La primera votación potente del tercer mandato de Pedro Sánchez fue terriblemente tensa, incierta y complicada. El Gobierno llevaba tres decretos ley sin atar del todo, pues le faltaba la confirmación de Junts (7) y los diputados de Podemos (5) que abandonaron el bloque de Sumar para marcharse al Grupo Mixto. El Gobierno consiguió salvar, in extremis, dos de tres.

Las tres iniciativas se caracterizaban por contener potentes paquetes de ayudas sociales (la prolongación de las medidas «anticrisis» a 2024, el decreto Ómnibus para captar fondos europeos y un tercero con mejoras a los desempleados y que impulsaba la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz).

La primera duda en despejarse fue que el decreto propuesto por Díaz no saldría adelante. Podemos adelantó su voto en contra, alegando que el paquete de medidas incluía un «recorte» en la pensión de los mayores de 52 años, que Ione Belarra aseguró que les resultaba «inasumible».  

Salvando la hipotética merma en las pensiones futuras ­–que Díaz niega– el fracaso del decreto impediría una mejora generalizada del subsidio por desempleo. Según datos de Trabajo, elevaba casi 100 euros de media la prestación (de 480 a 570 euros). El colectivo que se beneficiaría de ello asciende a 736.074 personas.

La medida para que los convenios autonómicos prevalezcan sobre los estatales se incluyó en el decreto invalidado. El PNV dice que se recuperará a la mayor brevedad posible

El fracaso de Díaz tiene otra derivada con trascendencia para los trabajadores de Euskal Herria. El PNV había negociado dentro de este paquete recuperar la prevalencia de los convenios autonómicos sobre los estatales (aquel fue el gran motivo por el que, en 2022, EH Bildu se desmarcó de la Reforma Laboral). El incumplimiento en el que incurre Sánchez con los jeltzales se vendió como una de las claves para acceder a la investidura.

Las tres votaciones venían forzadas, usando como rehenes a los más desfavorecidos. El ministro Félix Bolaños, que defendió la prórroga de las medidas anticrisis (reducción del IVA de la luz y los alimentos básicos, bonificaciones al transporte, suspensión de desahucios y hasta la revalorización de las pensiones), lo vendía como un todo o nada. Quien no le apoyase, sería el responsable, por tanto, de que subiera la luz, el gas, los alimentos...

Bolaños la formuló, tal cual, sin empacho. «Los ciudadanos esperan mucho de nosotros. Si hoy fallamos mañana sube la factura de la luz, las pensiones bajan, el transporte deja de ser gratis y se gastará más en el supermercado», aseguró.

El ministro no las tenía, sin embargo, todas consigo. Las negociaciones con Junts se alargaban sin llegar a un acuerdo. De hecho, de la intervención de su portavoz, Míriam Nogueras, pareció desprenderse que no iban a permitir que el decreto superara el trámite.

Junts decidió no votar en contra, pero ni votó a favor ni se abstuvo. Simplemente, no votó, rebajando así la mayoría absoluta

Hubo sorpresa final. Junts decidió no votar en contra, pero ni votó a favor ni se abstuvo. Simplemente, no votó. Y eso bastó para que el decreto anticrisis (que extiende buena parte, aunque no todas, de las medidas que han estado en vigor en 2023) saliera aprobado.

La jugada de Junts tiene su lógica. Al no votar, el resultado final cae de 350 diputados a 343, rebajando la mayoría absoluta en la Cámara (mitad más uno) de 176 a 172. La suma de votos de PSOE, Sumar, ERC, Junts, EH Bildu, PNV y BNG es justo esa: 172.

La agónica tarde –que el cronista para NAIZ en el Congreso, Daniel Galvalizi, analizó ayer como el avance de «una era de inestabilidad»– traería otra sorpresa más. El decreto anticrisis acabó cosechando un empate a 171.

La igualada a 171 forzó a una segunda votación, que se resolvió favorablemente para los intereses del Gobierno. El empate inicial se debió (además de a la jugada de Junts) a un despiste del diputado de Sumar, Gerardo Pisarello.

Resaca tras la votación

Junts tenía particular fijación contra el decreto Ómnibus (llamado de esta manera porque incluía medidas de muy distinta índole). Los catalanistas aseguraban que el texto genera inseguridades jurídicas a la amnistía (esa parte se quitará).

Si no aprobar el decreto anticrisis provocaba una subida de energía y alimentos, hacer fracasar al Ómnibus suponía, según el Gobierno, poner en riesgo la llegada de 10.000 millones de euros de fondos europeos. Aunque, nuevamente, los 172 votos bastaron.

No aprobar el Ómnibus ponía en riesgo la llegada de 10.000 millones de euros de fondos europeos

Por otro lado, la estresante jornada parlamentaria (que tuvo lugar en el Senado debido a obras puntuales) apuntó, desde primeras horas de la tarde, posibles soluciones.

Los duros discursos de Junts hicieron creer durante el debate que el fracaso del PSOE y Sumar con sus decretos iba a ser total. Varios medios daban por hecho que se convocaría un Consejo de Ministros excepcional para ejecutar otra intentona. A última hora, no se veía esto tan claro.

Después de que el Sánchez se apuntara dos victorias en los paquetes más urgentes, ya no corren riesgos los fondos europeos y tampoco se disparará hoy la comida y la luz.

Lo que queda en el aire, por tanto, es la reacción de Díaz y el PNV a lo sucedido ayer. No parece razonable que, tras la inflación de 2023, la subida del desempleo que describía el decreto no se ejecute. Ni, tampoco, que los convenios peores se impongan sobre aquellos que reconocen más derechos a los trabajadores.