El alcalde de Donostia, Eneko Goia, ha considerado que la sentencia de un Juzgado donostiarra que declara nula la convocatoria de empleo de Guardia Municipal, que exigía tener el perfil lingüístico B2 de euskara, «no garantiza» los derechos lingüísticos de los ciudadanos «a la hora de prestar de servicios» desde las administraciones públicas.

Goia ha recordado que «no es la primera sentencia en este sentido que afecta a una administración pública vasca». «En este caso nos afecta a nosotros como Ayuntamiento», ha apuntado, al tiempo que ha realizado una valoración «muy negativa» de esta resolución judicial.

A su juicio, «es un ataque de la línea de flotación del proceso de normalización del euskera que las administraciones públicas vascas hemos llegado a cabo durante estos últimos años y afecta a lo que es esa apuesta que nosotros hacemos y mantenemos por la revitalización» de la lengua.

Para Goia, «los derechos lingüísticos de nuestros ciudadanos a la hora de prestar de servicios deben estar garantizados y con esta sentencia no lo están».

En esa línea, ha afirmado que van a trabajar desde el Ayuntamiento «en favor de la normalización del euskera y en favor de su revitalización con fuerza, con ganas y con convencimiento». El Consistorio donostiarra analizará con la Secretaría General del Ayuntamiento si se presenta recurso a esta sentencia o no.

El TSJPV se escuda en la Ley de Normalización

Por su parte, el presidente del Tribunal Superior de Justicia de la CAV (TSJPV), Iñaki Subijana, cree que no hay falta de sensibilidad de los jueces de Araba, Bizkaia y Gipuzkoa con el euskara y ha asegurado que «aplican la Ley de Normalización de esta lengua», aunque ha afirmado que «en toda democracia se pueden discutir los criterios que mantiene la Judicatura, en este caso en cuanto al acceso a la función pública».

En una entrevista concedida a Radio Euskadi, Subijana ha señalado que la Ley de Normalización del uso del euskara y el decreto de desarrollo «se aplica sistemáticamente por los jueces y tribunales desde hace 42 años».

No obstante, ha admitido que ahora se dan «dos situaciones de análisis»: una, la que tiene que ver con el acceso a la función pública, y otra del ámbito de la Ley de Régimen Local, «donde hubo un precepto que fue objeto de un cuestionamiento de constitucionalidad y que dio lugar a una sentencia mayoritaria que no era unánime del Tribunal Constitucional, considerando que esa previsión, tal como estaba, no era compatible con la Constitución».

El magistrado ha defendido que la mayoría de sentencias que se están dictando son sobre el acceso a la función pública a partir de criterios de aplicación de la Ley de Normalización y el decreto de desarrollo. «Esos criterios se están aplicando desde hace años y ahora mismo creo que están generando un elemento de descontextualización, en el sentido que trasladan la imagen de que los jueces y tribunales en Euskadi no están aplicando la normativa vigente», ha indicado, para negar que «sea así».

La mayoría sindical, «firme ante el ataque»

La mayoría de la Junta de Personal del Ayuntamiento de Donostia (ELA y LAB) ha mostrado su precupación por esta nueva sentencia, denunciando «la embestida judicial, con el claro objetivo de obstaculizar la normalización del euskara».

En este sentido, se adhiere al análisis de Kontseilua «cuando afirma que existe una ola reaccionaria, regresiva y euskarófoba que dificulta el proceso de normalización del euskara y provoca retrocesos en el camino recorrido y, aunque las apariciones mediáticas y políticas de este periodo de expansión nos son conocidas desde hace tiempo, en los últimos tiempos se han ido desmoronando, especialmente en el ámbito judicial».

Ante «la premisa falsa» de contraponer derechos laborales y lingüísticos que se emplea en estas sentencias, la mayoría de la Junta de Personal considera que «ambos derechos son complemetarios y no contrapuestos» y destaca que en la CAV tres de cada cuatro habitantes creen que hay que saber euskara para trabajar en la Administración.

Por ello, han convocado una concentración el miércoles a las 11.30 en Alderdi Eder a favor de una Administración euskaldun y se suman a la llamada por Kontseilua y Bagera el 12 de enero, también en Alderdi Eder.

Euskalgintza llama a movilizarse

Euskalgintzaren Kontseilua presentó el ‘Protocolo para la Protección de los Derechos Lingüísticos’, y con motivo de esta última sentencia, lo activa en Donostia junto a Bagera Elkartea. En consecuencia, para mostrar su desacuerdo con la sentencia, ha convocado una concentración para el viernes, día 12, a las 18.30 horas en Alderdi Eder, frente al Ayuntamiento donostiarra.

Kontseilua ha denunciado que mediante estas sentencias «el poder judicial está modificando las reglas de juego de la política lingüística, poniendo en jaque la propia oficialidad del euskera y, por tanto, obstaculizando el proceso de normalización y perjudicando los derechos de los ciudadanos».

Por su parte, Bagera Elkartea de Donostia considera que esta sentencia trata a los vascos como ciudadanos de segunda: «Desde el poder judicial siguen haciendo política lingüística, reduciendo los efectos de la oficialidad del euskera y en contra de los derechos de los ciudadanos. De hecho, todas estas sentencias están negando que sea posible recorrer el camino hacia la normalización del euskera».