Nada más asumir el poder el 23 de noviembre, Daniel Noboa prometió «devolverle la sonrisa y la paz» al país que se ha convertido en el más violento de Latinoamérica, con una tasa de 46,5 homicidios por cada 100.000 habitantes. El pasado año, se registraron 7.878 muertes violentas y solo en el primer día del 2024 se contabilizaron 50 asesinatos. Las Naciones Unidas ya califica a Ecuador como «uno de los ejemplos más preocupantes» al registrar «una escalada sin precedentes» de crímenes, debido a las luchas entre clanes de narcotráfico rivales.

Noboa, quien solo permanecerá en el poder año y medio, se ha visto rebasado en el escaso mes y medio que lleva en el Gobierno por una violencia desatada. Él mismo tuvo que votar con chaleco antibalas en los comicios convocados por el expresidente conservador Guillermo Lasso, quien recurrió al adelanto electoral para evitar un juicio político por cargos de malversación de fondos. La campaña estuvo teñida de sangre por la muerte en agosto del candidato anticorrupción Fernando Villavicencio.

«Mañana empezamos a trabajar por un nuevo Ecuador y para reconstruir a un país golpeado por la violencia, la corrupción y el odio», aseguró Noboa nada más ser investido presidente. Sin embargo, se ha topado con la realidad de un país incontrolable, donde el crimen campa a sus anchas.

Hombres armados tomaron el canal de televisión TC en Guayaquil, mientras emitía en directo. Se identificaron como miembros de Los Lobos, uno de los grupos del narcotráfico.  Grupos armados también tomaron la Universidad de Guayaquil

La gota que ha colmado el vaso ha sido la fuga el pasado domingo de José Adolfo Macías Villamar, alias ‘Fito’, el líder de Los Choneros, la principal banda criminal de narcotraficantes de Ecuador, aliada al Cártel de Sinaloa de México.

‘Fito’ se encontraba cumpliendo desde 2011 una pena de 34 años por narcotráfico, crimen organizado y homicidio en la denominada cárcel Regional e iba a ser trasladado a la prisión de la Roca, de máxima seguridad, en Guayaquil, a unos 270 kilómetros de Quito.

Sin embargo, logró escapar burlando los controles de seguridad, mientras que, al mismo tiempo, en seis cárceles, hubo una serie de motines con retención de los guardias penitenciarios y la quema de colchones al conocerse que se iban a trasladar a los presos cabecillas.

La reacción de Noboa fue decretar el pasado lunes un estado de excepción durante 60 días, similar al que existe en El Salvador desde marzo de 2022, pero aún más restrictivo.

Militarización de las calles

Bajo la justificación de una «grave conmoción interna», contempla un toque de queda desde las 23.00 hasta las 05.00, así como la movilización de policías y militares en todo el país, que podrán hacer requisas e inspecciones en las casas. Además de suspender derechos ciudadanos, el mandatario ha dado instrucciones a los mandos militares y policiales para que intervengan en el control de las cárceles, desde donde los presos ordenan muertes y gestionan sus negocios de droga en el exterior. Al más puro estilo Bukele, el presidente también recurrió a sus redes sociales para publicar un vídeo en el que publicó que «no vamos a negociar con terroristas, ni descansaremos hasta devolverle la paz a los ecuatorianos».

Sin embargo, Ecuador está aún muy lejos de El Salvador, que en su día fue el país más violento de Latinoamérica y que concluyó 2023 con una tasa de 2,3 homicidios por cada 100.000 habitantes. Esta reducción de la criminalidad es lo que permitirá al mandatario salvadoreño reelegirse en los comicios del 4 de febrero, gracias a su «guerra contra las pandillas».

Sin embargo, la fórmula Bukele no ha terminado de funcionar en Ecuador, un país que triplica en población a El Salvador. El expresidente Guillermo Lasso ya recurrió en varias ocasiones a decretar un estado de excepción para intervenir las cárceles con las fuerzas armadas, si bien no frenó la violencia.

El propio Noboa ha reconocido que, en los últimos años, se ha perdido el control de los centros de privación de libertad, donde desde 2021 se han contabilizado más de 400 muertes por los enfrentamientos entre bandas rivales.

Por ello, el presidente pide el apoyo de la ciudadanía porque «esta lucha es de todos», si bien admite que las leyes que hay en Ecuador «no son suficientes para vivir en paz» en un momento en el que los grupos armados tienen en jaque a un Gobierno con escaso margen de maniobra antes de las elecciones generales de 2025.

Su principal baza para ganar los comicios del pasado año fue su promesa de poner en práctica una nueva política para erradicar la violencia. De momento, recurre a fórmulas ya aplicadas en el país que fueron infructuosas en anteriores gobiernos para combatir los grupos criminales dedicados al narcotráfico, robo, sicariato y extorsión y cuyo máximo líder campa hoy libre tras fugarse por segunda vez de una cárcel, tal como hizo en 2013 cuando tardaron tres meses en volver a capturarlo.