Como cada atardecer desde el inicio de la operación militar israelí en Gaza, decenas de personas se han congregado en el corazón del barrio de Rabieh, en la capital jordana.

El lugar elegido no es casual, puesto que se encuentra a unos cientos de metros de la embajada israelí, abierta en esta tranquila zona de Ammán a raíz del tratado de paz firmado entre ambos países en 1994.

Desde el 7 de octubre, todo el distrito está permanentemente sitiado. En medio de un auténtico cerco policial, los manifestantes, con banderas palestinas y jordanas ondeando al viento, alzan la voz. «Las autoridades quieren silenciarnos, detenernos, vigilarnos, pero la ira palestina ha estado contenida demasiado tiempo, así que hoy explota», señala una mujer envuelta en un kheffieh. Mientras tanto, los participantes corean desenfrenadamente consignas a la gloria de la resistencia palestina y los nombres de los caudillos de Hamas.

Una situación difícil de aceptar para el Gobierno jordano. Resueltamente hostil a Hamas –a la que considera una fuerza desestabilizadora– y muy temerosa de que su cooperación económica y de seguridad con Israel pudiera ponerse en entredicho, la monarquía vio su calma forzosamente interrumpida a causa de la onda expansiva provocada por la masacre en curso en Gaza.

En un país donde las manifestaciones son poco frecuentes y se reprimen con dureza, las autoridades jordanas están siendo sometidas a una dura prueba. La calle palestina está revuelta desde hace varios meses: además de las manifestaciones diarias cerca de la Embajada de Israel, las fuerzas de seguridad tienen que hacer frente a movilizaciones a gran escala en los campos de refugiados palestinos, así como a manifestaciones masivas en el corazón de Ammán todos los viernes, tras las oraciones.

Un escenario catastrófico que el reino intenta, en clave funambulista, encauzar lo mejor que puede: en particular, mostrando un nivel de virulencia verbal hacia Israel pocas veces visto y llevando a cabo una intensa represión de los activistas siempre fuera del ojo público, con el fin de mantener el control de una situación ya de por si imprevisible.

Si la cuestión palestina es tan sensible para las autoridades, no lo es solo por el levantamiento de los fedayines de la OLP durante los sucesos del Septiembre Negro de 1970 –sofocado con un baño de sangre y que provocó la evacuación de las fuerzas político-militares a Líbano–, sino también por la candente cuestión demográfica.

Entre el 50 y el 65% de los 11,5 millones de personas que viven en Jordania son de origen palestino, de los cuales una parte importante posee nacionalidad jordana. Esta política fue rotundamente condenada por la Liga Árabe, que acusó al Ejecutivo jordano de traicionar la causa palestina. «Aunque sigue siendo muy criticada, ha permitido a los palestinos adquirir derechos, viajar y hacer fortuna en el extranjero. A cambio, el reino se justifica subrayando que siempre ha defendido el derecho al retorno», explica el investigador Jalal al-Husseini.

Represión en los campos
En un céntrico barrio de Ammán, el campo de Jabal al-Hussein, que fue el primero en abrir sus puertas en 1952, acoge a 32.000 palestinos. El panorama aquí es muy diferente al de los campos de Líbano: desde el Septiembre Negro, los partidos políticos y los símbolos nacionales palestinos están prohibidos, como en el resto del país. Y aunque son bastante comunes en las calles comerciales, los símbolos nacionales son perseguidos por la Policía.

Un comerciante de unos 60 años que pidió el anonimato explica: «Desde el 7 de octubre, la presión es enorme en los campos de refugiados. Los servicios secretos han interrogado a varias personas a raíz de llamadas telefónicas a familiares en Palestina, y los que se manifiestan son citados regularmente en comisaría. Hay líneas rojas que no podemos cruzar, como hablar de los acuerdos entre Jordania e Israel».

El reino intenta encauzar el escenario con un nivel de virulencia verbal hacia Israel pocas veces visto y con una intensa represión de los activistas, siempre fuera del ojo público.

Nos dirigimos al campamento de Baka'a, a unos 30 kilómetros al norte de Ammán. Con 131.000 personas registradas, se ha convertido con el paso del tiempo en el más grande de Jordania. Ibrahim, de 26 años, lleva la fecha del 7 de octubre tatuada en el brazo. «Para nosotros, esta fecha es un símbolo de esperanza. La esperanza de poder regresar por fin, y sentimos que es algo inminente, como si mi corazón se hubiera acercado al pueblo donde vivía mi familia».

Los habitantes del campo insisten en que las manifestaciones que tuvieron lugar en su interior fueron vigiladas de cerca por las autoridades jordanas, las cuales aumentaron el número de detenciones, sobre todo de adolescentes.

Esta ola de represión está mucho menos documentada en los medios de comunicación que la que sigue teniendo como objetivo a los activistas que se encuentran fuera de los campos.

«Nos oponemos a los acuerdos entre Israel y Jordania; los consideramos una traición. Y el hecho de que no podamos decirlo en voz alta, por miedo a represalias, no cambia nuestra forma de ver las cosas», señala Ibrahim.

El joven aún recuerda la noche del 13 de abril, cuando la República Islámica de Irán tomó represalias tras el bombardeo de un anexo de su embajada en Damasco, lanzando cientos de drones y misiles contra Israel. La Fuerza Aérea jordana, que participó directamente con las fuerzas occidentales de la región en la neutralización de la contraofensiva, provocó una enorme ola de ira entre los palestinos. «Aunque sabemos que Irán tiene su propia agenda y que esta respuesta simbólica no pretendía defendernos, actuaron, a diferencia de los Estados árabes que no hacen nada ante el genocidio de Gaza».

La represión se extiende desde la calle hasta las redes sociales, como explica Bayan Abuta'ema, cineasta de origen gazatí: «Un periodista fue detenido durante quince días por publicaciones en X antes de ser puesto en libertad. La mayoría de los manifestantes que no son detenidos durante las manifestaciones lo son después, a menudo por criticar la postura de Jordania o de países aliados».

La cuestionada estabilidad del Reino
Según un recuento realizado por abogados, más de 2.500 personas han sido detenidas desde el 7 de octubre. Como explica el abogado Asem al-Omari, «el objetivo de las autoridades, los servicios de Inteligencia y el Estado profundo es impedir que exista una red de solidaridad que algún día pueda utilizarse para otras causas, como la lucha contra la corrupción, por la reforma política o el rechazo al despotismo».

Lo cierto es que el reino se enfrenta a algunos problemas candentes. Asolado por una intensa escasez de agua y carente de gas, Jordania depende de su cooperación con Israel. Y aunque las autoridades han congelado un acuerdo para aumentar el suministro de agua del país, firmado en 2021, es probable que esta dinámica solo sea temporal, dado que el equilibrio y la estabilidad de Jordania dependen en gran medida de sus relaciones con Israel.

Un antiguo alto cargo de los servicios de Inteligencia jordanos, que habló bajo condición de anonimato, concluye: «Ambas partes se necesitan mutuamente, por lo que no deberíamos esperar grandes cambios. Pero Jordania se enfrenta a otros retos, en particular al resurgimiento de amenazas procedentes de sus fronteras orientales [Irak y Siria], controladas de facto por grupos armados leales a Irán. Hay muchos retos para garantizar la estabilidad del reino».