Como hizo la Fiscalía este martes, la Abogacía del Estado también ha instado al Tribunal Supremo español a que aplique la Ley de Amnistía a los líderes del «procés» y por tanto levante la orden de busca y captura contra ellos, incluido Carles Puigdemont. Reclama además que se haga «de inmediato».

La pelota queda en el tejado del Supremo, pero tanto la posición de la Fiscalía como la de Abogacía estrechan mucho el margen a las tentaciones de incumplir la norma aprobada por el Congreso español.

El camino hasta aquí no ha sido fácil, especialmente por la oposición del fiscales que actuaban en este caso y que intentaron mantener contra viento y marea alguna de las acusaciones: en concreto, la de malversación.

La Fiscalía General del Estado consiguó imponer su posición en una Junta de Fiscales celebrada el pasado martes, aunque por escasa diferencia de dos votos tras realizarse una votación. Como consecuencia de ello, el mismo miércoles la Fiscalía –representada por nuevos acusados ante la renuncia de los anteriores, críticos con la decisión mayoritaria– planteó ya que se levante la orden de búsqueda y captura.

El día siguiente de la aprobación de la Ley de Amnistía, el juez del Tribunal Supremo Pablo Llarena comunicó a la Policía que la orden nacional de detención contra Puigdemont seguía activa pese a la entrada en vigor de la norma y pidió opinión a las partes.