Agentes de la Guardia Civil, en colaboración con la Policía Nacional, ha liberado a seis mujeres víctimas de explotación sexual en Manresa y Mollet del Vallès (Barcelona), y ha detenido a diez integrantes del grupo criminal.

Una de las víctimas, que vivían hacinadas y en condiciones de insalubridad, denunció los hechos en un juzgado de Bilbo, que se inhibió en el de Manresa, y ahí comenzó la investigación de la Unidad Orgánica de Policía Judicial de la Guardia Civil de Bizkaia.

Según ha informado este martes la Guardia Civil, entre los diez detenidos se encuentran los líderes de la banda, un hombre de nacionalidad española y una mujer paraguaya, quienes confinaban a las mujeres en dos pisos-prostíbulos de las citadas localidades.

La organización criminal traficaba asimismo con sustancias estupefacientes en ambas viviendas, y obligaban a las víctimas a incentivar a los clientes para que compraran cocaína.

Los diez detenidos en el marco de esta operación, denominada ‘Joya-Aguyje’, están acusados de los delitos de trata de seres humanos con fines de explotación sexual, contra los derechos de los ciudadanos extranjeros relativos a la prostitución, contra la salud pública, contra la integridad moral y de pertenencia a organización criminal.

Al parecer, captaban a las víctimas en países de Sudamérica, principalmente Paraguay, mediante engaño, beneficiándose de su situación de vulnerabilidad y ofreciéndoles unas condiciones de vida y laborales prometedoras, aunque también otras mujeres fueron captadas en el Estado español, empleando el mismo modus operandi.

La banda sufragaba todos los gastos y se hacía cargo de los trámites necesarios para que las mujeres pudieran entrar en el Estado y, una vez aquí, eran trasladadas a estos dos pisos-prostíbulos, donde eran obligadas a estar disponibles las 24 horas del día. Además, eran sometidas a violencia física si el cliente lo requería e, incluso, eran grabadas.

Sometidas a un control férreo

Nada más llegar al Estado español, los delincuentes retiraban los teléfonos y los pasaportes a las víctimas, las cuales no disponían de libertad de movimiento, ya que estaban sometidas a un control férreo por parte de la organización criminal.

Las mujeres eran confinadas en los dos pisos-prostíbulos, donde estaban hacinadas, sin privacidad y en condiciones infrahumanas e insalubres y, en uno de ellos, eran controladas con cámaras de videovigilancia.

La organización criminal mantenía una sólida jerarquía, con un reparto de roles perfectamente definido en lo relacionado con la captación, traslado y explotación final.

Así, la dirección era compartida entre un hombre y una mujer, mientras que el resto de los miembros de la organización obedecían las instrucciones de los líderes.

Además de liberar a estas seis mujeres, durante la operación policial fueron intervenidos más de 13.000 euros en efectivo, 18 teléfonos móviles, un ordenador, 300 gramos de cocaína, una prensa hidráulica empleada en la elaboración de sustancia estupefaciente y numerosa documentación relacionada con la explotación de las víctimas.

Asimismo, a raíz de esta operación policial se han bloqueado 11 productos bancarios, tres vehículos y un inmueble.