La ministra española de Vivienda y Agenda Urbana, Isabel Rodríguez, y la consellera de Territori del Govern de Catalunya, Ester Capella, han acordado que a partir del mes de febrero entre en vigor la ley que limita los precios de los alquileres en los 140 municipios de Catalunya calificados como áreas tensionadas, entre los que se encuentran las cuatro capitales de provincia y la mayor parte del área metropolitana de Barcelona.

Capella lo anunció este jueves tras la reunión mantenida con la ministra. De esta forma, Catalunya se convierte en la primera comunidad del Estado español que regula el precio de los alquileres a partir de la Ley de Vivienda, que fue aprobada con el apoyo de EH Bildu y la negativa «rotunda» del PNV en abril de 2023. aprobada el año pasado, y que tenía como uno de sus principales objetivos la regulación de todos los alquileres en áreas tensionadas.

La consellera defendió que este acuerdo es «una muy buena noticia para los ciudadanos de Catalunya». El de la vivienda «debe ser un derecho fundamental efectivo, porque abre la puerta a otros derechos, sin dónde vivir no puedes ejercer otros derechos», añadió. Capella explicó que aunque la declaración de zonas tensionadas es competencia de la Generalitat, «debe estar de acuerdo con los requisitos previstos por la ley estatal, y hasta ahora estábamos pendientes de resolver cuestiones técnicas».

El pasado verano el Govern declaró 140 municipios como áreas tensionadas donde limitar el precio del alquiler, de acuerdo con la Ley de la Vivienda, aunque inicialmente había anunciado que serían 163. Sin embargo, de los previstos, no todos se adaptaban a las condiciones previstas por la ley estatal.

Por su parte, el Ministerio de Vivienda prevé que a lo largo del mes de febrero se publique el índice de precios de referencia para regular los alquileres. Hoy en día, la actualización anual de la renta de los contratos de alquiler de vivienda no pueden superar el 3% si no existe acuerdo entre las partes. En caso de que sea un gran tenedor, esta actualización queda limitada al 3% exista o no acuerdo entre las parte.

Semanas «cruciales»

El Sindicat de Llogaters considera que «esta noticia llega con retraso», dado que ha pasado «más de medio año» desde la aprobación de la ley. «Por cada día que pasa sin la regulación en vigor, los hogares de inquilinos sufren subidas desproporcionadas de los alquileres, provocando desalojos y desahucios, y perpetuando la asfixia económica al destinar un alto porcentaje de los ingresos al pago del alquiler», remarcan en una nota.

Ha acusado al Gobierno español de «bloquear» la declaración de áreas tensionadas, lo que «ha provocado miles de subidas de alquiler desorbitadas durante estos meses». El Sindicat asume que «en los próximos días, las inmobiliarias y los arrendadores presionarán a los hogares de inquilinos para que firmen nuevos contratos con subidas abusivas». Por ello, han invitado a quienes finalicen contrato o reciban propuestas de subidas de alquiler, a que no firmen y se informen de sus derechos, acudiendo al sindicato.

Idealista, en contra

El portavoz de Idealista, Francisco Iñareta, ha lamentado el acuerdo y ha asegurado que «no existe ningún lugar en el que el control de precios haya resultado beneficioso para los ciudadanos». «En todas las ciudades en las que se ha implantado, las consecuencias han sido las mismas: escasez de viviendas, enormes dificultades para el acceso, criterios muy selectivos por parte de los propietarios y el nacimiento del mercado negro», ha añadido.

EH Bildu Donostia: «¿A qué esperamos?»

Conocida la noticia, el portavoz de EH Bildu en el Ayuntamiento de Donostia, Juan Karlos Izagirre, anunció que su formación volverá a interpelar el próximo lunes al Gobierno municipal para que inicie la tramitación del tope a los alquileres en áreas tensionadas. «Tenemos la ley, conocemos el procedimiento y el resultado, se está haciendo en otros lugares», subrayó. «¿A qué esperamos?».