PSOE, Junts y ERC han cerrado un acuerdo sobre la ley de amnistía con el objetivo de reforzar una norma que, aseguran, cubre a todas las personas vinculadas al proceso independentista. En un comunicado conjunto, las tres formaciones señalan que han consensuado una enmienda transaccional a partir de las enmiendas que se mantenían vivas.
El acuerdo se ha hecho público después de que el presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, abriese la puerta a aceptar cambios en el texto para dar aún más garantías ante las dudas de Junts.
Según han explicado este mismo miércoles, la ley de amnistía cubre «a todas las personas vinculadas al procés», lo que abarca desde el expresident en el exilio Carles Puigdemont, a quien el Supremo quiere investigar ahora por terrorismo, a implicados en los disturbios.
Se estiman en cerca de un centenar los encausados que podrían beneficiarse de esta ley, que prevé el borrado de los delitos cometidos durante más de una década de proceso independentista catalán, desde el 1 de noviembre de 2011.
La amnistía puede levantar las penas de inhabilitación que aún pesan sobre el presidente de ERC, Oriol Junqueras, y la exconsellera Dolors Bassa -hasta 2031-, así como sobre los exconsellers Raül Romeva y Jordi Turull -hasta 2030-, por los delitos de desobediencia y malversación que les quedaron pendientes tras las reformas del Código Penal.
La amnistía también zanjaría las causas abiertas a la mayoría de policías españoles y guardias civiles investigados por las cargas del 1-O: el límite está en los delitos de torturas o trato inhumano y degradante, que quedan fuera de la ley.
El proyecto será debatido y votado este jueves en la Comisión de Justicia del Congreso y posteriormente pasará al Pleno para su aprobación definitiva.
Pedro Sánchez: «Más seguridad y garantías»
El presidente español Pedro Sánchez, en conversación informal con los periodistas que cubren su visita a Brasil, ha recordado que siempre ha dicho que el texto de la ley que se ha debatido en el Congreso y que fue rechazado en el pleno de la cámara por Junts era acorde con la Constitución y conforme al derecho europeo y que así lo sería también cuando concluyera su recorrido parlamentario.
A la espera de que se haga público el acuerdo, Sánchez ha asegurado que lo que se va a lograr es afianzar aún más esos parámetros, dar más seguridad y más garantías.
Pero no solo para la constitucionalidad de la ley, sino también garantías para despejar las dudas que tenían Puigdemont y su formación política ante la posibilidad de que no pudieran acogerse a la amnistía todas las personas relacionadas con el procés. Eso incluye al expresidente de la Generalitat incluso después de que el Tribunal Supremo haya decidido investigarle por un presunto delito de terrorismo por las acciones de Tsunami Democràtic.
Sánchez ha asegurado que nunca ha compartido las dudas de Junts porque siempre ha tenido el convencimiento de que tal y como estaba el texto iba a cubrir todos los supuestos vinculados con lo ocurrido en Catalunya años atrás, pero ha señalado que si hay que reforzar aún más esas garantías para disiparlas, se hará.
La proposición de Ley de Amnistía regresó a la comisión el pasado 6 de febrero, después de que una semana antes Junts votara en contra de la misma en la votación de conjunto a la que tuvo que someterse en el Pleno por tener carácter orgánico. Entonces se abrió un primer plazo de quince días para la emisión del nuevo dictamen, que después se amplió a petición del Grupo Socialista fijándose como fecha límite este 7 de marzo.
El Govern, «satisfecho»
El president de la Generalitat, Pere Aragonès, ha asegurado en el Parlament que, cuando se apruebe la ley de amnistía, el independentismo deberá «pasar a la siguiente fase, que es ir a la cuestión de fondo» del conflicto.
«La represión es porque somos independentistas. Cuando las ideas se materializan es cuando se activan los resortes del Estado. La amnistía es una oportunidad, espero que todo el mundo esté a la altura de la responsabilidad del momento. Es una oportunidad única», ha dicho en la sesión de control al Govern en el pleno del Parlament de este miércoles.
También la vicepresidenta del Govern, Laura Vilagrà, se ha mostrado este miércoles «satisfecha» por la «buena noticia» del desbloqueo de la ley de amnistía, después de que el PSOE, JxCat y ERC hayan podido «encarrilar» un acuerdo que podría anunciarse «en las próximas horas».
Así lo ha afirmado en declaraciones a Catalunya Ràdio. Como Sánchez, también Vilagrà ha remarcado que el texto de la ley ya ofrecía suficientes «garantías» a los encausados por el 'procés', aunque, si es posible «reforzar algunos aspectos, bienvenido sea».
El acuerdo, según Vilagrà, «está bien encarrilado», por lo que este jueves podrá aprobarse el dictamen en la Comisión de Justicia del Congreso.
Vilagrà ha recordado que el Govern ha defendido «siempre que esta ley debe salir adelante lo más rápido posible», porque hay «muchísimas personas» esperándola, si bien «desgraciadamente» ha habido que «esperar dos meses» para aprobarla, debido a que JxCat la tumbó en el pleno del Congreso para exigir cambios.
Junts se ofrece para aprobar los PGE: «Amnistía y libertad»
El portavoz de Junts, Josep Lluís Cleries, se ha ofrecido a la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, para sacar adelante «unos Presupuestos sociales al servicio de las personas», en plenas negociaciones por la proposición de ley de amnistía, y ha proclamado que su formación quiere que haya legislatura porque consideran que están «en un momento clave».
«Es lo que vamos a hacer desde Junts, que esta legislatura vaya así si ustedes quieren legislatura, nosotros la queremos porque creemos que estamos en un momento clave. Hay una amnistía por delante muy importante, una amnistía de reconciliación. Y el que no le guste que se aguante, porque la democracia es esto», ha proclamado desde su escaño Cleries.
En este contexto, el portavoz de Junts ha apostado por ir a por «la amnistía, la libertad y para que haya unos Presupuestos sociales al servicio de las personas». De hecho, aunque hayan decaído por la mayoría del PP, Junts ha votado a favor de estos objetivos de estabilidad en el Senado, que son el primer para que el Gobierno presente los Presupuestos Generales del Estado.
El PP: «Humillación»
Como estaba cantado, el PP ha arremetido duramente contra el acuerdo, anuncia que lo combatirá »en las instituciones y en los juzgados».
Nada más conocerse el acuerdo, fuentes del PP han hecho hincapié en un comunicado en que el pacto con los partidos «que quieren desmembrar el país» es «la evidencia de que Sánchez acepta que durante un periodo de tiempo concreto en Cataluña no había leyes que cumplir y que ya no hay sentencias que aplicar».
Es más, aseguran que de esta manera «España le pide perdón al independentismo por orden de Pedro Sánchez» y anuncian que no aceptarán esta «humillación».
También remarcan, intentando explotar el caso de Koldo García en primera plana estos días, que en el PSOE hay «dos tipos de corrupción»: la generada por el dinero y la que se produce «por el poder» y que en los últimos días «el socialismo está manchado en ambas direcciones».
«Por corrupción económica algunos se hicieron ricos: por corrupción política algunos siguen siendo poderosos», sentencian.