Arabako Mendiak Aske ha interpuesto un recurso contencioso-administrativo ante el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco (TSJPV) contra la autorización administrativa previa concedida por el Departamento de Desarrollo Económico, Sostenibilidad y Medio Ambiente del Gobierno de Lakua al proyecto de parque eólico de Azazeta, según ha informado en una nota.

Se trata de una instalación formada por ocho aerogeneradores, que afecta a cinco municipios de Lautada y Mendialdea: Bernedo, Arraia-Maeztu, Dulantzi, Iruraiz-Gauna y Donemillaga. Está promovida por Aixeindar SA, sociedad constituida por Iberdrola y el Ente Vasco de la Energía (EVE).

Arabako Mendiak Aske ha denunciado que Aixeindar está cometiendo «un fraude de ley» al proponer las centrales eólicas de Azazeta y de Laminoria como dos centrales independientes, con ocho aerogeneradores y una potencia de instalación de 40 MW cada una, «cuando ambas se ubican en el mismo cordal montañoso y mantienen una separación mínima entre ambas».

Para esta plataforma, con esta «estrategia alevosa», la empresa promotora pretende «sortear las exigencias de la normativa medioambiental para una central eólica de 16 molinos, cuando de facto lo es». A su juicio, ello «se hace evidente si reparamos en que ambos proyectos comparten las mismas infraestructuras de evacuación hasta el Centro de Transformación propuesto».

Arabako Mendiak Aske denuncia que en estos últimos años, en Araba «estamos viviendo una avalancha de megaproyectos eólicos y fotovoltaicos» que, de ejecutarse, supondrían «no solo la industrialización y privatización de zonas naturales de alto valor, con la consiguiente e irreversible pérdida de biodiversidad, sino también, una notable degradación de las zonas rurales afectadas».

Advierte de que «estos megaproyectos están promovidos por las grandes corporaciones del oligopolio, la mayoría de ellas con intereses en paraísos fiscales y algunas ligadas a tramas de corrupción, que cuentan con el beneplácito acrítico y cómplice de las administraciones competentes», y critica que estas, «en vez preservar los últimos ecosistemas naturales y sociales que han sobrevivido hasta el día de hoy en Euskal Herria, se limitan a allanar el avance de estos megaproyectos, promoviendo cambios normativos a medida de las grandes corporaciones energéticas, como la Ley Tapia o Ley de Transición Energética y Cambio Climático y, de paso, desactivando/invalidando cualquier tipo de respuesta contraria de las personas que habitamos y convivimos en los ‘territorios de sacrificio’».

Ante ello, anuncia que seguirá «trabajando para evitar la destrucción de nuestros pueblos y nuestra tierra, sensibilizando a nuestro vecinos y vecinas e instando a las instituciones responsables a paralizar este despropósito».