En medio de una creciente preocupación por la calidad del sistema público de salud en la CAV, son los Puntos de Atención Continuada (PAC) los que en los últimos meses han acaparado gran parte de la atención. Aunque quizás por su nombre no sea muy conocido, este es un servicio que se presta en los ambulatorios de Osakidetza con el objetivo de atender urgencias no vitales, con mayor énfasis fuera del horario de atención del centro de salud o en días festivos. También ofrecen atención a personas enfermas agudas y crónicas según sus necesidades de salud. Una de sus funciones, al menos hasta ahora, ha sido descongestionar las urgencias de los hospitales. Sin embargo, los recortes que se han dado en los últimos años han encendido cierta alarma.

Fue el 12 de enero cuando la muerte de un hombre en el PAC de Laudio puso en entredicho la situación actual de este servicio. El hombre, tras sufrir un infarto, acudió al centro de salud con un cuadro «potencialmente grave», según Osakidetza, y, tras valorar la situación, el personal de enfermería que estaba en ese momento llamó a emergencias para solicitar el traslado inmediato a un hospital. Cuando llegó la ambulancia, a los pocos minutos, no pudieron hacer nada por mantenerle vivo. Los sindicatos denunciaron que en dicho PAC no había en ese momento ningún médico facultativo para atender al infartado.

También el Ayuntamiento de Laudio y los propios vecinos de la villa alavesa mostraron su «preocupación y malestar» por lo ocurrido y denunciaron la situación «precaria» en la que están los centros de salud. «Lamentablemente, nuestro pueblo carece de forma habitual de médico de urgencia. Ahora, debemos enfrentar una realidad que hemos denunciado durante años. La decisión de Osakidetza de eliminar este recurso crucial ha sido objeto de nuestras críticas y protestas», señaló el Consistorio.

Es imposible saber si con la presencia de personal médico se hubiese podido salvar la vida de ese hombre, pero lo innegable es que en un municipio en el que viven casi 18.000 personas no había ningún médico a las 20.00 de la tarde de un viernes y se tuvo que llamar a emergencias desde el propio centro sanitario.

Un problema estructural y un plan premeditado

Cuando la consejera Gotzone Sagardui en la conferencia Executive Forum de 2022 apeló a un «cambio cultural de usos y costumbres» en la sanidad pública, iba muy en serio. «Habrá que desplazarse con más frecuencia, habrá consultorios que estén atendidos por servicios de enfermería e, incluso, centros que permanecerán cerrados en épocas vacacionales», dijo la titular de Sanidad de Lakua.

Ante las numerosas críticas que produjeron esas palabras, Sagardui rectificó días más tarde. Sin embargo, dos años después se constata la realidad de aquellas declaraciones. De hecho, era un plan que ya se había puesto en marcha. Entre 2019 y 2021, Osakidetza decidió cerrar o acortar el horario de los PAC de San Martin (Gasteiz), Gorliz, Deustu (Bilbo) y Zumarraga. En los cuatro lugares hubo potentes movilizaciones vecinales y sindicales, pero no hicieron cambiar la decisión de Lakua.

A finales de julio de 2022 y tras informaciones contradictorias, el Gobierno de Lakua terminó admitiendo al Parlamento que durante el verano se habían cerrado o estaban sin médicos al menos 65 consultorios de Araba, Bizkaia y Gipuzkoa.

Durante el 2023 se dieron más recortes, hasta el punto de normalizarse la apertura de PACs sin presencia de personal médico o en horarios muy reducidos. En febrero de ese año, el sindicato ELA denunció nuevos recortes de personal en la OSI Uribe, concretamente en los PAC de Areeta, Mungia y Gorliz. Aseguró que muchos turnos se estaban cubriendo «con menos personal del necesario, mientras se experimenta un aumento de la demanda debido a la saturación que sufre la Atención Primaria».

Ya en abril de ese mismo año, diferentes sindicatos volvieron a denunciar que los PAC de Zornotza, Durango, Bermeo, Lekeitio, Laudio y Amurrio y Zornotza, entre otros, habían tenido que prestar atención sanitaria sin facultativos o facultativas. Durante Semana Santa, en la OSI Donostialdea hubo un total de 23 turnos en Donostia, Gros, Hernani, Zarautz o Iztieta en los que no hubo médicos. Se teme que esta Semana Santa ocurra lo mismo.

En Bilbo, tras el cierre del PAC nocturno de Deustu en 2021, ningún ambulatorio tiene este servicio por la noche, y solo se mantienen abiertos tres (Begoña, Rekalde y Deustu) con horario de 17.00 a 24.00 entre semana y de 09.00 a 24.00 los fines de semana y festivos. La última víctima en la capital vizcaina parece que ha sido el PAC del ambulatorio Doctor Areilza (Indautxu), que hasta ahora solo prestaba servicio los fines de semana y ahora lleva cuatro meses sin abrir sus puertas.

Desde la dirección de Osakidetza y el Gobierno de Lakua se aferran a la falta de profesionales sanitarios para justificar todos los recortes. Sin embargo, desde OPA Herri Plataformak (que agrupa a numerosas plataformas locales que luchan por una sanidad pública y de calidad) aseguran que eso es «responsabilidad única» de Osakidetza. «Es fruto de la falta de planificación, de la falta de previsión y, en general, de una mala gestión que se viene realizando desde hace tiempo», señala en una conversación con NAIZ José Ignacio Martínez, miembro de la coordinadora.

En esa línea, recuerda que en 2015 ya se sabía que el 15% de los médicos se jubilarían en 2020. «No se entiende que Osakidetza no se haya anticipado a esa situación y haya formado a los médicos necesarios para dar un servicio digno y de calidad, además de haber establecido una serie de medidas para fidelizar a los médicos sustitutos que, de alguna manera, cansados por esa situación de precariedad se terminan marchando», explica.

«Una línea roja muy peligrosa»

Ante esta situación, no son pocas las movilizaciones que se han llevado a cabo en los últimos años. Precisamente, el 16 de marzo hubo manifestaciones en las tres capitales para denunciar «el deterioro, desmantelamiento y privatización de la sanidad pública» en general. Asimismo, el 3 de marzo todos los sindicatos se movilizaron en Basauri para denunciar la situación concreta de los PAC.

«Con estos recortes en los PAC, junto con el abandono al que se ha sometido la atención primaria, Osakidetza ha cruzado una línea roja muy peligrosa que poner en riesgo la salud de las personas. El caso de Laudio no hace sino visibilizar las consecuencias que puede llegar a tener esta situación para la seguridad del paciente», denuncia Martínez.

Además, muchos sindicatos alertan que la falta de personal médico genera una sobrecarga de trabajo y, por consiguiente, riesgos psicosociales en el personal de enfermería, que se ven obligados a asumir funciones que no le son propias y para las que no están lo suficientemente preparados. «Para garantizar la asistencia sanitaria, las facultativas y facultativos tienen que realizar jornadas extraordinarias y ampliaciones de jornada, lo que empeora sus condiciones de trabajo y merma la calidad del servicio que se ofrece a la ciudadanía», concreta ELA.

Otra de las grandes consecuencias que traen los recortes en los PAC es la saturación de las urgencias hospitalarias debido a que se concentra todo el servicio en estas. Sin obviar la saturación que vive Cruces, últimamente el caso más grave es el del hospital gasteiztarra de Txagorritxu, donde sus sanitarios ya han realizado varias movilizaciones para denunciar «la saturación del servicio debido al incremento notable del volumen de la demanda asistencial sin aumento de la plantilla». Asimismo, han alertado «que el colapso no es algo puntual, sino estructural». En diciembre de 2023 hubo testimonios de hasta 16 horas de espera, y el propio portavoz del Gobierno de Lakua, Bingen Zupiria, reconoció la situación.

Hay que recordar, que hace dos años Osakidetza decidió cerrar las urgencias del Hospital de Santiago para concentrarlo todo en Txagorritxu. Además, en 2019 también cerró el PAC del ambulatorio de San Martín, dejando en toda la capital un solo centro abierto para urgencias leves, el de Olagibel.

La sanidad privada, la gran beneficiada

Las plataformas denuncian que la sanidad privada es la gran beneficiaria de toda esta situación. Así, señalan que en los últimos años se ha dado un gran aumento de los seguros médicos privados, hasta el punto de que la CAV tiene una de las mayores tasas del Estado en cuanto a este tipo de pólizas. También señalan que la concertación ha aumentado y tiene un gasto de en torno a 250 millones de euros anuales.

«Todo esto lo que hace es debilitar la sanidad pública en beneficio de la sanidad privada. Empresas como IMQ o Quirón se están forrando a costa de nuestra salud y están creando una importante desigualdad social porque no todo el mundo tiene la capacidad económica para acceder a la sanidad privada», concluye Martínez.