El presidente de la comisión de Reconocimiento y Reparación de Víctimas por actos de motivación política de Nafarroa, Martín Zabalza, ha comparecido esta mañana en el Parlamento navarro para dar cuenta del estado de los trabajos de la comisión, una intervención en la que ha aprovechado para defender el fin de «un periódico histórico de negacionismo».

«Los dictámenes de la comisión y las posteriores resoluciones administrativas de reconocimiento de víctimas de motivación política crean en nuestra comunidad un novedoso espacio de reconocimiento institucional superador de un periodo histórico de negacionismo de vulneraciones manifiestas de normas internacionales de derechos humanos», ha manifestado Zabalza, ex secretario de organización de la UGT en el herrialde.

También ha enmarcado su trabajo en un esfuerzo por allanar la convivencia en un «escenario postconflicto tras superar prácticamente un siglo de confrontación violenta».

Zabalza, que preside la comisión creada como consecuencia de la aprobación de la Ley para reconocer a víctimas de violencia del Estado, detalló que hasta ahora han recibido 41 solicitudes de declaración de víctimas, las cuales actualmente están estudiando.

De esas 41 solicitudes recibidas, diez se refieren a personas fallecidas, otras diez son reclamaciones para el reconocimiento de haber sido víctimas de torturas y otras 18 hacen referencia a víctimas de otras acciones violentas que han sufrido daños físicos y/o psicológicos.

Zabalza ha destacado que todas las solicitudes que se han presentado han sido admitidas y que actualmente se están tramitando. Se trata de expedientes a los que se debe garantizar su confidencialidad. En cualquier caso, ha avanzado que próximamente se irán produciendo las resoluciones de estos expedientes. En la CAV el proceso va más avanzado; en la tercera edición se han admitido. 66 casos.

En cada proceso, se ha realizado una entrevista a todos y cada uno de los solicitantes, que ha sido grabada en vídeo. Posteriormente, se elabora un informe que se envía al pleno de la comisión, formada por cargos del Gobierno navarro y profesionales con trayectoria reconocida. Finalmente, este informe se entrega el director general de Memoria y Convivencia del Gobierno navarro. Ninguno de los expedientes ha culminado todavía todo el proceso. «Es un proceso complejo y garantista», ha subrayado.

Zabalza, en su intervención, ha recordado que en cumplimiento de esta ley, se encargó al IVAC un informe sobre la tortura en Nafarroa, que acreditó la existencia de más de un millar de casos. También ha destacado que informes de la ONU establecen que la tortura fue «algo más que esporádica, pero no sistemática».

UPN: «Crea desigualdad»

Iñaki Iriarte, portavoz de UPN, ha recordado que este grupo votó en contra de la Ley de Reparación de Víctimas de motivación política y ha criticado que mientras la ley estatal requiere a las víctimas de ETA que haya una actuación judicial para ser reconocida, esta ley norma navarra lo elude. «Hay dos criterios diferentes, se reconocen diferentes derechos a víctimas diferentes», ha subrayado.

Frente a ello, ha defendido que sea «el Gobierno de la Nación» el que «debería habilitar algún mecanismo que ofrezca garantías de veracidad y de transparencia» frente a la actuación que se ha puesto en marcha en Nafarroa. «No admitiríamos que un concejo admitiese la condición de víctimas», ha añadido.

PSN: «Hay que reparar vulneraciones del Estado»

Inma Jurío (PSN) ha destacado que «por primera vez en 80 años estamos en una época sin violencia» y ha valorado que «hemos sido capaces de avanzar pese a que algunos quieren mantener viva a una banda terrorista que desapareció». Junto a ello, ha añadido que «por parte del Estado se produjeron también vulneraciones de derechos humanos que hay que reparar y condenar».

Jurío ha recordado que el PSN se abstuvo en la votación de la ley navarra, «pero consideramos que tenemos una deuda con unas víctimas que no habían sido escuchadas y que deberían ser reparadas. Este es el trabajo que se está realizando».

Asimismo, ha recordado que la comisión trabaja en el marco de una ley aprobada por el Parlamento navarro que finalmente logró el aval constitucional. Ha destacado que el Constitucional excluyó la posibilidad de señalar a victimarios limitando la actuación de la comisión al reconocimiento de las víctimas.

EH Bildu: «Visibilización de la tortura»

Para Arantza Izurdiaga (EH Bildu), la comparecencia de hoy ha sido positiva porque muestra que «la comisión ha comenzado a funcionar, a pesar de los obstáculos de la derecha». A diferencia de Jurío, ha lamentado que no pueda apuntar a los autores de la torturas por la limitación del Constitucional. Por tanto, las tareas de la comisión son exclusivamente avanzar en el conocimiento de la verdad y reconocer a las víctimas, «lo que es importante para quienes ni siquiera habían sido escuchadas».

En relación a la tortura, Izurdiaga ha destacado que en Nafarroa se ha producido un avance en la visibilización después de años de negación: «Nadie lo puede negar hoy, fue una práctica habitual».

La portavoz de EH Bildu ha destacado que la tortura fue sistemática y que institucionalmente se buscaba la impunidad a través de medidas como la incomunicación por parte de agentes como la Policía española, la Guardia Civil y la Audiencia Nacional. «Es una cuestión que debe ponerse encima de la mesa», ha reclamado.

En respuesta a UPN, Izurdiaga ha señalado que «denuncias hay muchas, pero procesamientos iniciados muy pocos» debido, precisamente, a la existencia de «un sistema establecido para que quienes ejercían la tortura salieran impunes». Por ello, ha destacado que exigir la existencia de procedimientos judiciales para el reconocimiento, como ha planteado Iriarte, es «negar la existencia de estas víctimas». «No pongan obstáculos al trabajo de la comisión», ha pedido a UPN.

Geroa Bai: «Camino iniciado en 2015»

Mikel Asiain, de Geroa Bai, ha destacado que esta comisión llega más tarde de lo deseado y ha subrayado que este trabajo es fruto de la política de reconocimiento de las víctimas del Gobierno navarro iniciada en 2015. Previamente, ha recordado, la labor en defensa de la memoria histórica fue exclusiva de la iniciativa popular. Junto a ello, también ha valorado que se haya dotado económicamente a la comisión para poder ofrecer compensaciones.

Tal y como había hecho previamente EH Bildu, Asiain ha reclamado que el Gobierno navarro lleve a cabo un acto de reconocimiento de estas víctimas para darles visibilidad social. Zabalza ha asumido la demanda.

PP: «Sin garantías jurídicas»

Javier García, del PP, ha criticado la ley porque «no ofrece garantías jurídicas» y ha destacado que es «una forma de legalizar la desigualdad entre las víctimas». Según el análisis de García, son las víctimas de ETA las que se encuentran ahora en inferioridad obviando que frente a ellos hay otras que han sido invisibilizadas durante décadas y que solo ahora se ha comenzado a levanter el velo que las ocultaba.

Contigo-Zurekin: «Necesario»

Para Carlos Guzmán (Contigo-Zurekin), la presentación del trabajo de la comisión es importante y el fruto del camino iniciado en 2018 con la aprobación de la ley. «Es una comisión necesaria para trabajar por la verdad y la reparación en el ámbito de nuestras competencias», ha destacado, antes de subrayar que «militantes del PCE sufrieron la sistematización de la tortura». Al igual que EH Bildu, hizo un llamamiento a las víctimas a acudir a esta comisión.