Representantes de Haritzalde Naturzaleen Elkartea, Ieltxo Elkartea, Igeldoko Herri Kontseilua y vecinos han comparecido junto al abogado Javier Olaverri para insistir en que el chalet construido por Xabi Alonso en el paraje de Txalin ha sido declarado ilegal y debe ser derribado, rechazando la posición del alcalde de Donostia, Eneko Goia, quien anunció un recurso y negó que la sentencia obligara al derribo, limitando la actuación a una reforma de la cubierta.

«Queremos recalcar que ese chalet es ilegal», han destacado Karmele Garmendia, de Ieltxo, y Eneko Dorronsoro, de Igeldoko Herri Konseilua.

Expropiar en Martutene, construir en Igeldo

Ambos, al igual que Olaverri, han subrayado que el punto de partida de esta causa es que un caserío expropiado en Martutene por las obras del TAV no se puede reconstruir especulativamente en una zona rural de Igeldo, al margen de «la estética ni el diseño, el impacto paisajístico, la forma de la cubierta, ni la mimetización del entorno como ha querido desviar el problema que tiene el propio Ayuntamiento por permitir dicha operación legal».

«Si me expropian un caserío no lo puedo reconstruir donde yo quiera, en una zona privilegiada de Igeldo o en el cabo Matxitxako, entre los dos faros. La norma establece que tiene que ser con criterios de proximidad y equivalencia. Este es el verdadero caballo de batalla y el Ayuntamiento está amparando que se haga esto», ha destacado Olaverri.

«Esta batalla que estamos librando con el Ayuntamiento por este escándalo es, precisamente, para evitar que se siente un peligroso precedente y que cualquier expropiación pueda ser utilizada para especular y construir un edificio en un lugar a la carta quien mercadee con dicho título expropiatorio. La Ley del Suelo no se creó con ese fin y se debe cumplir con los criterios de equivalencia y proximidad», han insistido Garmendia y Dorronsoro.

Junto a ello, han destacado que la sentencia establece que la licencia de reconstrucción del caserío establecía que debía ser de tipología rural (otro caserío), como establecen la Ley del Suelo y las ordenanzas municipales de Donostia. «Y eso no se ha cumplido, ya que lo que actualmente tenemos, a ojos de cualquier mirada inexperta, es una residencia de diseño contemporáneo de alto standing, con su piscina. El chalet es ilegal e ilegalizable, por lo tanto, solo cabe su derribo de acorde a la legalidad urbanística», han explicado. 

Asimismo, han mencionado «una lista inacabable de irregularidades» en la construcción del chalet, como «vulneraciones de plazos legales, ubicaciones no reflejadas en la tramitación, informes condicionales, no tener acceso propio (preceptivo para construir una edificación residencial), construir ampliamente más de lo que permite la ley, hacer sótano, construir una piscina (no permitida en zona rural), autorizaciones municipales ad hoc para sorter los impedimentos sobrevenidos con nuestras denuncias, ...».

Según han explicado el chalet se ha construido en una zona que no era exactamente la autorizada. «El edificio está girado. No coincide con el solar», ha destacado Olaverri.

«¿Quién paga el derribo?»

Han subrayado que el derribo del chalet es irremediable cuando la sentencia sea firme. El Ayuntamiento de Donostia ha mostrado su voluntad de recurrir ante el TSJPV. «Mientras a los abogados nos paguen la minuta se puede recurrir hasta la ONU. Seguro que se sacan alguna conculcación de derecho fundamental», ha señalado Olaverri.

En cualquier caso, desde su perspectiva, los recursos únicamente retrasarán el derribo. «Ninguna obra sin licencia puede subsistir. Si el Ayuntamiento no lo hace, el juez le obligará», ha explicado Olaverri.

Por tanto, han puesto el acento en quién será el responsable del pago del derribo del chalet. En este sentido, han explicado que en noviembre de 2022 denunciaron ante el Ayuntamiento que la ejecución final del chalet no se ajustó a la ubicación de la licencia otorgada. Este aspecto determinará si es al promotor al que corresponde abonar el derribo por actuar al margen de la licencia o el responsable es el Ayuntamiento.

«Esta denuncia no ha sido contestada un año largo después. ¿Por qué el Ayuntamiento guarda silencio al respecto? ¿No debería ser el primer interesado en responder a dicha denuncia y liberarnos así a todos de la responsabilidad económica sobre el millonario derribo? ¿Existe alguna razón desconocida por la que algo tan obvio no sucede?», han preguntado.

Olaverri ha revelado que en el juicio el Ayuntamiento de Donostia reconoció que la licencia no amparaba lo finalmente construido.

Por ello, han reclamado que se investigue y esclarezca lo ocurrido para dirimir las responsabilidades técnicas y políticas. Además, exigen que se conteste a su denuncia de 2022 y se determine si la ejecución se ajusta o no a la licencia emitida (posteriormente anulada por los jueces) para determinar a quién corresponde el pago del derribo. Junto a ello, piden que se redacten las normas y modificaciones necesarias para que un expediente de expropiación no pueda dar lugar a la especulación de reconstrucción a la carta.