Biobide, la UTE formada por Alsa y Transitia que gestiona Bilbobus, ha denunciado este miércoles que 24 de los 38 autobuses que deben cubrir los servicios mínimos de la huelga indefinida han sufrido sabotajes. Entre otros incidentes, destacan pinchazos de ruedas, lanzamientos de bombas fétidas en los pasillos de los vehículos, huevos, pintura y leche, «que obligan a retirar el autobús y sustituirlo por otro, con el consiguiente retraso».

Según señala la empresa concesionaria, los servicios mínimos se están incorporando a diario a la circulación con una media de dos horas de retraso.

Biobide ha pedido al comité de huelga que «vele por el cumplimiento de los servicios mínimos» y señala que «sigue sus trámites, tanto judiciales como laborales contra las personas identificadas por las autoridades en diferentes atestados».

«Se causa un grave perjuicio a las personas usuarias, a quienes los representantes sindicales piden apoyo mientras se ven privadas de unos servicios mínimos a los que tienen derecho», señala la empresa en su nota con el objetivo de poner a la opinión pública contra los huelguistas.

Sin embargo, las asociaciones vecinales, molestas con los retrasos que genera la huelga, han culpabilizado en varias ocasiones a la propia empresa de la actual situación, señalando que «la privatización de Bilbobus conlleva que los beneficios empresariales de las empresas adjudicatarias estén por encima de los derechos laborales y de la calidad del servicio». Por ello, han pedido al Ayuntamiento una total publificación del servicio.

El Consistorio ya ha iniciado el proceso de resolución del contrato de Biobide, para lo que habría un plazo máximo de tres meses. Posteriormente, se daría paso a un contrato transitorio hasta la decisión definitiva que podría pasar por una nueva licitación, aunque todavía no está definido.

Sindicatos exigen garantizar el poder adquisitivo para poner fin a la huelga

Por otro lado, y sin hacer mención a estos sabotajes, la mayoría del comité ha exigido este miércoles que se garantice el poder adquisitivo y se eliminen los contratos precarios para poner fin a la huelga indefinida.

En una nota, el sindicato ELA, que ostenta la presidencia en el comité, ha denunciado la «estrategia de difamación» por parte del Ayuntamiento contra la plantilla, en referencia a unas declaraciones del alcalde, Juan Mari Aburto, a TeleBilbao en las que reclama un arbitraje para poner fin a esta huelga «contra la ciudadanía».

Asegura que la plantilla no va a aceptar ninguna propuesta que no recoja subidas que garanticen el IPC, y que mantener el poder adquisitivo es una «condición esencial» para la resolución del conflicto. Considera también «imprescindible» transformar los contratos precarios del 62% en contratos a tiempo completo.

Recuerda que la plantilla está desde finales del 2021 sin convenio vigente, por lo que la pérdida de poder adquisitivo se va acumulando, «además de llevar años sufriendo recortes y amortizaciones de puestos de trabajo».