La ejecución de Salvador Puig Antich, que la sociedad catalana ha convertido en un emblema de la lucha antifranquista, no se explica sin el atentado que se cobró la vida, el 20 de diciembre de 1973, del almirante Luis Carrero Blanco, a quien el dictador Franco, ya muy delicado de salud, había encargado que dirigiese la nueva etapa del régimen.

Ese atentado, cometido por el comando Madrid de ETA, desató la última escalada represiva contra los grupos que suspiraban por el advenimiento de la democracia. El mismo Puig Antich confesó el temor a ser el chivo expiatorio. «Nos dijo: ‘Se lo han cargado y yo seré la venganza’», recuerdan sus hermanas.

El «Metge» revolucionario

Hijo de un matrimonio barcelonés de clase media, Salvador Puig Antich se había enrolado en la militancia política con tan solo 16 años, influenciado por el Mayo del 68 francés, el movimiento autónomo italiano y las huelgas que entonces estallaban en diferentes países de Europa.

Su implicación en la lucha autónoma se produjo tras su paso por el Instituto Poeta Maragall, donde congenió con Xavier Garriga y los hermanos Oriol e Ignasi Solé Sugranyes. Junto a ellos, formó la que fue la célula más activa de MIL, una organización libertaria que perseguía la autoorganización del proletariado.

Puig Antich –conocido con el sobrenombre de Metge (Médico)– se ocupaba de «expropiar bancos» con el objetivo de ayudar a los huelguistas y los obreros represaliados por el régimen, mientras que las semanas que tenía libre viajaba a Occitania, donde gracias a los viejos cenetistas se empapó de las esencias de los principios revolucionarios. Una influencia que llevó a MIL a impulsar la revista ‘Conspiración Insurreccional Anarquista’ y el sello Mayo del 37. A través de esta publicación difundió las obras de Camillo Berneri, Anton Pannekoek y otros ideólogos del situacionismo y el movimiento obrero.

Las pruebas demostrarían que el agente recibió cinco impactos de bala y no tres, corroborando la tesis que sostiene que la policía manipuló el sumario para trasladar la culpa a Puig Antich. 

Su detención se produjo a raíz de un atraco que perpetró en una oficina de la Caja de Pensiones en Bellver de Cerdanya en setiembre de 1973, un mes después de que sus integrantes disolvieran la organización en una asamblea celebrada en Toulouse. El día 25 de ese mes, seis policías lo interceptaron junto a otro compañero en el bar Funicular, de la Eixample de Barcelona.

De allí, los trasladaron al número 70 de la calle Girona, momento en que se produjo un tiroteo en el que murió el subinspector de policía Francisco Anguas, mientras que Puig Antich quedó malherido y arrestado.

Días más tarde, tras recuperarse de las heridas e ingresar en la prisión Modelo, su caso pasó a manos del Juzgado número 3 de la Capitanía General de la IV Región Militar, que entonces presidía el coronel Carlos González de Pablos.

Salvador Puig Antich permaneció cinco meses encarcelado, hasta que el 8 de enero de 1974 se celebró el consejo de guerra que lo sentenció a la doble pena capital. Una decisión que la campaña impulsada por el Comité de Solidaridad Pro-presos no pudo parar; igual que de nada sirvieron las gestiones del Colegio de Abogados de Barcelona ni las peticiones de clemencia provenientes de Europa.

La sentencia fue dictada el 19 de febrero y Puig Antich fue ejecutado a las 9.20 horas del 2 de marzo en la sala de paquetería del antiguo centro penitenciario bajo el macabro método del garrote vil.

Desde entonces, el cuerpo de Salvador Puig Antich reposa en el nicho 2.737 (agrupación 14) del cementerio situado en la montaña de Montjuic, en Barcelona.

El mismo día, en la prisión de Tarragona, fue ejecutado con el mismo sistema de estrangulamiento y rotura cervical el ciudadano alemán Georg Michael Welzel, conocido con el sobrenombre de ‘Heinz Ches’.

Pasos cerrados

El caso de Puig Antich ha quedado incrustado en la memoria colectiva. No solo porque refleja la crueldad con que actuaba el régimen. También por las irregularidades del consejo de guerra en el que fue condenado.

«El estamento militar desestimó todas las pruebas periciales y construyó el relato para que fuera sentenciado a muerte, vulnerando su derecho a la defensa». Así lo explica el periodista Jordi Panyella en el libro ‘Salvador Puig Antich, cas obert’, donde detalla las falsedades que arrojaba el sumario.

Pero, aún así, ni el Tribunal Constitucional ni el Tribunal Supremo han querido revisar la causa. Ambas instancias judiciales rechazaron la súplica de la familia contra la resolución, que consideraba «innecesaria» una pericial sobre la autopsia del inspector que murió en el incidente.

Las pruebas demostrarían que el agente recibió cinco impactos de bala y no tres, corroborando la tesis que sostiene que la Policía manipuló el sumario para trasladar la culpa a Puig Antich.

En la capital argentina, la hermana menor, Merçona Puig, narró a la jueza Servini las irregularidades del proceso judicial y los obstáculos que el Estado español continúa poniendo para impedir que se depuren las responsabilidades. 

También el Tribunal Europeo de Derechos Humanos y la Audiencia de Barcelona desestimaron las peticiones para reabrir el caso y encausar a Carlos Rey González, el juez que firmó la sentencia de muerte, esgrimiendo que la Ley de Amnistía de 1977 impide juzgar a los responsables de actos registrados con anterioridad a ese año.

La principal ventana para hacer justicia se abrió en diciembre de 2013, cuando a través de los presos de La Comuna, las cuatro hermanas Puig Antich contactaron con la magistrada María Servini, que desde Buenos Aires instruye la única causa contra los crímenes del franquismo.

En la capital argentina, la hermana menor, Merçona, narró a la jueza Servini las irregularidades del proceso judicial y los obstáculos que el Estado español continúa poniendo para impedir que se depuren las responsabilidades.

Tríada jurídica

Según Jordi Panyella, lo que impide avanzar es una tríada jurídica: «Por un lado, la Ley de amnistía, que se urdió para blindar a los criminales de la dictadura que tenían las manos manchadas de sangre; en segundo lugar, la retroactividad de las leyes, en virtud del cual a nadie se le puede aplicar una norma que lo perjudique por un episodio ocurrido con anterioridad; y, finalmente, la prescripción del delito».

Con estas disposiciones –añade Panyella– el Estado ha cerrado todas las puertas. «Solo queda por ver si la actual Ley de Memoria Democrática pretende que las autoridades actúen en consecuencia y encausen a los funcionarios que cometieron aquellos crímenes tan siniestros».

Mientras el tiempo pasa y los viejos franquistas van desapareciendo, la figura de Salvador Puig Antich se mantiene viva gracias a unas hermanas comprometidas con la justicia y una sociedad que, después de 50 años, ha convertido el caso del joven libertario el mejor antídoto contra el olvido y la impunidad.

Imma Puig: «La Justicia no ha hecho limpia desde la dictadura»

¿Con qué sensaciones afrontan las hermanas los actos en memoria de Salvador Puig?

Hay una mezcla de emociones. Estamos contentas por la respuesta de las instituciones y de la gente en general, ya que ayuda a dignificar la memoria de nuestro hermano. Pero queda la injusticia que padeció y la evidencia de que los tribunales españoles no tienen interés en reabrir la causa para que haya algún tipo de reparación. Así estamos, ante un auténtico muro.

¿Qué recuerdos guardan de aquellos días?

Nos encontramos muy solas, pues al margen de las amistades y de los colectivos autónomos de Suecia, Francia e Italia, que pidieron el indulto, la izquierda no estuvo a la altura. Ni el PSUC ni el Partido Comunista hicieron nada, seguramente para acomodarse al cambio de régimen y porque Salvador, no lo olvidemos, les era un personaje incómodo. El silencio fue absoluto durante quince años y solo cuando algunos periodistas empezaron a escribir sobre el tema, el caso se hizo popular.

¿Cree que se ha reivindicado más su memoria por cómo murió que por sus ideas libertarias?

Sin duda, la gente queda impactada por la manera tan salvaje en que fue ejecutado y por su juventud, pues apenas tenía 25 años.

¿Qué le parece que Carlos Rey, redactor de la sentencia, haya sido el abogado de la exdirigente del Partido Popular en Catalunya Alicia Sánchez Camacho en el caso de corrupción Método 3?

Es la demostración de que la Justicia no ha hecho limpia desde la dictadura, pues los criminales continúan viviendo impunemente y, de forma más o menos sutil, el franquismo sigue aquí presente.

¿Cuándo van a las escuelas a explicar el caso, qué reacciones tienen los alumnos?

Empatizan mucho, sobre todo cuando conocen qué era el garrote vil. Aparte de que, tras ver la película y hacer algún trabajo, se les ve motivados e interesados en preguntar más sobre Salvador. La lástima es que no cuentan con espacios adecuados para debatir con tranquilidad. Después, necesitan el móvil para acercarse a estas cuestiones.

¿Confía en que algún día se haga justicia?

Llegará cuando los criminales ya no estén, lo que nuestra generación no verá. Pero en cualquier caso, y como hemos dicho alguna vez: la verdad existe y está encima de la mesa.