La Fiscalía ha pedido este miércoles al Tribunal Supremo español que levante la orden de arresto contra el expresident catalán Carles Puigdemont y que declare amnistiados todos los delitos que se le atribuyen a él y al resto de líderes independentistas implicados en el «procés».

Es la consecuencia de la Junta de Fiscales celebrada el martes, en que el fiscal general del Estado impuso su criterio en una votación decidida por escaso margen, frente a los acusadores que intentaban mantener la imputación de malversación para así prorrogar la represión a Puigdemont.

En sendos informes, el Ministerio Público solicita formalmente al Alto Tribunal que aplique la Ley de Amnistía íntegramente al exvicepresident Oriol Junqueras y al resto de condenados, así como a aquellos que huyeron, incluido Puigdemont, dos de sus exconsellers -Toni Comín y Lluis Puig- o la dirigente de ERC Marta Rovira, a quienes reclama que se les retire las órdenes de detención.

Los informes los firman la teniente fiscal del Supremo, Ángeles Sánchez Conde, y el fiscal de sala jefe de lo Penal en el alto tribunal, Joaquín Sánchez-Covisa, después de que los cuatro fiscales del «procés», partidarios de no perdonar la malversación, se retirasen del caso tras chocar contra el criterio del fiscal general del Estado.

Tras un profundo debate en el seno de la carrera, finalmente salió adelante la tesis del fiscal general, defendida por estos dos altos cargos, que piden al Supremo que decrete el archivo de una causa que se remonta a 2017 para todos los líderes soberanistas implicados, declare extinguida las penas de inhabilitación aún vigentes -para Junqueras, hasta 2031-, y elimine los antecedentes penales.

«Lectura desapasionada»

La defensa de Puigdemont, por su parte, ha señalado al Tribunal Supremo que «una lectura desapasionada» de la ley ya aprobada «permite manifiestamente su aplicación a los hechos (...) calificados como delito de malversación de caudales públicos» en el auto por el que el Supremo le procesó por su participación en el «procés» independentista catalán.

Así lo explica el abogado Gonzalo Boye en un escrito, al que ha tenido acceso Europa Press, en el que solicita además «el levantamiento de las medidas cautelares» que le afectan, refiriéndose específicamente a la orden de busca y captura e ingreso en prisión que pesa sobre él y que fue acordada mediante auto de 12 de enero de 2023.

En 23 páginas, responde a la petición del instructor, el magistrado Pablo Llarena, de que se posicionaran sobre si era aplicable el perdón para ese delito concreto. Para el letrado, «no cabe duda alguna acerca de que los presuntos actos atribuidos a las personas ilegalmente procesadas en la presente causa penal, calificados de delito de malversación de caudales públicos, de haber existido, lo habrían sido con la intención de promover o procurar la celebración del referéndum de autodeterminación celebrado el 1 de octubre de 2017».