El portavoz del Grupo Popular en el Congreso, Miguel Tellado, ha anunciado este miércoles que la enmienda de totalidad con texto alternativo que el PP va a presentar a la ley de amnistía contempla la «disolución» de las organizaciones que promuevan referendos ilegales o declaren la independencia de «una parte del territorio nacional». Vox, por su parte, ha ido más allá y ha vuelto a proponer ilegalizar partidos que amenacen «la unidad de España».

La iniciativa del PP también busca castigos para las «autoridades, cargos o funcionarios públicos que promuevan la inobservancia de las leyes o el incumplimiento de las resoluciones judiciales», buscando «perjudicar la unidad de España». Ese texto alternativo que complementa la enmienda es una reforma del Código Penal y se debatirá en el Pleno del Congreso español dentro de una semana.

El PP, que paradójicamente este mismo miércoles ha confirmado su encuentro con Junts en verano para explorar la investidura de Alberto Núñez Feijóo, apuesta además por tipificar como delito las «declaraciones de independencia» y «lo referido a la violencia» o las «consultas ilegales», según ha avanzado Tellado. El dirigente ha rehusado aclarar si lo que se busca con la propuesta de promover «la disolución de las organizaciones o personas jurídicas que incurran en cualquiera de estos delitos» es ilegalizar a las formaciones independentistas, como sí defiende Vox, pero así lo parece.

El pasado mes de noviembre, el PP votó en contra en el Senado de una iniciativa de los de Santiago Abascal que pedía la ilegalización de partidos soberanistas.

Tellado sí ha detallado que el texto alternativo del PP prevé la modificación del Código Penal, pero no de la Ley de Partidos Políticos de 2002 que se usó para ilegalizar a Batasuna.

Junto a ello, ha indicado que la propuesta apunta a las «responsabilidades de políticos, de cargos políticos, de personas vinculadas a la Administración y de personas jurídicas» que sean partícipes de los referidos delitos que busca tipificar los el PP.

Fuentes del PP han precisado que los partidos políticos son considerados personas jurídicas y que, además de la disolución, el texto que van a llevar al Pleno del Congreso incluye la «suspensión de actividades» de quienes incurran en los citados delitos. Además, este precepto podría aplicarse a organizaciones del ámbito independentista como la Asamblea Nacional Catalana (ANC) u Òmnium Cultural.

El detalle

El texto del PP plantea concretamente «pena de disolución» para las personas jurídicas que convoquen referendos ilegales y penas de entre 5 y 10 años de prisión y de 6 a 2 años de inhabilitación para los cargos o funcionarios públicos responsables de las consultas.

En concreto, la formación pretende reformar el Código Penal para incluir un nuevo capítulo, el VII, denominado «deslealtad constitucional», que consta de cuatro artículos: los que irían del 544 al 547.

El primero de los artículos fija penas de 5 a 10 años de prisión y de 6 a 12 años de inhabilitación absoluta para cualquier autoridad o funcionario público, diputado, senador o miembro de una asamblea autonómica que, «fuera de los cauces legales de reforma constitucional», declare la independencia de una parte del territorio o su integración en otro Estado o realice actos dirigidos a que sea efectuada dicha declaración o que la propicien.

En el marco del 544, los 'populares' plantean que «si los hechos fueran realizados por imprudencia grave, se impondrán las penas de prisión de 1 a 3 años e inhabilitación especial de 1 a 3 años».

Cabe recordar que el Código Penal en 2003 ya contemplaba penas de 3 a 5 años de prisión para las autoridades que convocasen referendos o consultas populares. La enmienda del PP eleva dichas penas a una horquilla de 5 a 10 años.

Asimismo, los de Alberto Núñez Feijóo proponen que los «actos preparatorios encaminados»  a la comisión de cualquier delito de «deslealtad constitucional», y «en particular la conspiración, provocación y proposición de esto» se castiguen «con las mismas penas establecidas para ellos reducidas en uno o dos grados». Es decir, penas desde 1 año y 3 meses hasta los 5 años de cárcel.

En el caso de las consecuencias penales para las personas jurídicas que participen en delitos de «deslealtad constitucional», el PP quiere se les imponga la «pena de disolución», salvo que antes de la apertura de juicio oral colaboren al «esclarecimiento de los hechos y la restauración del orden constitucional».

Para aquellas personas jurídicas en las que se aprecie dicha colaboración, el partido plantea que se imponga «la pena de suspensión de actividades de 6 meses a 5 años o pena de multa de 6 meses a 5 años»

Aunque en la exposición de motivos alternativa a la que precede a la norma del PSOE, el PP denuncia el «vaciamiento del Código Penal» que, a su juicio, ha supuesto la derogación del delito de sedición, no aprovecha su texto para proponer su reincorporación al Código Penal y tampoco plantea volver a la anterior tipificación del delito de malversación.

Por contra, aboga por introducir ese nuevo capítulo relativo a la «deslealtad constitucional». «Dejar ese espacio vacío es renunciar a las formas de autoprotección del Estado moderno, lo que hace imprescincible dar carta de naturaleza a nuevos tipos penales que llenen los graves vacíos denunciados», argumenta.

Vox habla de «ilegalización»

Vox, por su parte, ha propuesto además en su enmienda a la totalidad a la ley de amnistía un nuevo tipo delictivo que castigue «a quienes negocien con condenados, procesados o sustraídos de la acción de la justicia por delitos contra la Constitución, orden público, traición y la independencia del Estado y la paz y defensa nacional».

El líder de Vox, Santiago Abascal, ha tachado además de «increíble» que la formación de Alberto Núñez Feijóo pida ilegalizar a los «partidos separatistas» tras «negociar con ellos», en alusión a la reunión mantenida por miembros de Junts y el PP en Barcelona el pasado mes de agosto.

La enmienda del partido ultraderechista, registrada en el Congreso con texto alternativo a la proposición de ley del PSOE, plantea para dicho tipo delictivo penas que van de seis a diez años de prisión, además de la inhabilitación especial para empleo o cargo público de seis a diez años.

Asimismo propone un endurecimiento penal en los casos de «ultraje a España» y sus símbolos y de los delitos de traición por parte de miembros del Gobierno, la recuperación del tipo penal de sedición y la pérdida de la nacionalidad para los delincuentes cuyo origen no es español.

El grupo parlamentario de Santiago Abascal también exige la prohibición de los referendos sobre «la integridad territorial de la nación» y subraya que deben aumentarse las penas relativas a las consultas «ilegales».

La enmienda insiste en la ilegalización de los partidos separatistas que «amenacen la unidad de España y el orden constitucional», según explica Vox en una nota de prensa.