Los 200 trabajadores que quedan actualmente en Glavista ven con impotencia cómo son solo una pieza molesta en una operación especulativa que pasa por acabar con 90 años de historia de la fábrica de cristalería de automóvil de Laudio. Los terrenos donde está situada Glavista parecen tener más valor que la propia empresa, y suponen la verdadera pieza clave de esta maniobra empresarial.

Pero comencemos desde el principio, o por lo menos desde cuando se empezó a fraguar la operación empresarial que ha llevado a los trabajadores a la actual situación. En 2020 el estadounidense Grupo Guardian Glass vendió al fondo de inversión suizo Parter Capital su división de parabrisas para automóvil, que pasó a llamarse Glavista. Fue una maniobra sin previo aviso y de forma inesperada, que pilló por sorpresa a los trabajadores e hizo saltar las alarmas.

Quiebra en tan solo dos años

De hecho, solo pasaron dos años hasta que, a finales de 2022, la empresa empezó a tener dificultades económicas. Los cerca de 240 trabajadores que había en ese momento en la empresa veían incrédulos cómo los nuevos dueños de su fábrica no movían un dedo por enderezar la situación. Así, en enero de 2023 la dirección comunicó a la plantilla que iba a comenzar un preconcurso de acreedores.

Tras unos meses de gran incertidumbre, y con la actividad de fábrica parada, en junio surgió una esperanza. Un exdirectivo de Guardian reunió a un importante grupo de inversores y presentó un proyecto para hacerse con la empresa bajo la marca Amine. Según ELA, la iniciativa contaba con el respaldo de las instituciones públicas vascas y tenía el visto bueno de la administración concursal para poder hacerse cargo de la empresa.

El acuerdo entre Parter Capital y Amine parecía inminente. Pero cuando parecía que todo estaba hecho, se produjo un giro en los acontecimientos que hizo sospechar aún más de lo que podría haber detrás de este asunto. Y es que cuando en 2020 Guardian vendió la empresa a Parter Capital, no le vendió los terrenos sobre los que se asentaba. Amine, precavida, ponía como condición de compra hacerse también con los terrenos. El caso es que Guardian se negó y echó al traste toda la operación, dejando a los trabajadores en un ERE de extinción para toda la plantilla y un futuro muy negro.

Proceso «viciado y fraudulento»

Desde el sindicato ELA denunciaron que el proceso estaba «viciado». No eran solo sospechas; tal y como han explicado a NAIZ, se enteraron de que Guardian era la que había mantenido durante dos años a la empresa Glavista, no cobrándole durante meses el alquiler y la energía, y siendo el acreedor principal con más de 7 millones de euros de deuda.

Con esas deudas por cobrar, ELA consideraba que Guardian tendría que ser la primera interesada en que la empresa no quebrase y que un nuevo equipo inversor se hiciera cargo. Por ello, no entendían por qué había bloqueado la operación no queriendo vender los terrenos. Con estos hechos encima de la mesa, ELA fue al fondo de la cuestión y denunció que aquella venta de 2020 fue «fraudulenta», con la única intención de acabar deshaciéndose de los trabajadores sin asumir responsabilidades utilizando al fondo de inversión Parter Capital.

Y es aquí donde hay aún más evidencias sobre lo «oscuro» de esta operación, según la representación sindical. Este fondo de inversión suizo ya tiene varias condenas en el Estado francés por quebrar dos empresas, y actualmente está siendo investigado por la Audiencia Nacional española debido a las múltiples irregularidades en el caso Alu Ibérica (antigua Alcoa), en un repentino proceso de venta.

Vía judicial, bloqueada por la ocultación de documentos

Con más información encima de la mesa, los trabajadores de Glavista emprendieron la vía judicial a la vez que incrementearon las movilizaciones. ELA registró un auxilio judicial solicitando la entrada de Guardian y diferentes sociedades que configuran Parter Capital en el periodo de consultas del ERE y que expusiesen toda la documentación sobre el traspaso de la empresa en 2020. El Juzgado del Mercantil de Gasteiz dio la razón a ELA, suspendió el periodo de consultas hasta que se aportase la documentación requerida y ordenó la presencia de ambas sociedades.

Al mismo tiempo, el comité de los trabajadores se reunió en noviembre con el Departamento de Industria del Gobierno de Lakua y pidió una intervención directa en el conflicto. Concretamente, propusieron que la administración pública entrase en el capital de Glavista, para tener control público y defender de esta manera los 2,5 millones de subvenciones que dicha firma ha recibido hasta ahora. También pidieron la expropiación de los terrenos y las instalaciones donde se asienta la fábrica, hoy propiedad de Guardian.

Pero Lakua no ha hecho hasta el momento grandes movimientos. Desde aquella reunión de noviembre hasta febrero no ha hecho ningún movimiento, al menos público, y, según denuncia ELA, hasta esta semana había hecho caso omiso a las diferentes solicitudes del comité para reunirse. Tras varios meses, el jueves pasado se volvieron a reunir. Durante este tiempo, algunos trabajadores ya han abandonado la empresa, y los 200 que quedan están en una situación muy delicada.

La vía judicial también continúa sin grandes avances, aunque en este caso no son tan malas noticias porque el periodo de consultas del ERE para la totalidad de la plantilla sigue suspendido desde octubre al no haber aportado ni Guardian ni Parter Capital la documentación exigida por el Juzgado. Además, la Administración Concursal también ha pedido esa documentación para esclarecer si existió una simulación de compraventa.

ELA considera una buena noticia el hecho de que se den pasos para clarificar lo ocurrido a partir del año 2020. El sindicato tiene muy claro que la situación de quiebra actual de Glavista «ha sido programada y planificada desde hace muchos años por parte de la multinacional americana Guardian, siendo el ejecutor último el fondo buitre Parter Capital». Asegura que están ocultando la información de la compraventa de 2020, «porque estamos convencidos de que cuando salga a la luz se demostrará toda la situación».

Además, el sindicato también censura la actitud de Lakua y ha pedido a la consejera de Industria, Arantxa Tapia, que «actúe y tome medidas en favor de una política industrial real que sea capaz de dar soluciones a los problemas de las y los trabajadores».

«Les decimos que esto es un problema empresarial, no un problema de costes salariales. Esto es un problema de especulación y fraude empresarial. ¿Por qué se permite esta situación?», se pregunta el sindicato.