Varios centenares de personas y unos cincuenta tractores se han manifestado por las calles de Gasteiz en defensa de la tierra de Araba y contra el «acoso» de los promotores de proyectos energéticos renovables que quieren ocupar tierras agrícolas. La manifestación ha estado convocada por el sindicato agrario UAGA, la asociación de agricultura ecológica Bionekazaritza y la de defensa de la tierra Araba Bizirik.
En la marcha han repartido un mapa con todos los proyectos energéticos, eólicos y fotovoltaicos previstos en Araba, más las líneas de alta tensión que atravesarán el territorio para llevar esa energía a las subestaciones eléctricas, un mapa en el que se aprecia la ocupación del suelo sobre todo en las comarcas de Lautada, Aiara y Añana.
Al acabar la marcha han leído un comunicado en el que las tres organizaciones han asegurado que este continuo goteo de proyectos energéticos «amenaza» el futuro del sector primario, del medio rural y de la sociedad alavesa, disfrazados de una pátina «verde», pero que son la «excusa» para el negocio de las grandes empresas energéticas. También han criticado la «ayuda inestimable» de las instituciones a este plan, tanto de la Diputación como del Gobierno de Lakua.
«La política errática del diputado general, Ramiro González, que una semana hace unas declaraciones y a la siguiente lo contrario, es un claro ejemplo, o el más absoluto desprecio por la vida rural manifestado por la diputada de Medio ambiente y Agricultura, Amaia Barredo, cuando muestra interés exclusivamente por aquellos proyectos en las que se pueden tener réditos económicos», han denunciado.
Al Gobierno de Lakua le han afeado que plantee un plan de energías renovables que «convierte a toda la comunidad autónoma, no solo a Álava, en un territorio de sacrificio». Por todo ello, han exigido la paralización de todos los proyectos de centrales eólicas y fotovoltaicas que actualmente se están tramitando, porque suponen, además, «un fraude normativo, porque se valen del vacío regulatorio de no disponer de una ordenación territorial consensuada».
Además, han pedido que se declare a la agricultura y ganadería de Araba como actividades estratégicas, y que se desarrollen políticas que protejan a los agricultores y ganaderos familiares, para poder fijar la población y mantener la actividad rural.