En un contexto de huelga en Bilbobus, una manifestación vecinal que ha reunido a cientos de personas ha recorrido las calles de la capital vizcaina para mostrar su solidaridad con la plantilla y trasladar una serie de exigencias al Ayuntamiento de Bilbo, al que hacen responsable de la actual situación del servicio público de transporte.

En primer lugar, la Federación de Asociaciones de Bilbo, convocante de la movilización, ha vuelto a poner encima de la mesa un problema que llevan denunciando varios años: «El actual sistema de Bilbobus no responde a las necesidades de los barrios periféricos que no disponen de otro medio de transporte público alternativo».

Por ello, han pedido una reestructuración de las líneas que de una solución a estas carencias. Para eso, consideran que «debe llevarse a cabo mediante un proceso participativo, escuchando las opiniones de usuarios y plantilla que son los mejores conocedores de las necesidades de la ciudadanía y las diversas realidades de los barrios en cuanto a movilidad se refiere».

«No queremos parches como los puestos en marcha en momentos puntuales como el BBK live que parecen pensados más para los de fuera que para las vecinas del barrio», han advertido.

Por una gestión totalmente pública

Además, la Federación de Asociaciones de Bilbo ha exigido que Bilbobus esté directamente gestionada por al Ayuntamiento sin empresas intermediarias. Actualmente, la gestión de Bilbobus la lleva Biobide, una UTE formada por Alsa y Transitia.

«La privatización de Bilbobus conlleva que los beneficios empresariales de las empresas adjudicatarias estén por encima de los derechos laborales y de la calidad del servicio. No puede ser que haya barrios incomunicados y con un servicio de buses muy deficiente mientras empresas privadas se llenan los bolsillos. Por esto, queremos exigir un servicio de Bilbobus gestionado directamente desde el Ayuntamiento, sin intermediarios que encarecen el servicio, lo empeoran y explotan a la plantilla», han señalado.

Así, consideran que el conflicto laboral ha evidenciado que «el modelo de gestión de servicios públicos en manos de empresas privadas no es ni justo, ni digno, ni efectivo y, además, es más caro para el conjunto de la ciudadanía».

Con todo ello, han trasladado todos su apoyo a la plantilla en la huelga indefinida que están llevando a cabo desde el pasado 9 de abril para la consecución de un convenio colectivo justo que lleva congelado desde el año 2021.