El habitual Consejo Vasco de Finanzas Públicas de febrero sirvió para clausurar las cuentas de 2023 y certificar que la recaudación superó la previsión y alcanzó los 18.212,5 millones, un 6,3% más que en 2022. Con los datos cerrados actualizó las aportaciones que corresponden a cada institución y el tamaño del Fondo General de Ajuste que, como siempre, se repartió entre las haciendas de Araba y Gipuzkoa. También informaron del Plan Interistitucional de Inversiones que repartió 95,4 millones entre las tres diputaciones. Un manojo de cifras que resulta de introducir los datos en las formulas correspondientes y a calcular el resultado. Mera formalidad.

En el aumento de la recaudación que certificó el CVFP se aprecia que los ingresos por impuestos directos crecen notablemente, suben un 11,5%, no así la recaudación del IVA, el principal impuesto indirecto, que apenas ha variado, ha subido una décima. Desde el punto de vista de la distribución de la riqueza, es un dato positivo que los impuestos directos –que se pagan en función de lo que se gana– aumenten su peso sobre los indirectos –que paga todo el mundo por igual–. Un cambio interesante que podría apuntar hacia un sistema fiscal más justo.

Ahora bien, esa moderación en la recaudación del IVA con unos precios que no dejan de subir, da qué pensar. El consejero Pedro Azpiazu achacó ese estancamiento a la bajada de los tipos del IVA  que se aplican a la energía y a determinados productos básicos. No cabe duda de que esas bajadas han tenido algún efecto en la recaudación, pero si el IVA se calcula sobre unos precios que no dejan de subir, el efecto no debería ser muy importante. Tal vez lo que ha ocurrido es que la carestía de la vida esté haciendo mella en los bolsillos de la ciudadanía y el consumo final de las familias, que es lo que grava el IVA, se ha resentido mucho más de lo que les gustaría admitir.

Para aliviar el alza del coste de la vida, el Gobierno español acaba de subir el salario mínimo interprofesional y en coherencia con ese aumento ha elevado el mínimo exento en el IRPF. De este  modo evita que una parte de esa subida tenga que destinarse a pagar el IRPF. Ayer, sin embargo, los responsables políticos que se reunieron en el CVFP no adelantaron nada al respecto. Tampoco dieron ninguna pista sobre algún otro cambio en la fiscalidad. Se limitaron a señalar que están estudiando el tema. Y como señaló la diputada general de Gipuzkoa, Eider Mendoza, «las prisas no son buenas consejeras», así que todo indica que se tomarán su tiempo.

En cualquier caso, algunas decisiones son de justicia y de sentido común, y no hace falta darles demasiadas vueltas. Y mucho menos cuando la recaudación va, al parecer, viento en popa. Elevar el mínimo exento es una medida que mejora los ingresos de los trabajadores con menores salarios y que, de rebote, también tendrá un impacto positivo en el consumo final y en consecuencia en la recaudación por IVA. Tampoco parece que haya que darle tantas vueltas.

Una decisión política que perfectamente podían haber tomado ayer, pero no lo hicieron. Tal vez sea porque carecen de voluntad política; o puede que sea porque las reuniones del Consejo Vasco de Financias Públicas se han convertido en una ceremonia, en un ritual con su formalismo, su tradición y sus símbolos que no tiene más objeto que reproducir una institución, perpetuarla independientemente de todo contenido. Mera actuación sin otro contenido que perdurar.

Del mismo modo que aquellas personas que cobran el salario mínimo necesitan que se eleve el mínimo exento en el IRPF, este país necesita líderes y no maestros de ceremonias.