El pasado 30 de noviembre, se hizo pública la sentencia por la que la Audiencia de Bizkaia condenaba a seis meses de prisión a un ertzaina por propinar varios puñetazos a Silvia, una mujer migrada y racializada mientras estaba detenida ilegalmente en los calabozos de la comisaría de Getxo.

La sentencia condenaba al agente por un delito contra la integridad moral de la víctima, gracias a la admisión en el juicio del protocolo de Estambul y a los detallados informes médico-forenses que acreditaban las lesiones físicas y psicológicas.

Según ha dado a conocer ahora SOS Racismo Bizkaia, el pasado mes diciembre, se le hizo saber a la abogada del caso, Agatha Líbano, que habían desaparecido de los archivos de la Audiencia de Bizkaia las grabaciones de las declaraciones de la psiquiatra y el médico forense, ambas determinantes para condenar al agente por un delito contra la integridad moral.

Como consecuencia de dicha «inexplicable desaparición», el Gobierno de Lakua ha transmitido que pide la nulidad de la sentencia y la repetición del juicio desde el principio, «con todo el padecimiento que ello supone para la víctima».

«Primero ‘desaparecen’ del juzgado las grabaciones que determinan la acusación por maltrato del agente, y luego se pide la anulación, con objeto de que sea imposible cumplir la sentencia. En este caso no podemos dejar de preguntarnos: ¿Es normal la desaparición de las grabaciones? ¿Quién defiende a la víctima de semejantes ‘fallos del sistema’? Pareciera que todo es fruto de una estrategia delictiva por parte de alguna ‘estructura latente’ ¿Alguien se puede creer que este despropósito es fruto de la casualidad? ¿De quién es la responsabilidad de semejante estrago?», han señalado desde SOS Racismo.

El pasado 14 de diciembre, en la sesión de control del Parlamento de Gasteiz, el Consejero de Seguridad, Josu Erkoreka, declaró que la posición de su Departamento frente al caso de Silvia hoy hubiera sido «muy distinta» y que se habían aplicado «medidas correctoras».

«Lo que nos ha quedado claro es que el Gobierno Vasco, a través de sus servicios jurídicos, en lugar de defender a la mujer maltratada en comisaría, sigue encubriendo al policía condenado por un delito por agresión y que el consejero de Seguridad mentía», han denunciado.

Por ello, han exigido una investigación de la desaparición de las grabaciones «hasta las últimas consecuencias» y «que no se haga pasar a la víctima por otro largo calvario judicial».