Ante la solicitud del Ayuntamiento de Errenteria, el consejero de Planificación Territorial, Vivienda y Transportes en funciones, Iñaki Arriola, ha firmado este jueves la orden por la que se activa el procedimiento de declaración del municipio como zona de mercado residencial tensionado.

Según ha informado el Departamento de Vivienda, la orden considera «suficientemente acreditada» la situación en base a los criterios establecidos por la Ley estatal de Vivienda, por lo que se procede, además del inicio del procedimiento, a la apertura del plazo de información pública a la ciudadanía.

Así, a partir de la publicación de esta orden en el Boletín Oficial del País Vasco y el Boletín Oficial de Gipuzkoa, prevista para los próximos días, se abrirá el plazo de 20 días hábiles para que la ciudadanía y las organizaciones interesadas puedan presentar sus alegaciones a la documentación planteada por el municipio.

La alcaldesa de Errenteria, Aizpea Otaegi, ha valorado que la orden de Lakua supone «un importante paso» en el proceso de declaración de zona tensionada «para que contemos con más herramientas para poder intervenir en la realidad de la vivienda», pero ha matizado que «no hay que olvidar que es necesario fijar el índice de precios de referencia» y que, «para ello, es imprescindible que la Diputación Foral ponga a disposición del Gobierno Vasco los datos necesarios».

La regidora se ha reafirmado en «la idea de que vamos a utilizar todos los instrumentos que tenemos a nuestro alcance para que la vivienda sea más asequible, y las que nos aporta este camino son muy importantes».

43 municipios identificados en la CAV

Errenteria es uno de los 43 municipios identificados en un diagnóstico realizado por el Departamento de Vivienda a través del Observatorio de la Vivienda como lugares que podrían ser declarados zonas tensionadas. Además del diagnóstico, Lakua remitió a los ayuntamientos un protocolo a seguir para solicitar la declaración de zona tensionada.

El Ayuntamiento de Errenteria fue el primero en responder, con el envío en febrero de la solicitud para lograr la declaración de zona tensionada, con un diagnóstico de situación, una memoria justificativa y una propuesta de plan de acción a tres años. Desde entonces ambas administraciones, autonómica y municipal, han trabajado en la documentación para completarla.

El proceso de información pública que ahora se abre es el paso previo a la declaración formal de Errenteria como zona tensionada. Tras este periodo de alegaciones, se analizarán las aportaciones realizadas y se procederá a la redacción definitiva de la memoria justificativa, el plan de acción y su calendario.

El diagnóstico de Errenteria advierte de que la vivienda en alquiler en la actualidad es «prácticamente inexistente», con ofertas que superan los 950 euros mensuales. El precio medio de las compraventas registradas supera los 200.000 euros y el precio medio del metro cuadrado supera los 3.000 euros en el primer trimestre de 2023.

El documento señala que la renta media de la población del municipio está «muy por debajo» de la de Donostialdea y de la media guipuzcoana, y que el 75% de las familias que están inscritas como demandantes de vivienda protegida lo son en régimen de alquiler, «buena parte» con reducidos niveles de ingresos y solicitando un hogar en alquiler.

La memoria señala que el esfuerzo económico para pagar la renta y los gastos básicos del hogar se encuentra en el 33%, por encima del 30% establecido como criterio para la declaración de zona tensionada en la Ley estatal de Vivienda.

Limitar la subida del precio del alquiler

De acuerdo con la legislación vigente, una vez finalizada la redacción de la documentación definitiva de la zona tensionada, se publicará una nueva orden del Departamento de Vivienda en el BOPV declarando definitivamente el municipio como tensionado, extremo que se comunicará al Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana.

La declaración de un municipio como zona de mercado residencial tensionado supone que las personas arrendatarias que ven finalizado el contrato puedan acceder a un máximo de tres prórrogas anuales en los mismos términos y condiciones del contrato en vigor.

Para las nuevas personas arrendatarias, se limita el precio del alquiler a la renta de quienes alquilaron anteriormente la vivienda, con una cláusula de actualización anual.

Si la vivienda hubiera estado vacía en los cinco años precedentes, el precio tendrá que atender a los futuros índices de precios de referencia, un sistema que deberá establecer el Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana y que también tendrán que seguir los grandes tenedores, aquellos propietarios de diez o más inmuebles de uso residencial en la zona tensionada.

En paralelo a estas medidas, el municipio deberá poner en marcha su plan de acción, con actuaciones que van desde la colaboración entre administraciones o con el sector privado para estimular la oferta de vivienda asequible hasta la movilización de hogares deshabitados, pasando por el establecimiento de ayudas específicas o medidas de financiación para la contención o reducción de los precios de alquiler o venta.