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El pleno del Congreso debatirá el 12 de diciembre sobre la ley de amnistía

El pleno del Congreso debatirá el próximo martes, 12 de diciembre, la toma en consideración y la tramitación por urgencia de la proposición de ley de la amnistía para los encausados en el procès, una norma que el PSOE calcula que llegará al Senado a finales de febrero o principios de marzo.

Imagen del Congreso de los Diputados.
Imagen del Congreso de los Diputados. (E. Parra | EUROPA PRESS)

La Junta de Portavoces del Congreso ha aprobado en su reunión de este martes incluir en el orden del día del pleno del 12 de diciembre la toma en consideración de la proposición de ley de amnistía. El portavoz del PSOE en el Congreso, Patxi López, ha dicho este martes en una rueda de prensa que calcula que esta ley llegará al Senado a finales de febrero o principios de marzo, tras su paso por la Cámara Baja.

La Mesa del Congreso ya calificó de forma favorable el pasado 21 de noviembre, con la mayoría del PSOE y Sumar y el voto en contra del PP, la ley de amnistía tras el informe de los letrados, dirigidos por el nuevo secretario general, Fernando Galindo, que no ve elementos de inconstitucionalidad «palmarios y evidentes».

La proposición de ley de amnistía planteada por el PSOE, tras sus acuerdos con los partidos independentistas, anula la «responsabilidad penal, administrativa y contable» de todas aquellas personas vinculadas con la preparación, ejecución y consecuencias del procés en Catalunya durante una década, entre el 1 de enero de 2012 y el 13 de noviembre de 2023.

Se aplicará no solo a los líderes de los partidos independentistas y a sus principales dirigentes, sino también a directores de colegios en los que se pusieron las urnas para el referéndum de independencia del 1 de octubre de 2017, alcaldes, manifestantes, así como los agentes policiales que actuaron durante esa consulta, considerada ilegal por la justicia española.

El PSOE justifica su necesidad en que la aplicación de la legalidad es «necesaria» pero «en ocasiones no es suficiente para resolver un conflicto político sostenido en el tiempo», y aboga por que el Derecho se adapte al contexto político.

Un largo proceso por delante

El PSOE y sus socios han pedido que la norma se tramite por el procedimiento de urgencia, lo que implica acortar los plazos a la mitad, aunque, en todo caso las prórrogas de plazo dependen de la voluntad de los grupos parlamentarios.

Se da por hecho que el PP y Vox presentarán enmiendas a la totalidad que, al tratarse de una proposición de ley, tendrán que ir acompañadas de un texto alternativo. El debate de las mismas tiene que sustanciarse en el Pleno y, dada la cercanía de las fiestas navideñas, lo más probable es que eso no se produzca hasta enero.

Una vez superadas las enmiendas de totalidad, tendrá que convocarse la ponencia (que siempre se reúne a puerta cerrada) y después la comisión (ya en sesiones públicas) para el debate de las enmiendas parciales que se registren.

Cuando el texto salga de la comisión --aún no está claro si proposición de ley la tramitará la Comisión Constitucional o la Comisión de Justicia--, tendrá que volver al Pleno para su aprobación, antes de mandarla al Senado. Dado que se trata de una ley orgánica, requerirá de una votación final de conjunto en la que deberá alcanzar la mayoría absoluta para ser aprobada.

Después quedará el trámite en el Senado, donde el PP tiene mayoría absoluta y está decidido a organizar rondas de comparecencias de expertos e ir dilatando los plazos hasta el tope de dos meses que fija la Constitución.

De ahí volverá a la Cámara Baja para su aprobación definitiva, previsiblemente ya en el mes de mayo, y para su publicación y entrada en vigor.

Comisiones de investigación

Además de la proposición de ley, el pleno debatirá el jueves la creación de las comisiones de investigación pactadas por Pedro Sánchez para su investidura: Una es la investigación sobre la ‘Operación Cataluña’ y las actuaciones de Interior durante los gobiernos del PP contra el independentismo catalán, y la otra sobre los atentados de Barcelona y Cambrils el 17 de agosto de 2017.

También examinará la creación de una tercera comisión solicitada por ERC y EH Bildu sobre el espionaje con el programa Pegasus del que supuestamente fueron víctimas en sus móviles 65 políticos, activistas, periodistas y abogados por su vinculación al independentismo catalán o vasco.