El Gobierno británico de Rishi Sunak ha conseguido sacar adelante su controvertido plan para enviar a Ruanda a migrantes en situación irregular, después de que el Parlamento diera luz verde a la ley en una sesión maratoniana.

La legislación, pieza central del programa del Gobierno conservador, despeja el camino para que los vuelos con las deportaciones a Ruanda empiecen a despegar en diez a doce semanas, según cálculos de las autoridades británicas.

El objetivo de la ley es considerar a Ruanda un país seguro para enviar a los migrantes que han cruzado de manera irregular en pateras el Canal de la Mancha, que separa el Estado francés de Inglaterra, después de que el Tribunal Supremo, máxima instancia judicial británica, considerase el pasado noviembre ilegal el plan inicial.

El denominado Proyecto de Ley sobre la Seguridad de Ruanda (Asilo e Inmigración) ha superado el trámite parlamentario después de meses de tira y afloja entre las dos cámaras –baja y alta–, ya que los lores hicieron numerosas enmiendas que después los diputados tumbaron.

Cuando se produce este tipo de desacuerdos entre comunes y lores –lo que en la jerga parlamentaria se denomina ‘pin pon’– es la voluntad de la cámara baja la que prevalece porque es la elegida por los británicos en las urnas.

El lunes, Sunak dio un ultimátum a los lores para que aceptasen la legislación y les había avisado que el Parlamento continuaría toda la noche, sin importar la hora, hasta que fuese aprobada.

Sunak busca que la ley actúe como herramienta disuasoria a fin de que los migrantes no hagan los cruces peligrosos por aguas del canal y rompa el lucrativo negocio de las bandas criminales que cobran a personas desesperadas por llegar a Inglaterra.

Acuerdo con Ruanda

Esta legislación ha sido promovida por el Gobierno británico tras alcanzar un acuerdo con Ruanda.

Gran Bretaña ya ha pagado al país africano 240 millones de libras (278 millones de euros) y se ha comprometido con 370 millones de libras (429 millones de euros) durante los próximos cinco años, mientras que recibirá un complemento de 120 millones de libras (139 millones de euros) una vez que hayan llegado a 300 migrantes.

Después de que la ley superase el trámite parlamentario, Sunak ha dicho en un comunicado que la ley es «histórica» y supone «un cambio fundamental en la ecuación global sobre migración».

«Presentamos el proyecto de ley de Ruanda para disuadir a los inmigrantes vulnerables de realizar cruces peligrosos y romper el modelo de negocios de las bandas criminales que los explotan», ha señalado.

La aprobación de esta legislación «dejará muy claro que si vienes aquí ilegalmente, no podrás quedarte. Nuestro objetivo ahora es lograr que los vuelos despeguen, y tengo claro que nada se interpondrá en nuestro camino para lograrlo y salvar vidas», ha agregado.

El laborismo se opone a la ley

La portavoz de Interior del Partido Laborista, Yvette Cooper, ha señlado que el plan migratorio tiene un precio «exorbitante» y ha asegurado que si su partido gana las próximas elecciones generales –previstas para este año– presentará un plan alternativo.

«El Partido Laborista reemplazaría el plan de Ruanda con un nuevo plan para reforzar nuestra seguridad fronteriza, para perseguir a las bandas criminales y sus redes en toda Europa», ha declarado a la BBC.

La organización Freedom from Torture, junto con Amnistía Internacional y Liberty, han criticado al Gobierno por ignorar las conclusiones del Tribunal Supremo y resaltaron que la legislación supone «una amenaza importante al Estado de derecho» al socavar la protección a las personas del abuso de poder por parte del Estado.

Rechazo del Consejo de Europa

El Consejo de Europa ha expresado este martes su preocupación por la ley adoptada en la Cámara de los Comunes  y ha emplazado a las autoridades británicas a no llevar a cabo expulsión alguna, ante la posibilidad de que implique violaciones de derechos humanos y en materia de Estado de derecho.

El comisario para los Derechos Humanos del Consejo de Europa, Michael O'Flaherty, ha reconocido en un comunicado que la gestión de los flujos migratorios es «complejo» para cualquier Estado, pero ha subrayado que cualquier medida debe respetar los estándares internacionales.

Teme que, tal y como está redactada la ley, puedan ser expulsados de Gran Bretaña migrantes que requieran protección sin una evaluación previa de su solicitad de asilo, al tiempo que ha cuestionado que se restrinja el margen de las personas afectadas de solicitar reparaciones o de la justicia para realizar exámenes independientes.

En este sentido, ha recordado que la Convención Europea de Derechos Humanos –firmada por Gran Bretaña y que no tiene relación con la UE abandonada tras el Brexit– garantiza el principio de no devolución y el examen de posibles abusos.

O'Flaherty ha cuestionado, además, que la reforma dé margen a las autoridades británicas para decidir si acata medidas cautelares dictadas por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH), con sede en Estrasburgo, cuando estas son vinculantes por la firma de Gran Bretaña de la Convención Europea de Derechos Humanos. Sunak ya ha deslizado en varias ocasiones la posibilidad de no cumplir los dictámenes del TEDH, que ya frenó in extremis un primer intento de deportaciones.

Para el comisario, la ley se suma a la «tendencia creciente hacia la externalización de la política de migración y asilo en Europa», un «motivo de preocupación en la medida en que merma los derechos de los refugiados».

ONU: «Impacto dañino»

También la ONU ha alertado sobre la nueva ley británica. Así, el Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados (Acnur), Filippo Grandi, y el Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, Volker Turk, han pedido a las autoridades británicas que «reconsideren» este plan y que adopten «medidas prácticas» para abordar los «flujos irregulares de refugiados y migrantes», a partir de «la cooperación internacional y el respeto al Derecho Internacional Humanitario».

«La nueva legislación supone un paso más en el distanciamiento de Reino Unido de su larga tradición de dar refugio a aquellos que lo necesitan, violando la Convención sobre los Refugiados», ha dicho Grandi, quien ha recalcado que «proteger a los refugiados requiere que todos los países, no sólo los vecinos en zonas de crisis, cumplan con sus obligaciones».

Así, ha afirmado que el plan británico «busca derivar la responsabilidad en la protección a los refugiados, socavando la cooperación internacional y sentando un preocupante precedente a nivel global».

«Reino Unido tiene una orgullosa historia sobre análisis judicial efectivo e independiente. Aún puede poner en marcha medidas para ayudar a hacer frente a los factores que llevan a la gente a abandonar sus hogares y compartir la responsabilidad sobre aquellos que necesitan protección junto a sus socios europeos e internacionales», ha argumentado.

En este sentido, Turk ha sostenido que «esta nueva legislación socava gravemente el Estado de derecho en Reino Unido y sienta un peligroso precedente a nivel global».