Las protestas de agricultores y ganaderos en Nafarroa han perdido popularidad y solo continúan los más exaltados, escorándose cada vez más hacia la derecha y la extrema derecha. El incidente más grave hasta la fecha ocurrió el pasado viernes durante una visita de la lehendakari María Chivite a Cabanillas, feudo del PSN al sur de Tutera de 1.300 habitantes.
Chivite sufrió insultos graves y de corte machista, acosada por una muchedumbre que le arrojó objetos tras inaugurar un centro cívico. Tuvo que entrar aprisa en el coche oficial que, pese a estar escoltado, fue rodeado y golpeado por los chalecos amarillos. La Policía Foral abortó a golpe de porra una sentada que hubiera impedido la salida del vehículo de la presidenta del casco urbano de la localidad.
El PSN buscó trazar un paralelismo en la última Mesa y Junta de Portavoces con el tartazo a Yolanda Barcina en 2011 por parte de ecologistas contrarios al TAV. Para ello copió textualmente la declaración de rechazo que presentó UPN entonces, pero los de Javier Esparza no lo aprobaron. No hubo agresión, sostuvieron, para desmarcarse.
Los regionalistas caminan sobre el filo de la navaja. A diferencia de lo que ocurrió en el Parlamento, en la comisión de Presidencia Iruñea, UPN sí ha condenado como una agresión lo sucedido en Cabanillas, pero un edil, Aitor Silgado se ha abstenido rompiendo la unidad de voto.
Cristina Ibarrola, que no estaba presente en esa comisión, ha manifestado después que los cuatro miembros de su partido se han equivocado y que tenían que haber votado igual que en el Parlamento.
En paralelo, el portavoz del PSN aseguró haber identificado en esos incidentes (además de en el otro suceso precedente, el intento de asalto al Parlamento par parte de grupo de agricultores) a miembros reconocibles de UPN. En algún caso, sostiene que ni siquiera son agricultores. En concreto, cita a «simpatizantes y concejales de UPN de Cabanillas, Buñuel, Cascante, Villafranca, Lazagurria y Olite».
Para tratar que esto acabe en una «fractura social» o en incidentes que luego hagan a algunos «echarse las manos en la cabeza», el PSN asegura que a partir de ahora va a llevar todo a los tribunales.
UPN dice que todo es mentira. Que los suyos no alentaron los incidentes y que en Villafranca ni siquiera se presentaron (la lista que gobierna allá es de independientes). A través de un comunicado, UPN asegura que apuntar en dirección a su partido es propio «de una dictadura o del nazismo». Se preguntan, por ello, si acaso el portavoz del PSN desconoce que «la afiliación a un partido es un asunto privado y protegido por ley».
Apoyo cada vez más evidente
Lo cierto es que Esparza hace acrobacias verbales para no catalogar esos incidentes como intentos de agresión o asalto. Su versión es que también miembros de UPN fueron increpados en Cabanillas y que en ningún caso los agricultores que trataron de acceder al Parlamento por la fuerza trataron de «asaltar» la Cámara.
«No hubo ninguna agresión a la presidenta, como no hubo ningún asalto al Parlamento. Querer comparar lo que ocurrió en Cabanillas con los tartazos a Barcina es un insulto a la inteligencia», sostiene Esparza.
Desmarcarse de las protestas agrícolas no es fácil para el principal partido de la oposición. Subirse al carro es mucho más cómodo, pues todavía cuentan con un apoyo mayoritario. Según el estudio de Simple Lógica para Eldiario.es, las protestas del sector primario cuentan con el apoyo del 80% de la población del estado.
Este sondeo muestra, además, un importante sesgo derechista. Cuanto más de derechas reconoce ser el entrevistado, mayor apoyo a los chalecos amarillos. Los de Vox cierran filas con las protestas con más del 90% de apoyo, mientras que el respaldo cae al 62% entre los simpatizantes de Sumar.
La paradoja del sondeo es que esos mismos votantes de Vox son los más reacios a pagar más por los alimentos y los de Sumar quienes aceptarían mejor una subida del precio si ello redunda en el beneficio del sector.
En cualquier caso, UPN rechaza cualquier «connivencia» (es la acusación concreta que les espetó Ramón Alzórriz) con los incidentes de Cabanillas o el conato de asalto al Parlamento por el que se ha procesado a 19 personas, entre ellos el alcalde de Lazagurria (UPN).
Para activar las últimas tractoradas, los impulsores han mandado mensajes en tono coercitivo para tratar de activar a agricultores que, tras sumarse los primeros días, han perdido entusiasmo por la falta de rumbo.
Porque ya nadie tiene demasiado claro qué es lo que quieren. Tan incapaces son de negociar que el Gobierno canaliza el diálogo a través de los sindicatos y patronales agrarias tradicionales.
Mientras tanto, el parlamentario regionalista Miguel Bujanda pugna por convertirse en el portavoz oficioso en el Parlamento de este grupo de agricultores cada vez más exacerbado (y más pequeño).
En sus intervenciones, Bujanda habla de los agricultores en primera persona del plural «estamos hartos de las presiones de Medio Ambiente y de la Orden Foral del Fuego». Hace un par de semanas, colgó un chaleco amarillo en su escaño.
El tradicional aliado de UPN en asuntos agrícolas, la UAGN, no les está siguiendo el ritmo. Quizá porque los actuales líderes del movimiento son antitodo y antisindicatos también o, quizás, porque la UAGN es consciente de que UPN sigue hoy muy lejos de poder volver al Gobierno, por lo que entrar en guerra con el Departamento no es lo más inteligente.
A la espera de que las denuncias que el PSN ha interpuesto y ha prometido interponer, el único incidente con diligencias conocidas es el referido al conato de asalto al Parlamento. La defensa de los acusados ha sido contratada en ocasiones anteriores, no ya por miembros de UPN, sino directamente por el propio partido.