Levantar un monumento «menos suntuoso» por «la penuria de muchas viudas y huérfanos de guerra», y siguiendo el sentir de la Corporación y «el ambiente muy generalizado de la Ciudad en igual sentido» fue la principal propuesta que planteó un reticente Ayuntamiento de Iruñea a la Diputación de Nafarroa al conocer la intención de esta de construir el actual Monumento a los Caídos.

Una serie de peticiones que cayeron en saco roto, ya que la Diputación incluso empezó a levantarlo sin contar con los preceptivos permisos del Consistorio, que, por la vía de los hechos, terminó cediendo el suelo en el que se construyó.

Así se recoge en varios documentos que se guardan en el Archivo Municipal de Iruñea y a los que ha tenido acceso NAIZ.

Propuesta del Colegio de Arquitectos

En los mismos se plasma cómo la iniciativa surgió de la delegación navarra del Colegio de Arquitectos Vasco-Navarro, que en agosto de 1941 y en «su deseo de contribuir con su aportación al homenaje que debemos a los que ofrendaron su vida en la Cruzada de Liberación», se ofreció a la Diputación de Nafarroa para proyectar y realizar «el proyecto de monumento que debe recordar permanentemente esta gloriosa efeméride».

En esa propuesta se establecía que el monumento, que Nafarroa, «cumpliendo un deber ineludible, dedica a los que tan generosamente ofrendaron sus vidas en aras de la Patria», sería una «basílica votiva, donde descansen, además de los restos de los generales Sanjurjo y Mola, los de cinco voluntarios que representen a los caídos de las Merindades navarras».

Además, contaría con unos cuerpos laterales destinados a museo y con galerías de enlace de esos cuerpos con la basílica, junto a una plaza de acceso y un parque posterior.

Se añadía que, a la hora de decidir su emplazamiento, «intervienen factores de orden espiritual y urbanístico». Teniéndolos en cuenta, se apuntaba que debería ubicarse en un lugar «preeminente» y, como «debe tender al embellecimiento de nuestra ciudad», se concluía que el lugar que «completa y resuelve» esos dos aspectos es el final de la avenida de Carlos III, «consiguiendo de esta manera dotar de punto terminal y fondo perceptivo a vía tan importante».

La Diputación de Nafarroa, dirigida en esos momentos por el conde de Rodezno, aceptó la propuesta y la hizo suya. Como arquitecto del proyecto, se designó a Víctor Eusa y a petición del Colegio de Arquitectos, también a José Yárnoz y José Alzugaray.

Los terrenos donde se iba a levantar el edificio fueron bendecidos el 15 de agosto de 1942, a pesar de que el Ayuntamiento de Iruñea solo tenía noticias «oficiosas» del proyecto.

Así lo recogía en un documento la Comisión de Ensanche municipal a comienzos de noviembre de ese año, donde se especificaba que «ninguna petición escrita, ni los planos y proyectos del monumento han sido conocidos por la comisión informante, la que estima necesario se cumplan los trámites generales para poder definir su criterio, ya que supone que la construcción del monumento afecta a terrenos del Ensanche, que representará una carga por atenciones que se le quieran imponer y, en suma, que representará una variación en los proyectos finales de la segunda zona del Ensanche».

Al día siguiente, el entonces alcalde, Antonio Archanco, se dirigía a la Diputación para recordarle que «es necesario que cuanto antes someta a la aprobación del Ayuntamiento los proyectos y planos que juzgue oportunos y las peticiones relacionadas con estas obras».

Esa solicitud de la Diputación llegó al Consistorio a mediados de diciembre. En la misma, le pedía la cesión de los terrenos del emplazamiento a la Diputación, que es la que «ha de encargarse de la ejecución de las obras».

Un mes más tarde, en enero de 1943, el arquitecto municipal entregó un informe sobre el proyecto de monumento en el que se especificaba los metros cuadrados a ocupar por el mismo. Serían 4.395 para el edificio en sí, 9.400 para el parque posterior y 11.690 para la plaza de acceso, lo que suponía un total de 25.395 metros cuadrados.

En su informe, reconocía que había una dificultad, ya que, «no coincidiendo exactamente el límite de los terrenos de propiedad municipal con los necesarios para la ejecución del proyecto de referencia, se hace necesario estudiar la forma de adquirir esas porciones de terreno que faltan en el conjunto total».

Acto seguido añadía que ese problema «ha sido resuelto evitando toda expropiación y tan solo acudiendo a la permuta como procedimiento más justo, rápido y simple de las parcelas», que hasta entonces habían pertenecido al marqués de la Real Defensa, Labiano y Del Guayo.

En el mismo estudio, se recogía que Iruñea cedía terrenos por un valor de 1.022.800 pesetas de la época y que la cuenta del Ensanche «se beneficia en 400.000 pesetas».

Y, de su cosecha más particular, el arquitecto municipal añadía que el «comienzo de las obras que nos ocupan aliviaría notablemente el paro que las actuales circunstancias imponen a nuestra ciudad y cuyos efectos se dejan ya sentir insistentemente».

«En desproporción manifiesta»

Sin embargo, la Comisión Municipal Permanente de Iruñea se mostraba más reticente con el proyecto impulsado por la Diputación de Nafarroa. En un documento fechado el 13 de febrero de 1943, anunciaba que se sumaba «al fondo del asunto», pero «sin que por ello deje de manifestar algunas discrepancias en orden a la totalidad del proyecto, por estimarlo en desproporción manifiesta con la realidad urbanística de la ciudad, impotente para subvenir en plazo breve a las atenciones que obras de tan colosal magnitud exigirán inevitablemente».

Incluso iba más allá, al señalar que «si bien la parte artística y monumental podría aceptarse sin grandes esfuerzos, conserva la desproporción apuntada más arriba si se tiene en cuenta la penuria de muchas viudas, padres y huérfanos de guerra, a quienes si bien se procura atender por el Estado, es sabido que las actuales condiciones de vida les colocan en situación de angustiosa necesidad material».

Por si fuera poco, añadía «un ruego», por el que pedía a la Diputación que estudiara «la posibilidad de construir un monumento menos suntuoso en memoria de la Cruzada y atienda la parte espiritual en forma que supone un alivio de las necesidades eclesiásticas actuales y en este sentido, podría dedicar una de las parroquias del Ensanche a templo votivo y funerario donde se diera permanentemente el culto a los muertos en la Cruzada».

Las reticencias y la alternativa propuesta por el Consistorio figuran en el acuerdo sobre esta cuestión adoptado en el Pleno municipal celebrado el 20 de febrero. En el primer punto del mismo, se especifica que «respecto a la entrega de los terrenos solicitados –petición que ha de ser sometida a la aprobación de la Junta de Veintena y sanción de la Diputación–, aplazar el cumplimiento de estos trámites hasta conocer la decisión de la Diputación en cuanto al comienzo de las obras que se aprueban».

El sentir «generalizado en la ciudad»

Cinco días después, el alcalde Archanco remitió a la Diputación un resumen de lo acordado por el Consistorio, es decir, un visto bueno muy matizado y en el que añadía nuevos argumentos contra el proyecto, al recordar que «ha de imponer obligaciones muy costosas, no solo por el valor de los terrenos que se ceden, sino por las atenciones constantes en cuando a la creación y conservación de parques, pavimentos especiales, singularidad de ordenanzas aplicables a las edificaciones para la plaza, ayudas que pueden ser necesarias para fomentar estas construcciones, etcétera...».

En otra comunicación posterior, se le llega a indicar al vicepresidente de la Diputación, el conde de Rodezno, que el acuerdo del Ayuntamiento no solo responde «al sentir de la Corporación», sino que «ha recogido también un ambiente muy generalizado en la Ciudad en igual sentido».

Sin embargo, todas las reticencias y la alternativa planteada por el Ayuntamiento de Iruñea cayeron en saco roto y la Diputación siguió adelante con lo previsto ninguneando al Consistorio en el sentido más amplio del término, ya que no solo desatendió sus peticiones, sino que incluso se lanzó a construir sin contar con los preceptivos permisos municipales.

Así queda en evidencia en un documento de la llamada Comisión de Fomento del Consistorio fechado tres años más tarde, en enero de 1945. En el mismo se reconocía que «van ya muy adelantadas las obras de construcción del monumento a los héroes navarros, sin que haya sido tomado un acuerdo definitivo ni formalizada la entrega de terrenos a la Excelentísima Diputación, sin que se conozca siquiera el proyecto definitivo, ni haya sido aprobada por el Excelentísimo Ayuntamiento la modificación del plano de Ensanche para adaptarlo a la nueva construcción».

Pese a las irregularidades, las obras continuaron y en 1952 fueron visitadas por el dictador Francisco Franco durante un viaje a Nafarroa. Para entonces, el monumento estaba muy avanzado, pero los trabajos se prolongaron durante unos años más para construir los edificios laterales, que en lugar de ser destinados a museos, se convirtieron en la Parroquia de Cristo Rey y la Casa Parroquial. Un cambio que se llevó a cabo atendiendo, esta vez sí, una petición del Ayuntamiento de Iruñea.

El 7 de diciembre de 1958 se celebró la primera misa en el inmueble y a pesar de que oficialmente el monumento no estaba inaugurado, a partir de ese momento la basílica se abrió al culto.

En julio de 1961, coincidiendo con el aniversario de la sublevación militar de 1936, fueron inhumados los restos de los generales golpistas José Sanjurjo y Emilio Mola en Los Caídos tras celebrarse un nuevo funeral.

Cerca de dos años más tarde, concretamente el 1 de febrero de 1963, la Diputación de Nafarroa cedía de forma definitiva y gratuita el monumento al Obispado de Iruñea, tras unas obras cuyo coste no está calculado con precisión. Según se recoge en el trabajo ‘El monumento ‘Navarra a sus muertos en la Cruzada’ entre el archivo y la prensa’, realizado en la UPNA por Joanna Latasa, «el único indicativo que refleje mejor el total es que supera los 24 millones de pesetas».

El 4 de julio de 1997, el Arzobispado lo entregaba al Ayuntamiento de Iruñea, reservándose la Parroquia de Cristo Rey y la cripta, que se mantenía como lugar de culto de la Hermandad de Caballeros Voluntarios de la Cruz. El resto del edificio quedó desacralizado y pasó a convertirse en sala de exposiciones.

En 2016 y con Joseba Asiron en la Alcaldía de Iruñea se procedió a exhumar los restos de Mola, Sanjurjo y los cinco combatientes del bando franquista de Los Caídos. Previamente, la plaza Conde de Rodezno fue renombrada como plaza de la Libertad.

Una vez dados esos pasos, ahora está pendiente decidir el futuro del polémico inmueble. Asociaciones memorialistas piden su derribo y desde el Gobierno de Nafarroa y el Consistorio iruindarra se apuesta por una solución de consenso y que sea la ciudadanía la que decida, con el Ayuntamiento recordando que se celebró un concurso de ideas con siete anteproyectos para ese inmueble que debe ser retomado.

Entonces se verá qué sucede con ese monumento al que tantas pegas puso infructuosamente el Ayuntamiento de Iruñea hace 80 años.