Donibane Lohizune cuenta con 14.615 viviendas de las cuales 6.402 son residencias secundarias y 376 están vacías.

Hasta esa localidad de la costa labortana se han trasladado esta mañana representantes de la plataforma Se loger au pays-Herrian Bizi que han dado cita a los medios de comunicación en un barrio, el de Urdazuri, que pierde imparablemente viviendas para uso habitual.

El barrio se construyó en la década de los 70 del siglo pasado para permitir particularmente a los trabajadores lohizundarras vivir en su municipio.

Sin embargo, en el marco de una crisis que, alerta la plataforma, ha llegado a «un estadio crítico», Urdazuri nutre actualmente la oferta de viviendas secundarias con precios que van de los 5.500 a los 8.000 euros el metro cuadrado.

Para Herrian Bizi esa situación es representativa del problema de especulación inmobiliaria, que hace que se produzca un imparable trasvase de viviendas de vocación social al mercado de las segundas residencias.

Una evolución que distorsiona el sentido inicial de esas actuaciones urbanísticas y que ha sido posible, a juicio del colectivo, por la política llevada a cabo por las instituciones públicas en las últimas décadas en el norte de Euskal Herria.

4.250 euros el metro cuadrado, media de Ipar Euskal Herria

Esa media de 4.250 euros que se paga por cada metro cuadrado de una vivienda en el norte del Bidasoa hace que «tres cuartas partes de la población de Ipar Euskal Herria no esté en disposición de adquirir una vivienda», recuerda la plataforma.

En la propia Donibane Lohizune o en Biarritz los precios se disparan a los 7.000 euros por metro cuadrado lo que hace que «solamente el 1% de sus vecinos puedan hacerse con una vivienda en propiedad».

Al término de la movilización celebrada el 1 de abril de 2023 en Baiona, Herrian Bizi lanzó su particular #Stop/Aski haciendo saber que no aceptará que siga engordando el parque de bienes de uso turístico en un territorio en el que un 20% de las viviendas no se usan de manera habitual sino que son disfrutadas como residencias vacacionales por sus dueños.

«Esta situación es insostenible y tenemos que hacerle frente» ha advertido Herrian Bizi que, según ha anunciado hoy, en próximas fechas se dirigirá a los electos de los tres territorios para exigirles que actúen con responsabilidad y hacerles partícipes, al tiempo, de sus propuestas.

La plataforma que ha remodelado su logo ha ofrecido hasta «siete llaves», capaces de abrir la puerta a la solución de una crisis a la que aspira a hacer frente con el apoyo de la ciudadanía a la que convoca a una reunión pública, el 21 de febrero, en la sala Lapurdi de Uztaritze.

Las propuestas que se harán llegar a los electos

Herrian Bizi plantea que la modalidad de ruptura de un contrato de alquiler para venta de la vivienda no sea posible en el caso de que el propietario pretenda poner esa vivienda de uso anual en  manos de un comprador que plantea usar la misma como residencia esporádica.

Igualmente considera que deben aplicarse cuotas de residencias secundarias en cada localidad y crear una nueva tasa, más alta, a pagar por los propietarios de viviendas situadas en la llamada zona tensionada.

En la misma línea, los integrantes del colectivo reclaman una fiscalidad que penalice las transmisiones en caso de que el bien se vaya destinar a residencia secundaria.

Otra de las medidas propuestas que plantean es la de hacer obligatoria la presentación del reglamento de comunidad, cara a verificar el uso comercial de los bienes.

La plataforma apela también a profundizar en el mecanismo de compensación, puesto en vigor por la Mancomunidad Vasca, y cree que también las propuestas aprobadas recientemente en la Asamblea Nacional gala van en la buena dirección, aunque considera que «habrá que mantener la presión» para garantizar su aplicación.

La plataforma entiende que «la lucha contra la proliferación de viviendas secundarias sebe ser una cuestión colectiva», por lo que apela a «cada actor de la cadena inmobiliaria» a asumir sus responsabilidades, citando expresamente entre los destinatarios de su #StopAski a agentes inmobiliarios, promotores de viviendas o notarios.