El Pleno del Congreso, reunido excepcionalmente en el Senado, ha debatido y votado este miércoles la convalidación de tres decretos del Gobierno español con medidas para amortiguar la crisis. Junts ha amenazado durante toda la jornada con votar no y rechazarlo, creando una situación de compleja solución, pero finalmente ha llegado a un acuerdo con el PSOE y ha optado por no participar en las votaciones, facilitando así su aprobación. Todo ello con enormes dosis de tensión, porque la votación más importante ha acabado en empate y ha debido repetirse.

El principal decreto anticrisis, que recoge las ayudas al transporte y la rebaja de IVA de los alimentos, la luz y el gas, ha sido aprobado con 172 votos a favor y 171 en contra en segunda vuelta. En la primera votación ha habido un empate por un error en el bloque del Gobierno. Según fuentes parlamentarias, el diputado de En Comú Gerardo Pisarello tuvo problemas para confirmar su voto telemático y no quedó registrado.

También ha salido adelante el decreto ‘Ómnibus’, relativo a las medidas sobre Justicia y Función Pública, que el propio partido de Carles Puigdemont rechazaba al considerar que dificultaba la aplicación de la futura Ley de Amnistía.

Junts ha pactado con el PSOE la delegación de las competencias sobre inmigración a la Generalitat, suprimir el artículo de la Ley de Enjuiciamiento Criminal que a su juicio haría peligrar la amnistía y publicar las balanzas fiscales a cambio de no votar los tres primeros decretos ley del Gobierno.

Pero el Gobierno ha sufrido un fuerte varapalo por el desmarque de otro socio: Podemos ha votado en contra del decreto sobre desempleo impulsado por la ministra de Trabajo y líder de Sumar, Yolanda Díaz, que lo ha tildado de «grave irresponsabilidad».

Con ese rechazo también decae la prevalencia de convenios autonómicos sobre convenios estatales y sectoriales que el Gobierno pactó con el PNV en su acuerdo de investidura y que había introducido en el mismo decreto. No obstante, la diputada jeltzale Idoia Sagastizabal ha asegurado que esta medida formará parte de la legislación «a la mayor brevedad posible».

Sagastizabal ha recordado que la primacía de los convenios colectivos vascos no es «baladí» porque regulan «cuestiones fundamentales para el desarrollo económico de un país, tales como los salarios, jornada laboral, horas extras, vacaciones, y más en el caso de Euskadi, donde sus sindicatos más representativos no tienen representación en el Estado».

Por otro lado, el pleno del Congreso ha rechazado con los votos del bloque de la investidura las enmiendas a la totalidad presentadas a la ley de amnistía por el PP y Vox, que no han conseguido apoyos para sus propuestas de endurecer el Código Penal frente a lo que consideran la «deslealtad constitucional del independentismo».

«Si hoy fallamos...»

El debate ha concluido por la mañana. El ministro español de Justicia, Félix Bolaños, ha sido el encargado de defender los decretos y ha pedido a las formaciones apoyar las medidas anticrisis lanzando una advertencia: «Los ciudadanos esperan mucho de nosotros. Si hoy fallamos mañana sube la factura de la luz, las pensiones bajan, el transporte deja de ser gratis y se gastará más en el supermercado».

El discurso de Bolaños ha ido en ese sentido, subrayando que «están en juego 10.000 millones de euros» y que «no puede haber ninguna consideración política o ideológica que justifique no dar apoyo a los ciudadanos, familias y empresas». Los tres decretos, ha subrayado, son «imprescindibles para seguir reforzando el estado del bienestar, impedir la escalada de precios, mejorar las prestaciones por desempleo, continuar el incremento de las pensiones, asegurar las bonificaciones al transporte público o prohibir desahucios a las personas más vulnerables».

En su turno, el diputado del PSOE José Luis Acebes ha destacado que «estamos hablando de modernizar, de ser más eficaces, de dar un buen servicio a la ciudadanía».

«Salvar 10.000 millones»

Quienes votarán a favor de los decretos también se han mostrado críticos, pero formaciones como el PNV, a través el diputado Mikel Legarda, ha puesto el foco en «salvar esos 10.000 millones». Nestor Rego (BNG) ha criticado que los decretos reúnen «asuntos dispares» que dificultan evaluarla. La diputada de ERC, Pilar Valluguera, que votará a favor, ha centrado su crítica en «la actitud» del Ejecutivo de Sánchez: «Los grupos no estamos a su servicio». Tanto el BNG como ERC ha criticado «gobernar a través de decreto», pero todos ellos votarán a favor.

El diputado Oskar Matute, que ha anunciado que EH Bildu vota a favor del decreto del subsidio por desempleo, ha señalado que la vida de la gente «puede ser un poco mejor», pero que «se queda corto». «Son medidas parciales, y algunas manifiestamente mejorables, pero lo podemos resolver porque tenemos las mayorías suficientes», ha defendido, además de destacar «medidas positivas» que contiene el decreto.

En la misma línea, Mertxe Aizpurua ha destacado «medidas para paliar el golpe que mucha gente sigue sufriendo» y que, para llegar a ese punto, la fuerza soberanista ha utilizado «nuestra capacidad para negociar e incluir medidas de protección para la sociedad», siempre poniendo el foco en «medidas más profundas», advirtiendo al Gobierno de que «no tiene mayoría y debe negociar».

Por parte de Sumar, Engracia Rivera, que ha defendido la «variedad» para «salvar 10.000 millones de euros», se ha dirigido directamente a Junts: «Les quiero pedir que hoy voten a favor. Y a la tramitación como proyecto de ley les apoyaremos en aquello que consideren que puede ser mejorable».

La diputada de Podemos Martina Velarde ha anunciado que votarán a favor del decreto de la justicia.

Junts veía «trampas»

Miriam Nogueras (Junts), que sí ha intervenido en el debate del tercer decreto, ha acusado al PSOE de no cumplir lo pactado y de poner la presión mediática sobre su formación: «Hagan un decreto de medidas sociales sin trampas y tendrán el apoyo de Junts», ha advertido.

El diputado del PP Pere Lluís Huguet Tous ha avisado al Gobierno de que su formación no apoyará el real decreto ley relacionado con la justicia que se vota este miércoles en el pleno del Congreso. «Estamos ante un real decreto ley que más que un real decreto ley es un código completo que usurpa las capacidades legislativas a este Parlamento».

Emilio Jesús del Valle (Vox), sin embargo, ha dirigido sus críticas a los decretos hablando de «esa ideología feminista radical» por utilizar un lenguaje inclusivo y, haciendo gala de sus obsesiones, señalar que el decreto se ha realizado «para contentar a nacionalistas e independentistas».