La coordinadora general de LAB, Garbiñe Aranburu, aún no ha recibido la llamada del nuevo Gobierno de Lakua, en la ronda de contactos que ha anunciado el lehendakari Imanol Pradales, pero este lunes ha expuesto en una comparecencia que en el futuro encuentro le demandarán medidas para establecer un salario mínimo de 1.600 euros brutos en catorce pagas y reforzar los servicios públicos, en especial Osakidetza.

Tras analizar el acuerdo PNV-PSE, LAB llega a la conclusión de que «no hay voluntad de un cambio profundo en las políticas públicas» desarrolladas por ambos partidos en el pasado. Instan al Ejecutivo a que «deje de gobernar para la patronal» y atienda las reivindicaciones de los y las trabajadoras.

Aranburu ha dicho que el nuevo Gobierno debería «impulsar políticas que mejoren el salario y las condiciones de vida de las y los trabajadores, dar una respuesta adecuada a las exigencias de los y las empleadas públicas, reforzar los servicios públicos, promover la reconversión industrial que afronte los retos ecosociales que no esté liderada por las empresas y avanzar en el derecho a una vivienda.

El sindicato aboga además por un nuevo marco jurídico político que asegure la capacidad de las y los trabajadores, así como dar pasos para alcanzar mayores cotas de soberanía.

Son conscientes de que las peticiones que tienen son muchas, por lo que LAB se fija como prioridades dignificar los salarios para redistribuir la riqueza y reforzar los servicios públicos. En la primera, apuesta por dignificar los salarios y actualizarlos por encima del IPC.

Saluda que el lehendakari defienda ante los empresarios «que paguen más», pero le han pedido que la Administración «predique con el ejemplo», recordándole la pérdida de poder adquisitivo de las y los trabajadores públicos, y más especialmente las de las subcontratas, «a las que no se les garantizan unas condiciones dignas».

Acuerdo intersectorial

En esa línea, propone un acuerdo intersectorial entre sindicatos, Confebask y Lakua para fijar un salario mínimo acorde a la realidad vasca, que fijan en 1.600 euros brutos en catorce pagas. La central considera que las organizaciones sindicales están abiertas a la posibilidad de un acuerdo, «aunque haya diferentes estrategias y matices en la formulación como en el camino a recorrer», no así Confebask, que lo rechaza.

Al Ejecutivo, en concreto a Idoia Mendia, le achacan que «ha dejado pasar el tiempo y no ha asumido la responsabilidad política que le correspondía», a pesar de que había un emplazamiento desde el Parlamento para que mantuviera una «actitud proactiva» en la búsqueda de un acuerdo en esa materia.

Eso sí, LAB rechaza la pretensión del Gobierno PNV-PSE de llevar la negociación a la Mesa de Diálogo Social y estima que el artículo 83.3 del Estatuto de los Trabajadores otorga amparo jurídico a ese acuerdo intersectorial. Para evitar que se pudiera producir un veto, creen posible un acuerdo a nivel de la CAV y luego trasladarlo al Ejecutivo español para blindarlo. Aranburu ha desvelado que han sondeado esa posibilidad ante el Ministerio de Trabajo, que la ha visto factible, y también con las formaciones vascas con representación en Madrid.

La prioridad por tanto, ha explicado la coordinadora de LAB, es que Lakua interpele a Confebask y que se convierta en una prioridad en la agenda política en Euskal Herria para luego trasladar esa reivindicación a las instancias del Estado.

El sindicato echa en falta en el programa PNV-PSE medidas concretas para reforzar los servicios públicos, a través de la mejora de los salarios y en la estabilidad del empleo, no dependiendo de las condiciones impuestas a nivel estatal. Abogan por que el asunto se aborde en la CAV por vía de la negociación colectiva.

Voluntad política

Aranburu ha reclamado al nuevo Ejecutivo «voluntad política para un profundo cambio de rumbo de las políticas neoliberales y clientelares que existen en Osakidetza». «Hay que aumentar las inversiones en el servicio público de salud y poner fin a política de privatización y de concertación», ha insistido, pidiendo que «se deje de lado el modelo clientelar».

Una prioridad, ha señalado, es reformar la Atención Primaria y acabar con la tasa de temporalidad existente, «una situación que los procesos de estabilidad no van a corregir». Asimismo, ha avanzado que van a proponer cambios en las relaciones entre la parte social y el departamento, desterrando «la imposición y la no negociación» que han primado con la consejera Gotzone Sagardui y su equipo.

El sindicato exige poner fin a «las políticas de privatización y mercantilización de los cuidados», así como dignificar las condiciones laborales de las personas trabajadoras. «Hacen un trabajo imprescindible para sostener la vida y lo hacen en situación de precariedad y de explotación», sostiene.

En materia de cuidados, Aranburu ha apostado por una profunda transformación en línea con las demandas del movimiento feminista y de los sindicatos, en vez construir macroresidencias privadas «que quieren profundizar en el modelo actual».