El juez de la Audiencia Nacional española Manuel García Castellón ha rechazado de plano un recurso de la Fiscalía y se ha reafirmado en su tesis de que el Tribunal Supremo debe investigar al president en el exilio Carles Puigdemont por delitos de «terrorismo» en la causa abierta en torno a la plataforma Tsunami Democràtic.

La Fiscalía, que discrepa abiertamente de que los disturbios de 2019 atribuidos a este movimiento en respuesta a la sentencia del procés puedan ser calificados de «terrorismo», recurrió hace meses tanto la decisión del juez de dirigirse contra Carles Puigdemont y la dirigente de ERC Marta Rovira, como la resolución en la que pedía al Supremo investigar al presidente en el exilio al estar aforado como eurodiputado.

El juez ha dictado un auto en el que sostiene que las últimas diligencias que ha llevado a cabo en la investigación han afianzado su tesis inicial de que los hechos podrían constituir delitos de «terrorismo». Se refiere, concretamente, a la documentación que ha ido solicitando para esclarecer la muerte por un paro cardíaco de un turista francés el 14 de octubre de 2019 en el aeropuerto de El Prat.

El juez, que trata de indagar si este fallecimiento tuvo relación con las protestas, menciona en su auto documentación aportada por los Mossos sobre lo que ocurrió aquel día o la personación en la causa de varios policías que fueron lesionados días después en otros incidentes.

García Castellón cuestiona que tenga que «insistir» ante la Fiscalía «sobre la contundencia, cantidad y nitidez de los indicios que permiten sostener la calificación inicial por delito de «terrorismo»» y rechaza que no haya fundamento para pedir al Supremo investigar a Puigdemont.