El PSOE y el PP han alcanzado un acuerdo para la «inmediata» renovación del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), cuyo mandato lleva caducado más de cinco años.

El acuerdo se ha conseguido en la reunión que han mantenido esta tarde en Bruselas el ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, y el vicesecretario de Acción Institucional del PP, Esteban González Pons, junto a la vicepresidenta de la Comisión Europea y comisaria de Valores y Transparencia, Věra Jourová.

Según sendas notas idénticas facilitadas por el PSOE y el PP, el pacto supone «proceder a la inmediata renovación del CGPJ, tal como recomienda la Comisión Europea en su Informe sobre el Estado de Derecho relativo a España de 2022 y 2023», así como tramitar una reforma para modificar el sistema de elección de sus miembros mediante una proposición de ley orgánica presentada en el Congreso.

Se dará un plazo de seis meses a los nuevos vocales para estudiar cómo eligen otros países europeos a los miembros de órganos análogos y plantear una propuesta de reforma que tendrá que ser aprobada por tres quintos de los vocales y ser remitida al Gobierno, al Congreso y al Senado. Tendrá como objetivo reforzar «la independencia e integridad» del sistema judicial, según el texto acordado.

En este punto también invocan las recomendaciones de la Comisión Europea contenidas en el mismo informe.

El tercer punto del acuerdo prevé además el nombramiento de José María Macías Castaño, crítico en los últimos meses con la Ley de Amnistía, como magistrado del Tribunal Constitucional (TC).

Estos puntos están contenidos en un documento que Bolaños y González Pons firmarán esta misma tarde en Bruselas, donde se han reunido con Jourová, y donde explicarán los detalles en sucesivas ruedas de prensa.

Tareas pendientes

El nuevo CGPJ tendrá entre sus tareas más urgentes la de cubrir las 25 vacantes de magistrados que acumula el Tribunal Supremo (TS), lo que se traduce en el 30% de su plantilla, y las 38 de los Tribunales Superiores de Justicia (TSJ). Además, hay 30 vacantes en audiencias provinciales y una en la Audiencia Nacional.

Una vez constituido el nuevo CGPJ, el proceso para completar los nombramientos pendientes en el TS podría dilatarse varios meses, y, ya realizados, habría que sumar otros tantos hasta que los asuntos acumulados en sus distintas salas sean resueltos recuperando el ritmo habitual de trabajo.

A ello, las fuentes del alto tribunal consultadas por Europa Press anudan que la entrada simultánea de 25 magistrados podría provocar cambios bruscos de jurisprudencia en las salas afectadas. En este sentido, explican que lo normal es que los recién llegados tengan tiempo para asimilar la doctrina asentada antes de que los nuevos ingresos puedan provocar un vuelco que ahora sí sería factible.

El CGPJ venidero también contará entre sus deberes redactar los informes preceptivos de los anteproyectos de las leyes de Enjuiciamiento Criminal (LeCrim), que plantea dejar la investigación penal en manos de los fiscales.

Los socios de investidura rechazan el acuerdo

Algunos de los socios de investidura de Pedro Sánchez (EH Bildu, PNV, ERC o Podemos) han cargado contra el acuerdo para la renovación y reforma del Consejo General del Poder Judicial que han pactado PSOE y PP por entender que es una «rendición» ante el Partido Popular y el inicio de «una gran coalición» entre los dos grandes fuerzas.

EH Bildu ha afirmado que el acuerdo conlleva un reparto de puestos con el PP que «puede perpetuar la politización de la justicia y existe el riesgo de que en el futuro se vuelvan a producir situaciones de bloqueo por parte de la derecha». Asimismo, ha manifestado que se trata de un acuerdo con el PP que «hoy ni siquiera oculta la utilización de la justicia para sus intereses y fines políticos».

El portavoz del PNV, Aitor Esteban, ha mostrado su sorpresa porque el acuerdo alcanzado haya llevado tanto tiempo y ha destacado que nadie les ha informado y que no van a «votar a nadie».

El portavoz de los republicanos catalanes, Gabriel Rufián, ha asegurado que el acuerdo no supone ningún avance sino que es «exactamente lo mismo que se ha hecho en los últimos cuarenta años porque no refleja la pluralidad de la Cámara».

«Consagra, además, la pulsión constante del PSOE y de Sánchez de caminar hacia una gran coalición, cambiando de socio», ha dicho Rufián al aclarar que no les han consultado sobre los nombres propuestos como vocales.

Tan crítica como ERC ha sido la secretaria general de Podemos, Ione Belarra, quien ha cargado contra el PSOE por elegir el camino «de la rendición al PP y la legitimación de la guerra sucia judicial y mediática».

Considera que este acuerdo entre las dos formaciones sienta las bases para la construcción «de una gran coalición y no responde al sentir de las urnas». Ha advertido de que este pacto «no se va a hacer con la complicidad de Podemos».

Irene Montero se ha expresado en términos similares al afear al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que se ha rendido en la «guerra judicial». «Desde hoy empieza una nueva legislatura, de Gran Coalición, en la que el PSOE elige al PP como su principal socio de gobierno. Es un gran error», ha enfatizado.