Los manifestantes, que se han concentrado especialmente en la localidad de Sao Paulo, Río de Janeiro y Brasilia, han argumentado que la aprobación de esta propuesta, que se encuentra en pleno trámite en el Congreso brasileño, pondría en riesgo la vida de miles de mujeres y niñas en el país.
Actualmente, la legislación permite la interrupción del embarazo en caso de violación, peligro para la vida de la madre y malformaciones graves, independientemente de la semana de gestación. Según la legislación vigente, fuera de esta casuística, el aborto se castiga con penas de entre uno y tres años de cárcel.
Así, han reafirmado que las mujeres, principales víctimas de la violencia sexual en Brasil, verían disminuidos sus derechos ya previstos en la ley actual, según informaciones de la agencia brasileña EBC. Este proyecto establece que el aborto practicado después de las 22 semanas de gestación será considerado homicidio en cualquier caso, incluso si el embarazo es el resultado de una violación.
El pasado mes de mayo, el magistrado del Supremo Alexandre de Moraes suspendió la resolución emitida previamente por el Consejo Federal de Medicina que prohibía la asistolia fetal y dificultaba el acceso al aborto, una práctica utilizada a partir de las 22 semanas en casos de violación.
La Cámara de Diputados ya ha dado su visto bueno a la tramitación urgente de la ley, lo que implica que el texto puede ser votado directamente en el pleno sin que pase previamente por las comisiones.
«Es preocupante, como sociedad, la tramitación de este proyecto sin el debido debate en las comisiones de la Cámara», ha alertado la primera dama brasileña, Rosangela da Silva, quien ha reprochado a los propulsores del texto estar atacando con esta norma la «dignidad» de mujeres y niñas.
«Una mujer violada puede ser condenada a una pena más alta que la de su violador: la pena máxima por violación es de hasta 10 años, mientras que la de asesinato simple es de hasta 20 años», apunta Da Silva, quien ha puesto de relieve la contradicción que supone con esta ley que una mujer violada que aborte se enfrente a penas de cárcel mayores que las de su agresor.
La propuesta es un «absurdo», ha enfatizado y todo un «retroceso» en derechos para unas mujeres que han estado peleando por ellos. «Cada ocho minutos una mujer es violada en Brasil. El Congreso debería trabajar para garantizar las condiciones y agilizar el acceso al aborto de manera legal y segura».