La Audiencia de Barcelona ha desestimado los recursos contra la resolución que dictó en enero del pasado año el juzgado de instrucción número 7 de Barcelona, en el que dejaba a 46 agentes a un paso de juicio, en un caso que se podría acabar incluyendo en la Ley de Amnistía que se está negociando en el Congreso.

En aquel auto, el juez analizaba la conducta de los policías, colegio a colegio, y señala los excesos que ha observado, en la mayoría de casos gracias a los vídeos de las cargas del 1-O que constan en las actuaciones.

El juez apuntaba que, ante una congregación de personas, la actuación policial no deber basarse «inicial y únicamente en el uso de material antidisturbios ni en el uso de la defensa», sino que debe utilizarse «en primer lugar la negociación y la intimación» antes de recurrir a la fuerza.

Para el juez instructor, de la investigación llevada a cabo, que se ha prolongado más de cinco años, se desprende que los policías imputados pudieron incurrir no solo en «delitos leves o menos graves de lesiones», sino también en los previstos en los artículos 174 y 175 del Código Penal: torturas y contra la integridad moral, describiendo la actuación de algunos agentes de la Policía española como «claramente desproporcionada».

«No resulta compatible con ningún criterio de proporcionalidad que los agentes golpeen en la cara a las personas congregadas o que las tiren escaleras abajo, con el grave riesgo que esto supone para la integridad de los ciudadanos», añadió.