La Comisión de Derechos Sociales del Parlamento navarro ha visitado este miércoles el Centro de Observación y Acogida de Menores de Beloso, en Iruñea, habilitado para acoger de manera temporal a quince menores pero que, debido al reciente incremento de ingresos de menores en situación de desprotección muy severa, acoge actualmente a 24, «llegando incluso a la cifra de 32 durante este último mes». En una comparecencia reciente en el Parlamento, los trabajadores del centro denunciaron la sobreocupación y la falta de recursos.

Se trata, ha informado el Parlamento, de un recurso de protección temporal gestionado por la fundación Gizain que funciona como hogar de acogida para menores que provienen de situaciones de desprotección. El centro, que cuenta con quince plazas, está previsto para dar respuesta inmediata a niños y adolescentes con edades comprendidas entre 6 y 14 años que debido a su situación personal y socio-familiar, precisan una intervención de carácter urgente.

La delegación del Parlamento navarro ha sido recibida por Amalia Cuartero, subdirectora de Infancia, Adolescencia y Familia; Josune Zaratiegui, coordinadora del Programa de Valoración Integral de Menores en Familia de Urgencia; Cristina Lopes, directora técnica de la fundación Gizain; Ana Etxamendi, jefa de sección de Gestión de la Guarda y Ejecución de Medidas Judiciales; y Diana López, jefa de sección de Valoración de las Situaciones de Desprotección.

Cursada a instancias de UPN, PSN, EH Bildu, Geroa Bai, PP y Contigo-Zurekin, el objeto de la visita ha sido «conocer in situ las instalaciones y el funcionamiento del Centro de Observación y Acogida, tras visitar el pasado mes de mayo otros dos tipos de dotación de guarda y tutela, ambos (ARB y ARE) vinculados al Programa de Centro de Observación y Acogida (COA) para la atención de urgencia de menores en situación de desprotección por inadaptación al medio social o familiar, también en casos de ejercicio inadecuado de la patria potestad».

En el centro trabajan cuatro personas educadoras en horario de mañana, cinco de tarde y dos de noche, además de una psicóloga, una trabajadora social y una persona técnica en formación, y en los últimos meses desde la fundación Gizain se han aumentado los recursos personales debido al incremento de casos.

Sobreocupación

En ese sentido, Zaratiegui ha expuesto los problemas que acarrea la sobreocupación, que se resumen en la falta de espacio y en la necesidad de adecuar las instalaciones para poder llevar a cabo el día a día. En ese sentido, desde el centro han explicado cómo han tenido que adaptar algunos espacios para crear más dormitorios o para realizar visitas de progenitores, y, en consecuencia, «contaminar espacios que en principio deberían darles otros usos».

Zaratiegui ha añadido que la sobreocupación y la horquilla tan amplia de edades que acogen en este momento (2-16 años) entorpece e impide la división y estructuración de los espacios dentro del centro, «cuestión fundamental para proteger a las y los más pequeños de las situaciones de mayor agresividad», así como para «no contagiar el malestar entre los menores que, al ser un recurso temporal, se encuentran en una situación de incertidumbre».

Los destinatarios del COA son menores navarros en situación de maltrato y/o abandono con necesidad urgente de protección, derivados tanto por parte Agencia Navarra para la Autonomía de las Personas como por vía judicial para efectuar una valoración que permita realizar el plan de intervención de acuerdo con las necesidades de cada menor y de su familia. La estancia estimada máxima es de seis meses.

Pisos de ocho plazas

Como extensión de este COA, la Subdirección de Familia y Menores del departamento de Derechos Sociales, Economía Social y Empleo dispone de un piso en Orvina con ocho plazas y recientemente ha puesto en marcha otro en Barañáin, también de ocho plazas, para paliar la sobreocupación de Beloso. En ese sentido, desde el centro defienden este formato, con ocho plazas, ya que «permite ofrecer una atención individualizada».

La fundación Gizain asume desde su creación en 2019 la gestión pública de una serie de servicios esenciales de carácter estratégico que venían siendo prestados por diversas entidades y de este modo «obtener un mayor control, transparencia y agilidad en la gestión de los mismos y garantizar una mayor homogeneidad y equidad en la atención de los mismos».