Representantes de LAB han comparecido este lunes frente al Alto Horno nº 1 de Sestao, icono del pasado fabril de Ezkerraldea, para defender una «profunda transformación» del tejido industrial mediante una planificación ecosocial que impulse procesos de reconversión, descarbonización y reducción de los sectores contaminantes. El sindicato ha destacado el papel que deben jugar las y los trabajadores en ese proceso de reformulación.

LAB denuncia que, «forzados por la crisis ecosocial», se están dando a nivel mundial procesos de transformación en la industria liderados por el capital en los que se obvian los intereses de las personas trabajadoras.

Para la central, si esos procesos fueran planificados y liderados por la clase trabajadora se podrían crear nuevos empleos en ámbitos como el cuidado o la agroecología, repartir el trabajo mediante la reducción de jornada y mejorar las condiciones de vida a través del refuerzo de los servicios públicos.

«Si se deja en manos de multinacionales, fondos de inversión y empresas privadas que solo buscan multiplicar sus beneficios, la descarbonización en la industria será sinónimo de pérdida de empleo, precariedad y desmantelamiento del tejido industrial de Euskal Herria», han vaticinado.

LAB se queja de que en el país no hay una estrategia ni una política industrial «eficaz». Critican que las instituciones toman decisiones a corto plazo, «primando el electoralismo o el marketing», siendo la patronal quien marca la agenda.

Las personas en el centro

Su apuesta es por una política industrial «que ponga en el centro los derechos y necesidades de la clase trabajadora, que garantice un empleo digno y que sea capaz de hacer frente a la crisis ecosocial. Que mantenga la riqueza en el país, que evite deslocalizaciones, que ofrezca un empleo digno a todas las personas trabajadoras, que afronte las transformaciones que deben darse en la industria y, en definitiva, que planifique esos cambios a realizar».

El sindicato ha demandado «decisiones valientes» ante la crisis ecosocial y ha advertido a los gobiernos de Lakua e Iruñea que «mirar hacia otro lado no es una opción».

Tras constatar que las leyes acordadas para evitar la deslocalización de empresas no cumplen su objetivo, ve necesario «ir más allá» para defender el tejido industrial y económico. «Muchas grandes empresas, tras haber recibido grandes cantidades de dinero público, abandonan Euskal Herria desplazándose a territorios con una mano de obra más barata y precaria y con un nivel de impuestos más bajo, destruyendo y precarizando de ese modo un gran número de puestos de trabajo», ha denunciado.

Además, sostiene que los actuales fondos europeos no están sirviendo para poner en marcha «la necesaria transición ecosocial, sino que se utilizan para que paguemos entre todos y todas los cambios que necesitan las empresas para aumentar sus beneficios».

Esa destrucción de empleo, ha añadido, se ha visto beneficiada por las últimas reformas laborales. «La apuesta por la precarización lleva consigo la descualificación de las personas trabajadoras, es decir, no poder dedicarse a aquello para lo que se han formado, o que los y las jóvenes con formación se tengan que ir fuera de Euskal Herria a trabajar», ha expuesto.

Necesaria planificación

En ese escenario, LAB considera que es necesario planificar las transformaciones que «inevitablemente» van a tener que producirse en la industria a corto y medio plazo y hacerlo en beneficio de los intereses y necesidades de los y las trabajadoras, al margen de los mercados. «Hay que fijar objetivos concretos para posibilitar los cambios que se tienen que dar en los distintos sectores, definir cómo se van a descarbonizar y evitar consecuencias traumáticas para el empleo», defienden.

El sindicato exige que se refuerce la intervención pública y que se implante una política industrial que termine con la colaboración público-privada. «En algunos casos habría que apostar por la propiedad pública y habría que evitar que se destine dinero público a intereses privados», mantienen.

«No es justo estimular la inversión privada sin aplicar ningún tipo de condicionamiento con respecto al empleo y a las condiciones laborales. Los fondos públicos que se destinan a la transformación industrial deben cumplir dos objetivos: garantizar que se produzca una transición ecosocial y aumentar la soberanía y la capacidad de decisión del sector», indican.

LAB opina que debe garantizarse la participación de las y los trabajadores en la transformación y reformulación industrial, para lo que propone crear comités de transición ecosociales. «Deberían ser instrumentos para garantizar la representación y el protagonismo de las personas trabajadoras a nivel sectorial o comarcal. Entre sus funciones estarían definir propuestas de transformación del sector, mediar en conflictos laborales concretos o diseñar y ejecutar planes para empresas o sectores que requieran intervención pública», manifiestan.