Peticiones de hasta nueve años de cárcel amenazan a seis miembros de Sortu acusados de promover «ongi etorris» a presos vascos, pese a que en estos actos «no hay delito» y además «son una cuestión del pasado». Son dos de los aspectos en que han incidido este martes el abogado Aiert Larrarte y los imputados Oihana San Vicente y Haimar Altuna, en una comparecencia en la sede de Sortu en Donostia.

La secuencia de los hechos lo dice todo: asociaciones de víctimas iban presentando denuncias que los recibimientos que se estaban «archivando automáticamente» y entonces irrumpió la Guardia Civil con un informe que establecía «una causa general» encuadrándolos en «una estrategia política, violenta y criminal». El juez de la Audiencia Nacional Manuel García Castellón ha completado la instrucción, intentando incluso estirarla más allá de lo posible, lo que impidieron instancias superiores.

Es así como se ha llegado a ese momento, en que la Fiscalía pide 5 años y 7 meses de cárcel para cada imputado (además de los citados, Antton López Ruiz, Kai Saez de Egilaz, «Pipe» San Epifanio y Oihane Garmendia), y las acusaciones conformadas por Dignidad y Justicia, AVT y PP lo elevan hasta 9 años. La valoración política de San Vicente y Altuna advierte objetivos mayores en la operación: «Pretenden dañar el camino avanzado en los últimos diez años mediante la criminalización y la represión, enrareciendo el ambiente y dificultando las relaciones políticas».

Ni delito ni presente

Los tres intervinientes han subrayado la cuestión principal de que «aquí no hay delito». Larrarte ha profundizado en ello: «Se ha actuado entre los límites establecidos por la Audiencia Nacional y el Tribunal Supremo y el Tribunal Europeo de Derechos Humanos a través de varias sentencias. Es más, la jurisprudencia orienta a los tribunales a eliminarlo. Y no hay delito porque para que exista tiene que haber expresiones de violencia, y no las hay, ni directas ni indirectas», ha recordado. A los acusados se les achacan dos tipificaciones: «organización criminal» y «humillación y enaltecimiento».

Larrarte: «Para que exista delito tiene que haber expresiones de violencia, y aquí no las hay, ni directas ni indirectas»

A esto se añade un recordatorio que han desarrollado San Vicente y Altuna: «Hace años que no se realizan actos públicos de recibimiento a presos y presas. Entre otras cosas, porque la izquierda abertzale ha escuchado la voz de las víctimas que mantienen una actitud constructiva y porque, atendiendo a eso, así lo decidieron los propios presos y presas».

Aquí han abundado en su compromiso: «La convivencia no es un elemento para la pugna y la disputa, sino algo que se construye entre todas y todos». Y han llamado a la esperanza, pese a este tipo de embestidas: «Nuestro pueblo seguirá recorriendo el camino de la paz, la convivencia y la libertad. No nos sacarán de ahí. Deseamos un futuro sin personas presas, refugiadas ni deportadas, un futuro sin sufrimiento. Y lo conseguiremos».

El marco de la derecha

Para los miembros de Sortu, este nuevo episodio de lawfare tiene «relación directa con la ofensiva que el bloque reaccionario y el Estado profundo están llevando a cabo». Aprecian en él un objetivo de dañar las relaciones políticas y, en última instancia, también «desgastar al actual Gobierno español».

Han añadido un aviso a navegantes: «Interiorizar el marco de la derecha reaccionaria tiene riesgos, con consecuencias como esta: peticiones de cárcel donde no hay delito con todos los costes que esto tiene». Larrarte ha traído a colación algunos antecedentes de «conversión en delito de expresiones políticas disidentes: aquí se ha investigado, detenido, juzgado y en algunos casos condenado a tuiteros, cantantes o titiriteros. Llevar una cuestión política a los tribunales es algo que va contra la libertad de expresión de todas y todos», ha concluido.

EH Bildu: «Voluntad de retroceder al pasado»

En una nota, EH Bildu ha valorado que tras la causa de los «ongi etorri» hay «una clara voluntad de retroceder al pasado y entorpecer todos los pasos que se han dado en nuestro país para la construcción de la paz y la convivencia democrática que demanda la gran mayoría de la sociedad vasca».

«Es el Estado profundo y todos aquellos sectores políticos, judiciales y policiales que creen en riesgo el Régimen del 78 quienes se encuentran detrás de esta clara operación contra la convivencia y la paz», ha indicado.

Para la coalición, se trata de «un caso de lawfare de libro». Tras subrayar que en Euskal Herria «conocemos bien las prácticas y costumbres de estos aparatos de Estado, que construyen relatos y operaciones contra todas aquellas personas que trabajan por la paz y la convivencia en nuestro país», se ha dirigido a «todos estos sectores» para dejarles claro que «la decisión de la gran mayoría de la ciudadanía vasca está clara y expresada en repetidas ocasiones, que no es otra que de seguir dando pasos en materia de paz y convivencia», y que EH Bildu «seguirá apoyando todos los actos y gestos que vayan encaminados en esa dirección y mostrará su rechazo a todos aquellos que pretendan poner palos en la rueda».