Una doble petición directa ha realizado este lunes el Movimiento de Pensionistas de Nafarroa al Parlamento navarro. En concreto, solicita a los grupos del Legislativo la derogación de la norma de mutualidades y que se adopten las medidas necesarias para que la pensión mínima de 1.080 euros sea una realidad.

Esa solicitud la ha registrado por escrito en la Cámara tras realizar una manifestación que ha arrancado de la Plaza Consistorial de Iruñea con una pancarta abriendo la marcha en la que se podía leer ‘1.080 gutxieneko pentsioa, pensión mínima 1.080 euros’. Además, portaban alguna bandera palestina y carteles con lemas como ‘Finantza tiraniari ez, banka publikoa orain’ y ‘1.080 euros pensión mínima’.

La marcha ha discurrido por las calles Mercaderes y Txapitela, para pasar por la Plaza del Castillo, alcanzar el Paseo Sarasate y detenerse frente a la sede del Parlamento. Durante el trayecto, se han coreado consignas como «Gobierne quien gobierne, las pensiones se defienden», «Hemen bizi, hemen erabaki» o «Gobierno escucha, estamos en la lucha».

Una vez ante el Legislativo, dos integrantes del movimiento han accedido al edificio para registrar el citado documento, cuyo contenido ha sido resumido a los congregados por Miren Nieto y Ana Sarobe, en castellano y euskara, respectivamente.

En el mismo, plantean a los grupos parlamentarios «dos reclamaciones que afectan de manera directa y preocupante a miles de personas pensionistas de Navarra».

Derogar la norma navarra

La primera tiene que ver con adoptar «una solución para las personas mutualistas jubiladas navarras que realizaron aportaciones a las antiguas mutualidades laborales antes de 1979 y las devoluciones que correspondan en el IRPF por aquellas aportaciones que no debieron tributar».

Para ello, en el escrito se exige «la derogación de la norma que aprobó Navarra en 2019 y está en vigor desde 2020. Norma por la que, a día de hoy, en Navarra, a diferencia de lo que ocurre en el resto de Hego Euskal Herria y el Estado, únicamente se puede solicitar la rectificación del IRPF correspondiente al ejercicio 2019, quedando sin atender las devoluciones de los años 2020, 2021, 2022, 2023 y los siguientes».

A este respecto, han recordado que el Gobierno de Nafarroa «sigue sin presentar las modificaciones normativas que se comprometió a hacer en el plazo de seis meses en el marco de la negociación presupuestaria con Euskal Herria Bildu».

Crear el grupo de trabajo

En la segunda reclamación se hace referencia a otro punto de ese acuerdo presupuestario y que consiste en «crear un grupo de trabajo entre distintos departamentos y representantes de los grupos parlamentarios para trabajar el tema de las pensiones».

En concreto, «se dice que el objetivo de este grupo de trabajo será el estudio del conjunto de la legislación y las posibles modificaciones normativas para que a los sujetos pasivos a los que les afecten dichas deducciones fiscales puedan percibir para el año 2025 una renta mínima de 15.120 euros, es decir, 1.080 euros en 14 pagas».

Los pensionistas consideran que estos dos temas «son de necesaria prioridad para que el Gobierno de Navarra fije cuanto antes las fechas para darle solución a todo esto».

Por todo ello, han urgido a los grupos parlamentarios y al Ejecutivo navarro «para que en el plazo más breve posible, aborden cuantos estudios y posibles modificaciones normativas del IRPF u otras que sean necesarias para que las reclamaciones de las personas mutualistas y la pensión mínima de 1.080 euros pasen del papel a convertirse en realidad concreta».

Diagnóstico de los sistemas de pensiones

Mientras se desarrollaban estos actos en Iruñea, en Bilbo, como todos los lunes, los pensionistas se han concentrado en las escalinatas del Ayuntamiento. En esta ocasión, han aprovechado para llamar a participar en el encuentro que han organizado para los días 23 y 24 en la Facultad de Económicas de la EHU/UPV en Sarriko.

Según han explicado los portavoces Jon Fano y Andrea Uña, en las jornadas participarán movimientos de pensionistas y organizaciones sindicales tanto de Euskal Herria como del Estado español, así como algunos sindicatos franceses y habrá alguna intervención de Alemania.

El objetivo es «realizar un diagnóstico de la realidad actual de los sistemas públicos de pensiones en Europa y ver la posibilidad de compartir experiencias y dinámicas de movilización para hacer frente a los recortes». Así, el último día harán un acto público en el que expondrán lo trabajado y al que han invitado a los partidos políticos.

Estas jornadas se dan en el contexto de las elecciones del 9 de junio al Parlamento Europeo, y por ello han pedido a los eurodiputados vascos que puedan salir elegidos que defiendan en Europa unas pensiones públicas dignas y los derechos humanos.