A partir del 1 de julio, los vehículos pesados de más de 3,5 toneladas que circulen por el corredor del Txorierri, entre Gurutzeta y Erletxe; la autopista A-8, entre Basurto y El Haya; y la BI-636, en el alto de Kanpazar, entre Durango y la muga con Gipuzkoa, pagarán peaje. Se trata, según ha informado Carlos Alzaga, diputado vizcaino de Infraestructuras y Desarrollo Territorial, de la segunda fase del plan que lleva funcionando desde el 25 de enero de 2023 en la N-240, entre Usansolo y la variante de Ubidea; y en la BI-625, entre Arrigorriaga y Laudio.

Tras año y medio de funcionamiento de los arcos free floew, ubicados en la carretera de Barazar (N-240) y en la que discurre entre Arrigorriaga y Areta, la Diputación ha detectado una reducción del 30% y 39%, respectivamente en ambos tramos de la red foral muy transitados por vehículos pesados a diario comparando con datos de 2022.

La disminución del tráfico de camiones ha sido especialmente significativo en los tramos Arantzazu-Bildosola (48,5%) y de Zeanuri-Zubizabal (59,2%). Además, Alzaga ha indicado que el año pasado la circulación de vehículos pesados creció un 20% en la autopista AP-68 respecto a 2022.

«El objetivo es garantizar un transporte de mercancías por carretera que sea sostenible, eficiente y responsable tanto económica como socialmente y que el propio sector sea un agente activo del cambio», ha asegurado el diputado.

El responsable foral ha incidido en que el sistema de pago por uso «no tiene un afán recaudatorio» y ha insistido en que se trata de trasvasar tráfico pesado de las vías comarcales a las de alta capacidad.

En este sentido, ha comentado que las tarifas de peaje para estos vehículos se mantienen congeladas en 2024 y que su departamento mantiene una interlocución continúa con el sector del transporte de mercancías por carretera, ofreciendo un plan de ayudas que incluye medidas de apoyo económico y descuentos para promover la modernización y competitividad de las flotas.

948 transportistas registrados

Así, 948 transportistas están registrados para beneficiarse de descuentos, que sumaron un total de 365.000 euros desde enero de 2023 hasta mayo de 2024.

Por otra parte, el programa para la modernización del sector en el que colaboran el Departamento de Infraestructuras y Desarrollo Territorial y el de Promoción Económica para ayudar a renovar la flota con mejoras en el campo de la seguridad, eficiencia energética y la adaptación a entornos digitales ya ha resuelto este año más de 200 solicitudes con un importe de subvención total de 593.000 euros, lo que hace prever que se agotará el presupuesto inicial de 1,5 millones de euros.

Alzaga ha recordado que este sistema de pago busca garantizar el óptimo mantenimiento de la red de carreteras, así como mejorar la seguridad vial en las vías afectadas para reducir la accidentalidad. Además, la Diputación persigue avanzar en los objetivos de descarbonización establecidos por la UE, incentivando a los grandes camiones a reducir las emisiones de CO2.

«El sistema de pago promueve una red de transporte más verde y eficiente; son miles de camiones diarios que en muchos casos estaban atravesando cascos urbanos, con el consiguiente impacto medioambiental y de seguridad para las y los vecinos», ha afirmado Carlos Alzaga.