La muerte en un ataque del Ejército israelí de siete empleados de la ONG World Central Kitchen, en una de las operaciones de transporte de ayuda humanitaria a la Franja de Gaza, elevó la indignación en los países occidentales, muchos de ellos aliados de Israel, que exigen una investigación.

Las víctimas eran de Australia, Polonia, Gran Bretaña, un ciudadano con doble nacionalidad estadounidense y canadiense y una palestina.

Un dron israelí llegó a disparar tres veces contra el convoy en Deir al-Balah, en el centro de la Franja, a pesar de que los coches estaban claramente marcados con el logotipo de la organización, como todos los objetivos sanitarios, hospitales y escuelas alcanzados hasta la fecha.

Se trata de los primeros trabajadores humanitarios extranjeros que Israel mata desde que el 7 de octubre lanzó contra Gaza la operación en la que ya ha acabado con la vida de más de 32.900 personas, la mayoría mujeres y niños, y en la que otras 8.000 siguen desaparecidas bajo los escombros de un territorio destruido casi por completo.

World Central Kitchen (WCK), una de las pocas ONG que aún podía trabajar en el territorio palestino suspendió sus operaciones, aunque el presidente de Chipre, Nikos Jristodoulidis, aseguró que los envíos marítimos de ayuda humanitaria a Gaza continuarán.

El pasado sábado zarpó del puerto chipriota de Larnaca una segunda flotilla con unas 400 toneladas de ayuda para la población atrapada en Gaza, después de un primer envío a mediados de marzo con la nave Open Arms.

Pero tras los disparos, la flotilla puso rumbo de vuelta a Chipre con gran parte de la carga sin entregar.

El ataque da otra muestra de la falta de límites de Israel que, además de las matanzas en hospitales, de niños o población hambrienta en busca de comida, también ataca las pocas iniciativas de ayuda a los palestinos que permite.

El proyecto de corredor marítimo lanzado por WCK contaba con el visto bueno del Gobierno de Chipre, la UE, Israel y la Autoridad Palestina. De hecho, es una de las alternativas con la que Israel quiere sustituir la actividad de la ONU (Unrwa) en la Franja.

Después del ataque, las autoridades israelíes insistieron en el papel «crítico» de la ONG fundada por el chef estadounidense de origen español José Andrés, quien incluso ha dado su apoyo explícito al Estado israelí en la ofensiva de Gaza.

Netanyahu: «Sucede en una guerra»

«Desafortunadamente ayer (lunes) hubo un incidente trágico, en el que nuestras fuerzas golpearon involuntariamente a personas inocentes», admitió el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu. «Esto sucede en una guerra, lo comprobaremos hasta el final, estamos en contacto con los gobiernos y haremos todo lo posible para garantizar que esto no vuelva a suceder», añadió.

Sin embargo, el coordinador humanitario de la ONU para los territorios palestinos, Jamie McGoldrick, recordó que el ataque a los siete trabajadores de WCK no es un incidente aislado. «Para el 20 de marzo, al menos 196 trabajadores humanitarios habían muerto en los territorios palestinos ocupados desde octubre de 2023», destacó McGoldrick, una cifra tres veces superior a los que han muerto en cualquier conflicto previo en todo un año.

«La multiplicación de estos sucesos es el resultado inevitable de la forma en que se lleva a cabo esta guerra, con un desprecio por el derecho humanitario internacional y por la protección de los trabajadores humanitarios», denunció el portavoz del secretario general de la ONU, Stéphane Dujarric.

Multitud de países y organizaciones condenaron el ataque y exigieron «explicaciones» a Israel.

EEUU, su principal aliado, dijo que estaba «profundamente preocupado» por el ataque y «urgió a Israel a investigar rápidamente». La Casa Blanca reconoció la labor de WCK y se comprometió a «dejar claro» a Israel que «los trabajadores de ayuda humanitaria deben ser protegidos».

Canadá solicitó una «completa investigación» del ataque israelí y que «los responsables de estas muertes rindan cuentas».

Polonia también pidió explicaciones y que se indemnice a las familias de las víctimas. Gran Bretaña convocó a la embajadora de Israel en Londres para pedir explicaciones y expresarle la «condena inequívoca por el terrible asesinato». También pidió «una investigación rápida y transparente, compartida con la comunidad internacional» y la «plena rendición de cuentas». Australia compartió esta demanda de un hecho «completamente inaceptable&indentHere;».

Las siete muertes fueron solo una décima parte de las víctimas que provocó Israel en la jornada, mientras todavía se cuentan los cuerpos que dejó su Ejército en el destruido hospital Al-Shifa, tras 18 días de asalto. Al menos se han contabilizado 300 muertes dentro y alrededor del centro, con cadáveres atropellados y maniatados.

Dilema de Irán en su respuesta

El líder supremo de Irán, Ali Jameneí, aseguró que Israel pagará por el ataque que destruyó el edificio del consulado iraní en Siria y en el que murieron siete guardas revolucionarios, al tiempo que responsabilizó a EEUU del bombardeo, como aliado principal de Tel Aviv. También el presidente de Irán, Ebrahim Raisí, aseguró que el bombardeo israelí no quedará sin respuesta.

«Actuamos en todas partes, todos los días», aseveró el ministro de Defensa israelí, Yoav Gallant, sin asumir la acción, mientras EEUU se desvinculó de la misma. En el ataque murieron siete miembros de la Guardia Revolucionaria, entre ellos el máximo responsable de la Fuerza Quds en Siria y Líbano, el general de brigada Mohamed Reza Zahedi, y su segundo, el general de brigada Mohamed Hadi Haj Rahimi. Se trata del ataque más sangriento contra militares iraníes en Siria en lo que va de 2024, pero además se produce contra una misión diplomática.

Teherán se encuentra bajo el dilema entre la presión interna que exige responder con firmeza -como la de los diputados y medios más duros, que pidieron bombardear directamente embajadas israelíes-, lo que podría llegar a una confrontación directa con Israel o EEUU, o actuar con moderación, corriendo el riesgo de mostrar debilidad ante un ataque de especial gravedad.