Los primeros diez días al frente del Gobierno, el presidente, Javier Milei, decidió «celebrarlos» con una cadena nacional, acompañado por su escueto Consejo de Ministros (tan solo nueve, la mitad del anterior Ejecutivo) para anunciar un decreto-ley ómnibus en el que comienza su prometido desguace del Estado, restricción en derechos laborales y una desregulación radical de la economía.

El DNU (Decreto de Necesidad y Urgencia, como aparece en la Constitución argentina y cuyo marco legal es similar al real decreto-ley del Estado español) que impulsa la Casa Rosada incluye nada menos que una treintena de medidas que abarcan desde la derogación de la ley para regular los alquileres y del Compre Nacional (que favorece a la industria local) hasta el cargarse la normativa que impide privatizar empresas públicas, además de desregular totalmente el tráfico aéreo y los precios de la sanidad privada.

La nueva normativa prevé la privatización de Aerolíneas Argentinas, el permiso para que los clubes de fútbol puedan convertirse en sociedades anónimas, la extensión del período de prueba de los trabajadores de tres a nada menos que ocho meses y, quizás lo único progresista de todo, el impulso a los medicamentos genéricos sobre las marcas de los grandes laboratorios.

Pero en su décima noche como presidente, el líder anarco-capitalista ya ha recibido su primera dosis de caceroladas, un método de protesta muy instalado en la clase media-baja y hasta media-alta argentina que no participa en organizaciones sociales y políticas, pero que encuentra esa forma de hacer sonar su descontento.

Nacidos al calor del colapso económico de 2001, los caceroleos en balcones y esquinas son frecuentes y suelen provocar siempre cambios de rumbo. Los dirigentes suelen temerlos especialmente porque la espontaneidad y masividad que suelen cobrar. Nunca un presidente en el último cuarto de siglo había recibido este tipo de protesta tan pronto.

Pero son tiempos novedosos hasta en esto. Pocos minutos después de la cadena nacional televisada en la que Milei informó de su «decretazo», pasadas las 21.30 (17.30 de Euskal Herria) del miércoles, comenzaron las primeras protestas en una decena de barrios de Buenos Aires y en ayuntamientos de su periferia. Se escucharon gritos de «democracia» y «que se vayan todos», el lema que dominó la movilización de 2001.

Además, la embestida disparó las críticas de casi todo el arco opositor, incluyendo a los exaliados socialdemócratas de Juntos por el Cambio, que rompieron con Mauricio Macri y Patricia Bullrich tras cerrar estos el pacto con Milei.

Con soberbia, el presidente ha respondido de forma sarcástica a las críticas y a los caceroleos y ayer por la mañana, en una entrevista radiofónica, señaló que «los que salieron a protestar sufren de síndrome de Estocolmo; básicamente, están abrazados y enamorados del modelo que los empobrece, pero esa no es la mayoría de los argentinos».

«Hay gente que mira con nostalgia, amor y cariño al comunismo», ironizó, y advirtió: «Les aviso que hay más (reformas por venir)». Además, defendió su DNU diciendo que es «en favor de la gente» y que se trata de un «paquete de medidas en favor del mercado, no de las empresas», por lo que cree que es «erróneo» pensar así.

El paquetazo impulsado por la Casa Rosada reforma o deroga de forma parcial o total unas 200 leyes y no hay registro en la historia democrática argentina de un solo decreto que tenga esta densidad legislativa. Según la Constitución, los DNU son una competencia del jefe del Estado y del Gobierno para ser utilizados en casos de crisis y tienen el control del Congreso.

Pero aquí radica una de las fortalezas de Milei: tanto la Cámara de Diputados como el Senado tienen la competencia, si lo desean con mayoría simple, de cancelar el decreto sin poder hacer modificaciones, aunque no están compelidos legalmente a hacerlo.

Es decir, la normativa estará vigente hasta que el Congreso decida invalidarlo, para lo cual deberían votar, en conjunto, el peronismo y kirchnerismo, el trotskismo y los socialdemócratas que se fueron de Juntos por el Cambio.

Esa foto de voto conjunto, en un país polarizado y políticamente muy enfrentado como Argentina, sería difícil de digerir para el electorado y un acto casi suicida para varios dirigentes. Milei lo sabe y su decreto, que lleva al límite de lo ético y legal las competencias del presidente, tiene una supervivencia casi asegurada.