En la Facultad de Economía y Empresa de la UPV-EHU, en Bilbo, ha arrancado este jueves un encuentro de plataformas de pensionistas y sindicatos bajo el lema ‘Por una Europa social de los Pueblos. Pensiones Públicas Dignas’ que persigue compartir diagnóstico a nivel del Estado español y europeo frente «a los persistentes ataques contra los sistemas públicos de pensiones». Diferentes voces han planteado en un primer plenario la importancia de la movilización de este amplio colectivo y de las sinergías que deben crear con la clase trabajadora activa y los sindicatos en la defensa de las condiciones de vida de la mayoría social.

Tras una breve exposición del papel de la Unión Europea, a cargo de Mikel de la Fuente, antiguo profesor de Derecho de la Empresa en la UPV-EHU, representantes de distintas plataformas han ido aportando al diagnóstico compartido sobre el modelo estatal. En primer lugar, Miguel Ángel Castillo, de ASJUBI40, que representa a 800.000 personas afectadas por los coeficientes que penalizan a aquellos que se jubilan con largas carreras de cotización de 40 o más años, ha manifestado que si la clase política no lo remedia esperan un fallo favorable del Tribunal de Justicia de la UE a sus demandas.

Enrique Cisma, del Movimiento Andaluz en Defensa de las Pensiones Públicas, ha destacado al inicio de su intervención el valor que tiene la unidad de acción de todas las plataformas y no ha perdido la ocasión de solidarizarse con la causa del pueblo palestino.

El sevillano ha destacado que el actual sistema público es respuesta a la lucha de la clase trabajadora y para demostrar el origen del lema «gobierne quien gobierne las pensiones se defienden», se ha retrotraído a 1883, cuando la monarquía de Alfonso XII se vio obligada a establecer las primeras medidas de protección social para «frenar una ola revolucionaria». «El sistema no nos regala nada», ha incidido, antes de llamar a la organización de las y los pensionistas.

Reivindicaciones intergeneracionales

Pep Juárez, de Unidad Coespe, ha advertido de que se trata de reivindicaciones intergeneracionales, «ya que afectarán a nuestros hijos y nietos». Ha denunciado la «perversión del lenguaje» pues las reformas que se han llevado a cabo en las últimas cuatro décadas no han hecho sino privatizar las pensiones y empobrecer a una mayoría de la población, al incrementar la precariedad mientras los poderes financieros se enriquecen.

En ese repaso por las sucesivas reformas, ha rememorado que la de 1985 le costó a Felipe González una huelga general contra el recorte de las pensiones por la subida del periodo de cotización mínimo de 10 a 15 años «cuando ahora estamos en 27 y vamos camino de los 29». Ha criticado que los sindicatos mayoritarios estatales CCOO y UGT hayan ido aceptado posteriormente todos los retrocesos.

Al igual que el resto de ponentes, Juárez ha resaltado cómo gracias a la movilización derrotaron en la calle las reformas de 2013 de Mariano Rajoy, a quien ha acusado de «saquear» en cuatro años 67.000 millones de euros del fondo de reserva.

Tras ese repaso, ha concluido que las sucesivas reformas son consecuencia de la deriva neoliberal de la UE, que han supuesto un empobrecimiento para la ciudadanía, un endurecimiento de las condiciones para percibir el 100% de la pensión, el aumento de la brecha de género y el retraso en la edad de jubilación, al tiempo que se ha fomentado la privatización de las pensiones y la liquidación del patrimonio de la Seguridad Social.

El economista Ramón Franquesa, portavoz de Coespe, ha comenzado su exposición alertando del «preocupante momento» que atraviesan los Estados de la UE, con escaso crecimiento al igual que capacidad productiva que va a agudizar la crisis financiera. De los fondos Next Generation, ha dicho que han sido un «fracaso» que deja una deuda considerable y traerá nuevos recortes, «no en gastos militares», todo para beneficiar de nuevo a los bancos. «Se busca privatizar el sistema público», ha prevenido.

«Monetarizar derechos»

Con ese objetivo, ha añadido Franquesa, se persigue «monetarizar derechos» a través de nuevas reformas que buscan acumular capital, «que puede desaparecer», citando como ejemplo los casos que se suceden en las mutualidades de los colegios profesionales. Esa inversión del dinero destinado a pensiones en el mercado financiero se puede esfumar para cuadrar balances y ha abogado por mantener el sistema de reparto generacional.

Además, al igual que otros ponentes, ha sostenido que «las pensiones se tienen que relacionar con el salario, no con la pobreza, y ha defendido el carácter independiente del movimiento de pensionistas y la importancia de la movilización ante «el tiempo tremendamente oscuro» que se avecina.

Xabier Pérez Dávila, del Movemento Galego pola Defensa das Pensións e os Servizos Públicos (Modepen), ha denunciado la privatización del sistema público a través de los planes de empresa, como el aprobado a nivel estatal por patronal, CCOO y UGT en la Construcción en 2023, que afecta a 1,4 millones de trabajadores. A cambio de la aportación a esos planes de previsión, la patronal ahorra costes en salarios, cotizaciones a la Seguridad Social y impuesto de Sociedades mientras Caixabank, como entidad gestora, ingresa anualmente 400 millones de euros.

Ha apuntado a que los «grandes perdedores» son los trabajadores, al destinarse parte de su salario a financiar fondos de capitalización que suponen cotizar menos. Pérez Dávila ha señalado que se estima que la Seguridad Social dejará de ingresar al año 130 millones de euros de cotizaciones e impuestos con previsión de que, en caso de extenderse a otros sectores, podría alcanzar los 2.000 millones. En tal sentido, ha citado los 6 millones de trabajadores del Metal, Hostelería y Agencias de Viajes a donde podrían ampliarse los planes de empresa.

Al igual que lo ha hecho Franquesa, el representante de Modepen ha denunciado la «transformación» de los salarios de los y las trabajadoras en capital para bancos y fondos, lo que entiende que supone una nueva «explotación» de sus recursos mientras ese dinero va a parar a quienes especulan con un derecho básico como es la vivienda. Pérez Dávila ha demandado la derogación de la legislación que permite los planes de empresa y ha pedido a los sindicatos que los rechacen en el marco de la negociación colectiva.

Su apuesta es por la creación de fondos soberanos, de carácter exclusivamente público, que inviertan en sectores estratégicos.

Mejorar salarios y pensiones

Jon Fano, del Movimiento de Pensionistas de Euskal Herria, ha cerrado este plenario reivindicando salarios y pensiones dignas, para lo que a su juicio debe haber un empleo de calidad y bien retribuido, además de luchar contra la economía sumergida que elude ingresos que debieran ir a las arcas de Hacienda y de la Seguridad Social.

Ha reivindicado que las pensiones mínimas alcancen el Salario Mínimo Interprofesional –que cree se debe fijar en el 60% del salario medio– y acabar con la brecha de género tanto en el ámbito salarial como en el de las pensiones.

Asimismo, ha apostado, a pesar de las reticencias de muchos, por «coordinar esfuerzos» con los sindicatos «para mejorar las condiciones de vida de la clase obrera» y seguir en la calle movilizándose con diferentes sectores para responder a los planes del capital.