A pesar del covid y las crisis geopolítica, la economía social y solidaria de Nafarroa «ha resistido el tirón», según evidencia la Auditoría Social 2023 realizada por 41 entidades.

Así se ha dado a conocer en la presentación del citado informe ante los medios de comunicación realizada en castellano y euskara por los portavoces de la Red de Economía Alternativa y Solidaria, Javier Liras y Iune San Millán, quienes han destacado «la buena salud» de las entidades que realizan la auditoría y de la propia red, que este año ha celebrado su veinte aniversario.

Según han explicado, el informe recoge los principales resultados de la Auditoria Social 2023, en base a la información relativa al ejercicio de 2022. En esta edición han participado 41 entidades, lo que supone que esta auditoría ha sido la que ha registrado una mayor participación desde que se empezó a realizar en el año 2017.

La auditoría social es el instrumento con el que «se miden las prácticas de las entidades de la Economía Social y Solidaria en relación con los principios recogidos en la Carta de Principios de la Economía Solidaria», y que permite a las entidades realizar un diagnóstico de su situación, funcionamiento, detectar sus puntos fuertes y débiles para que puedan implementar las acciones de mejora pertinentes, han señalado los portavoces de REAS.

Los datos para la realización de la auditoría tienen su origen en un cuestionario formado por una batería de indicadores, tanto cuantitativos como cualitativos.

Sobre las dimensiones de las entidades auditadas, en el informe se señala que durante 2022 han estado implicadas en ellas 10.082 personas, de las que 6.372 son mujeres y 4.430 hombres. De ese total, 7,568 son asociadas y 2.304 voluntarias, y han dado empleo a 678 personas, de las cuales el 55,3% son mujeres y el 44,7% hombres. La edad media de las trabajadoras fue de 40,7 años, mientras que la de los trabajadores fue de 42,4 años.

Casi la mitad de las entidades (42,1%) tienen una plantilla de entre 1 y 5 trabajadores/as, el 18,4% entre 6 y 10 trabajadoras y, por último, el 39,5% de las entidades tienen plantillas de más de 10 personas.

Siguiendo con esta cuestión, en la auditoría se indica que 291 personas han tenido un cargo de responsabilidad, de las cuales el 58,8% eran mujeres. Si atendemos al tipo de responsabilidad, se observa que 152 personas han ocupado cargos societarios y/o políticos, de las cuales el 57,2% eran mujeres. En el caso de los cargos de responsabilidad en la estructura laboral, el 20,5% de las personas trabajadoras ha ocupado un puesto de responsabilidad, de las cuales el 60,4% eran mujeres. En ambos casos se observa un incremento de cinco puntos en relación al ejercicio 2021.

De hecho, los principales resultados de la auditoría señalan una mayor presencia de mujeres en todos los espacios. Respecto a la distribución del género en función de la participación en la base social de las entidades, se observa cómo se ha incrementado en cinco puntos el peso de la población femenina, pasando de ser el 54,3% en 2021 al 59,2% en 2022. Lo mismo ocurre con los cargos societarios.

Brecha salarial inexistente

Un aspecto fundamental de la auditoría es el análisis de la desigualdad salarial en función del género. Durante el ejercicio 2022 se observa que la media de los salarios es similar entre hombres y mujeres, aunque se ha incrementado ligeramente en relación con el año 2021 a favor de la población femenina. De este modo, la brecha salarial entre hombres y mujeres es del 1,03%, es decir, que prácticamente es inexistente.

Sobre la igualdad retributiva, el valor de este indicador fue de 1,2, que suponen unas décimas menos que la registrada en la anterior auditoría, de tal manera que las diferencias entre las retribuciones más altas y más bajas se redujeron.

En relación a cuestiones como el género y la perspectiva feminista, casi todas las entidades auditadas (92,7%) realizan alguna acción relacionada con el uso del lenguaje no sexista en la organización, siendo casi cuatro puntos menos que en 2021.

Además, el 43,9% de las entidades tienen implantado un plan de igualdad, con el 41,5% que lo tienen formalizado, mientras que el 9,8% manifiestan que debido a su tamaño, su implantación es más bien informal.

El 51,2% de las entidades disponen de protocolos para la prevención y abordaje del acoso sexual, pero al igual que el plan de igualdad, el 39,5% lo tienen formalizado, mientras que el 12,2% lo aplican de manera informal debido al tamaño de la entidad.

Principales resultados económicos

El informe concluye con los principales resultados económicos del ejercicio 2022. El conjunto de las entidades auditadas ingresaron 37,2 millones de euros y tuvieron un gasto de 36,2 millones. Es una diferencia importante en relación con los datos del ejercicio 2021, cuya causa más plausible es que este incremento sea debido al aumento del número de entidades que han participado en la auditoria. Por otra parte, la diferencia entre ingresos y gastos supone también un incremento en relación con los resultados registrados en la auditoria anterior.

Una de cada cinco entidades presentan un balance negativo entre los ingresos y los gastos (19,5%); son cinco puntos menos que en el ejercicio 2021. Respecto a la estructura de los ingresos, la facturación de bienes y servicios es el grueso principal (59,9%), aunque se observa una disminución de casi nueve puntos respecto al año anterior (68,6%). El segundo tipo de ingresos son las subvenciones y supusieron el 25,6% de los ingresos, nueve puntos menos que en 2021, lo que desmonta «la creencia extendida de que este sector vive de las ayudas públicas», han recalcado Liras y San Millán.

Respecto a la estructura de gastos, se indica que, durante el ejercicio 2022, el 38% del gasto ha ido destinado a pago del personal y el 39%, a la adquisición de bienes y servicios.

Sobre los beneficios, se apunta que dos de cada diez entidades (19,5%) señalan haber tenido excedentes económicos, cuyo valor total fue de 441.346,02 euros. El 5,2% de las entidades lo han destinado a empresas/personas socias, un 11% a la compensación de pérdidas y un 83,9% a reservas. De las entidades que destinan sus excedentes a reservas, el 11,1% lo emplean en causas sociales y solidarias, y el 55,6% en reservas obligatorias y voluntarias.

Además, se ha incrementado y fortalecido la cooperación entre entidades, de tal manera que el 95% han establecido algún tipo de colaboración frente al 89,7% registrado en 2021. Por otra parte, tres de cuatro entidades (78%) han colaborado en más de un ámbito, lo que supone un importante aumento, ya que en 2021 este porcentaje fue del 59,2%.

En relación a la sostenibilidad ecológica, se destaca que el 95,1% de las entidades implementaron prácticas de gestión de residuos, con una mejora importante en relación con los resultados obtenidos en 2021 (82,1%), que el 78% reducen y/o compensan la huella ecológica y el 59% cuenta con energía 100% renovable.

Herramienta fundamental

Liras y San Millán han destacado que REAS está «muy contenta porque año tras año se va consolidando» la auditoria social, una «herramienta fundamental», ya que muestra varias cuestiones. Por un lado, que «la economía que pone a las personas y a la naturaleza en el centro es viable y rentable». Además, «demuestra que es una herramienta diferenciada frente a los greenwashing o el socialwashing y que la ESS es una alternativa real que deja en evidencia las estrategias de marketing sin contenido de las grandes corporaciones».

Y, finalmente, «porque reconoce el trabajo diario de las organizaciones que lo hacen y, además, les da referencias para seguir profundizando en los principios que definen a las entidades de la economía social y solidaria».