El desmantelamiento de la Salud Mental pública en Nafarroa es lo que ha denunciado el sindicato LAB, por lo que no descarta movilizaciones.

En su nota, la central señala que ese proceso se está realizando «con la excusa de la desinstitucionalización de los y las pacientes, pero aumentando el presupuesto y la derivación a centros privados».

Como consecuencia, «la actividad en centros indispensables como San Francisco Javier ha disminuido hasta poner en riesgo la atención a los y las pacientes y los puestos de trabajo de la plantilla».

En este sentido, alerta de que «al iniciar el año 2024, las personas que trabajan en el sector de la Salud Mental, y más concretamente las del centro San Francisco Javier, se encuentran inmersas en un escenario de incertidumbre sobre el destino de sus empleos y el rumbo de su vida profesional».

Añade que «la falta de ingresos de pacientes ha transformado esta área esencial de cuidado en un terreno volátil donde la estabilidad laboral parece tambalearse, llevando consigo la angustia de un futuro incierto».

Y mientras, «estos ingresos han sido derivados a empresas privadas, a pesar de que este centro ha ofrecido cuidados públicos y de calidad, con trabajadores cualificados y con experiencia».

LAB recuerda que «el cuidado a pacientes con enfermedades mentales no puede compararse con la subasta de bienes o servicios por empresas privadas. Al cesar una actividad tan vital como el cuidado a pacientes crónicos de Salud Mental, no solo se está poniendo en riesgo la estabilidad laboral de la plantilla, sino que se está desmantelando un servicio público de cuidados que es fundamental para el bienestar de la sociedad».

Incumplimiento del Plan de Acción

Considera «decepcionante observar que el Plan de Acción sobre Salud Mental 2019-2023, que apostaba por un modelo comunitario y continuado, no ha cumplido las expectativas. Muchas de las acciones recogidas en este plan no se han cumplido, lo que destaca la necesidad urgente de una revisión y una nueva estrategia que garantice el cumplimiento de los compromisos asumidos».

Apunta que en el caso de Nafarroa, «la falta de compromiso por parte del Gobierno agrava la situación. La ausencia de políticas sólidas y sostenibles para abordar las crisis en la salud mental refleja una desconexión alarmante con las necesidades reales de la población».

Por ese motivo, afirma que «es hora de que el Gobierno de Navarra asuma su responsabilidad, destinando recursos adecuados y desarrollando estrategias concretas para garantizar una atención a la salud mental que esté a la altura de las demandas actuales».

Recuerda que este «cese de actividad no solo afecta a los trabajadores y trabajadoras, sino que también tiene consecuencias directas en la calidad de atención que se brinda a quienes dependen de estos servicios. La incertidumbre constante crea un ambiente tenso y ansioso, que repercute no solo en el personal, sino también en los y las pacientes que buscan apoyo y comprensión en momentos críticos de sus vidas».

Teniendo en cuenta este contexto, califica de «esencial unir fuerzas y alzar la voz contra la desvalorización de la salud mental como servicio público».

Peticiones al Gobierno

Y por ello, desde LAB exigen el «reconocimiento del valor del cuidado mental», ya que la salud mental «no debe ser considerada como una actividad prescindible», además de «estabilidad laboral», de tal manera que se garanticen unas «condiciones laborales seguras y estables».

El sindicato también pide un «compromiso gubernamental» y añade que «el Gobierno debe acometer una acción inmediata para revertir el cese de actividades en el cuidado de pacientes con enfermedades mentales y reafirmar el compromiso como parte integral del sistema de salud pública».

Asimismo, exige la «preservación del propósito original del Centro San Francisco Javier» y «detener la desviación de este centro de su propósito original, asegurando que las unidades que alguna vez cerraron sean utilizadas para el bienestar público en lugar de dar cabida a intereses privados y parar el cierre de unidades devolviéndoles su actividad».

LAB anuncia que «no descarta ninguna acción en defensa de los servicios públicos de salud en general y de la salud mental en particular». En este sentido, señala que «estamos en contacto permanente con la plantilla y vamos a defender tanto la calidad de la atención como el respeto al trabajo realizado por los y las profesionales».