

«No puedo competir en producción con un agricultor que echa glifosato», confiesa Aranzazu Aldanondo, cerealista de Erribera que optó hace 25 años por la producción ecológica. «Mis fincas, a diferencia de los de al lado, están llenas de mariquitas. Pero nadie está aquí para no ganar dinero. Sobrevivo gracias a que hay otros mercados. La producción es poca, pero nuestro producto, mejor», asegura.

Sin glifosato, ni abonos químicos, ni pesticidas, la producción en los campos de Aldanondo viene a ser de unos 1.500 kilos por hectárea cuando sus vecinos obtienen 2.000. Son números aproximados pues, lógicamente, depende del año y la zona.

«Cada vez los precios de los pesticidas son más altos, pero si no echas más, no sacas para pagarlos», dice Aldanondo

Las fincas de Aldanondo no están en la zona más productiva, pues en Erribera llueve poco, por lo que apunta que el glifosato pueda tener más efecto en otras comarcas donde, al llover más, el problema de malas hierbas es mayor.

Aldanondo cree que la industria química ha llevado a la agricultura justo hacia donde quiere. «Cada vez los precios de los pesticidas y los abonos son más altos, pero más necesarios. Si no echas más, no sacas suficiente para pagarlos». En su opinión, los agricultores, como adictos, han entrado en un círculo vicioso.

Esta cerealista advierte, sin embargo, de que prescindir de glifosato requiere cambios no solo a nivel agrícola. «Al final, hay que ponerse en la piel de una persona que entra en el supermercado con la cartera medio vacía y ver qué tipo de alimentos coge. No es fácil».  

Debatir sobre la evidencia

El vizcaíno Joserra Olarieta, profesor de la Universidad de Lleida, es firmemente contrario a la prórroga. «El glifosato es muy tóxico. Tóxico para los anfibios, las lombrices, los hongos, y para nosotros, los humanos, que también lo estamos bebiendo».

«Si queremos es seguir produciendo pienso para las macrogranjas de cerdos, será difícil cambiar», afirma Olarieta.

Olarieta sostiene que, en lo que respecta al modelo agrícola, PSOE y PP no tienen diferencias y que la presión social por un cambio es mucho menor que en Alemania o el Estado francés. «Lo que no se puede negar es el efecto para la salud, porque ahí están las evidencias científicas», sostiene.

En cuanto a la eventual pérdida de productividad, Olarieta recuerda que también otras sustancias se creyeron en su día insustituibles. Como Aldanondo, coincide en que el cambio va más allá de lo agrícola. «Si lo que queremos es seguir produciendo pienso para las macrogranjas de cerdos, será difícil cambiar. La pregunta es qué camino coger, porque los daños para la salud humana están ahí».