La navarra Irene Adán (Arbizu, 1997) trabaja como antropóloga e investigadora en el Comité de Apoyo a las Trabajadoras del Sexo (CATS), que hace acompañamiento psico-social, y es colaboradora en el Sindicato OTRAS. «Es importante hacer el acompañamiento, pero sin incidencia política, sin abordar las cuestiones estructurales por las cuales tienes que hacer ese acompañamiento, te quedas a medio camino». Por ello han realizado el informe ‘Las prostitutas hablan de violencias’. Atiende a NAIZ antes de presentar el trabajo en Iruñea.

Trabajadoras del sexo. Antes de abordar otras cuestiones, pone énfasis en la terminología.

Nos gusta el término trabajo sexual porque es un término paraguas. Recoge lo que se entiende como prostitución, el servicio, pero recoge también otras formas de prostitución, como el estriptis, el porno, el trabajo online, telefonistas o dominatrix.

El informe les da voz a ellas.

Habitualmente, cuando hablamos de violencias en la prostitución, pensamos en el proxeneta y en el putero, pero nunca preguntamos a las trabajadoras sobre qué entienden por violencias.

¿Y cuáles son?

Son principalmente estructurales. Por ejemplo, la ley de Extranjería produce muchas vulnerabilidades en las personas. La primera violencia es no poder migrar de forma segura y al llegar al Estado español tener que pagar una deuda de viaje y acudir a la prostitución para poder pagarla. Una vez en el Estado el simple hecho de estar en situación administrativa irregular te pone en situación de vulnerabilidad.

Siempre pensamos en violaciones o agresiones físicas, pero cuando les preguntas mencionan la dificultad para negociar el uso del preservativo, malos tratos verbales, exigir la devolución del dinero una vez se ha hecho el servicio y robos. La violación ha sido la violencia menos reportada, con un 5%.

El concepto de violación es un concepto jurídico que todas las mujeres no tenemos por qué conocer. Esta cifra estará subestimada, porque habitualmente entendemos que una violación es la coacción mediante la violencia física y no se tiene en cuenta la psicológica.

La situación jurídica centra buena parte de las reflexiones.

En España la prostitución no es legal, tampoco ilegal, pero sí está criminalizada en algunos entornos. Y la calle es uno de ellos. Con la Ley Mordaza y ordenanzas municipales se sanciona a trabajadoras del sexo y a clientes. Esto aumenta la inseguridad jurídica de las trabajadoras y muchas de ellas, que trabajan de forma independiente en la calle, pasan a trabajar a pisos, trabajando para terceros. Dejan de trabajar en grupo y están solas, no pueden desarrollar redes de apoyo o herramientas de seguridad como apuntar las matrículas o avisar si han tenido una mala experiencia con un cliente. También el tiempo de negociación es más corta. Antes podían estar unos minutos charlando con el cliente antes de entrar al vehículo y negociar el uso del preservativo, las prácticas que se iban a llevar a cabo, e incluso valorar si se pueden sentir cómodas con él.

«Las leyes tienen que ser útiles para las personas y tienen que ser consultadas con las comunidades a las que van a afectar. En ningún momento se ha consultado con las trabajadoras»

Está de actualidad. El Congreso rechazó la semana pasada la proposición de Ley Orgánica del PSOE, una ley abolicionista.

La proposición eran tres páginas, en las que solo un artículo estaba dedicado a la protección de las prostitutas. Y únicamente equiparaba a las trabajadoras del sexo con víctimas de violencia de género. No había ni alternativas de vivienda, ni se tocaba ninguna cuestión de la Ley de Extranjería o de la Ley Mordaza... Se limitaba a sancionar al cliente. Y estas sanciones no benefician para nada.

Las leyes tienen que ser útiles para las personas y tienen que ser consultadas con las comunidades a las que van a afectar. En ningún momento se ha consultado con las trabajadoras.

¿Es la abolición una opción?

Para empezar, hemos preguntado a las trabajadoras cuál era su opinión sobre la prostitución y aunque ninguna de ellas defendía la prostitución en sí misma ni el derecho de los clientes a consumir prostitución, sí que defienden ejercer la prostitución con todos los derechos humanos garantizados.

Esto implica que incluso las que quieren dejar de ejercer la prostitución no consideran que la abolición vaya a solucionar ninguno de sus problemas. El marco desde el que se está planteando la abolición es una escalada punitiva sin garantizar derechos básicos. El departamento de Justicia del norte de Irlanda, donde la prostitución está abolida, sacó un informe donde no hay ninguna evidencia de que esto disminuya la trata de personas. Lo que expresan los colectivos de trabajadoras sexuales es que ha disminuido su capacidad para negociar, sus ingresos... pero no ha habido ningún beneficio para ellas.

La principal razón que se esgrime para apoyar la abolición es la trata.

De las que han participado en nuestro estudio, el 10% ha declarado haber sido víctima de trata. Habitualmente se dice que el 70, el 80 o el 90% de las trabajadoras sexuales son víctimas de trata y en nuestro estudio vemos que la cifra es cercana al 10%. Hemos comparado nuestros datos con otros estudios de otras entidades y las cifras son parecidas. Habitualmente se entiende que todas las prostitutas son víctimas y hay una confusión entre la prostitución, la explotación laboral y lo que es la trata, que es captación, coacción y engaño para la prostitución forzosa. Abogamos por una legislación en la que se diferencien estos términos y queden bien definidos y no queden a voluntad de interpretación de un juez.

Por el momento, la publicidad, por ejemplo, sí que está prohibida.

Es curioso. El borrador de la ‘Ley del Sí es sí»’ decía que las mujeres que ejercen la prostitución están sufriendo una violencia incluso con su consentimiento. Planteaba que son las únicas mujeres que su «no» o su «sí» no vale lo mismo que el del resto de mujeres. Este artículo no salió adelante, pero a última hora sí se metió la prohibición de la publicidad de la prostitución considerándola ilícita por ser denigrante para las mujeres y las niñas.

La mayoría de mujeres que se publicitan son mujeres que trabajan de forma independiente. Son legislaciones prohibicionistas que sancionan a quien trabaja de manera autónoma. Ha supuesto el encarecimiento de la publicidad, la dificultad de negociar porque las páginas no pueden poner contenido explícito, con lo cual no pueden decir qué hacen y hacer un filtro inicial con los clientes. Esto ha generado una mayor clandestinidad.

«El 76% de ellas han reportado haber sufrido violencia por parte de la Policía. Su experiencia les lleva a pensar que las instituciones, en lugar de ayudarte a solventar el problema que ya tienes, lo van a agravar»

Como víctimas de otras violencias, ¿acuden a la Policía y a instancias judiciales?

Normalmente, cuando se sufren violencias no se suele denunciar. Si estás en situación administrativa irregular, eso te puede poner en riesgo de expulsión o de ser encerrada en un CIE. Entre 2021 y 2022 el 53% de las internas en el CIE de Aluche eran trabajadoras del sexo. Se persigue con mayor hostilidad.

Hay una impunidad absoluta con los clientes. Lo vemos sobre todo en las mujeres que ejercen la prostitución callejera. El 76% de ellas han reportado haber sufrido violencia por parte de la Policía. Su experiencia les lleva a pensar que las instituciones, en lugar de ayudarte a solventar el problema que ya tienes, lo van a agravar. La realidad es que cuando han sufrido una violación o un robo y han acudido a la Policía no han sido consideradas interlocutoras legítimas y sus denuncias ni siquiera son consideradas. Una trabajadora sexual contó que un cliente le golpeó, fue a denunciarlo y la Policía le preguntó a ver qué se esperaba si ejercía la prostitución.

Tienen propuestas concretas.

Abogamos por una legislación similar a la que hay en Nueva Zelanda y Bélgica, que es la despenalización. La regulación en los Países Bajos, que quizá es lo que más nos suena, entiende que la prostitución es un mal que no se puede evitar y que, por tanto, hay que controlar. Sin embargo, la despenalización quiere regular la prostitución no desde el derecho penal sino desde el derecho laboral. Despenalizando, es decir, que no se pueda sancionar ni a trabajadoras ni a clientes y facilitando la creación de cooperativas, permitir trabajar para terceros pero siempre con inspecciones, condiciones, convenios... y que a estas mujeres se les dé acceso inmediato a los beneficios de desempleo para que no tengas que ejercer la prostitución si no lo quieres.

El estudio está financiado por el Ministerio español de Igualdad. A pesar de ello, las políticas del Gobierno van en otro sentido.

El diálogo con las instituciones todavía es muy complicado. No ponen suficiente empeño en escuchar a las trabajadoras del sexo y las personas que trabajamos por la mejora de sus condiciones de trabajo. Hay mucho tabú y muchos mitos. Parece que si estás defendiendo los derechos de las trabajadoras del sexo y la despenalización, estás defendiendo el proxenetismo y el derecho de los hombres a consumir sexo. Poco a poco estamos tratando de eliminar estos mitos y dialogar desde los derechos humanos. La criminalización no beneficia a los derechos de las trabajadoras.