La falta de consenso ha marcado la Conferencia Sectorial de Infancia y Adolescencia organizada este miércoles por el Gobierno español en Tenerife, donde las autonomías controladas por el PP no se han posicionado sobre la reforma de la Ley de Extranjería, que postula el reparto obligatorio de los menores migrantes cuando Canarias, Ceuta y Melilla no puedan asistirles.

Las comunidades gobernadas por el PP han criticado que el texto de modificación fue recibido este martes por la tarde y que sus departamentos no han tenido «tiempo suficiente para su estudio». En todo caso, han matizado que la Conferencia Sectorial no tiene competencias sobre el mismo, y se han remitido a su debate en el Parlamento.

Lakua –apoyada por las diputaciones, competentes en materia de protección a la infancia– ha reclamado «un plan de contingencia concreto» para responder a «una realidad estructural y no coyuntural» para evitar vulneraciones de derechos humanos.

El único pacto al que han llegado las comunidades autónomas ha sido sobre el reparto  voluntario de 400 niños y adolescentes desde Canarias y Ceuta, una cifra consensuada hace dos años que no responde a la actual emergencia humanitaria.

La ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego, ha advertido de que este reparto tenía sentido  hace unos años, pero que ahora la situación ha cambiado y que exige la modificación legislativa para establecer un reparto vinculante.

Pero ha sido suficiente para que Vox haya dado por rotos los acuerdos entre ambos partidos y ha convocado una reunión del comité ejecutivo de su partido para tomar las medidas correspondientes.

La posición del PP se ha mostrado claramente antes de la cita, pues sus representantes autonómicos no han acudido a la visita a un centro de acogida en Tenerife, donde se trata de atender a 234 menores. Sí han estado los consejeros de Nafarroa, Catalunya y Castilla-La Mancha.

Rego  ha criticado a las comunidades gobernadas por el PP porque «ni una sola» ha acudido antes de la reunión a la visita a un centro de acogida colapsado.

La Xunta de Galicia, gobernada por el PP, ha mostrado su «solidaridad» con la recepción de menores migrantes para, a renglón seguido, criticar el poco tiempo que han tenido para analizar la propuesta de la reforma legislativa, apuntando a que la Conferencia no tiene competencias en su aprobación.

«Les pedimos que ayuden a todos esos niños y niñas a tener una mejor calidad de vida y a conseguir lo que ellos pretendían cuando se metieron en la patera o en el cayuco», ha manifestado el presidente de Canarias, Fernando Clavijo, de Coalición Canaria.

Corresponsabilidad

En el caso de las instituciones de la CAV, abogan por atender las necesidades del fenómeno migratorio desde la corresponsabilidad de todas las partes, incluido el propio Ejecutivo español, que es el único competente en la gestión de crisis humanitarias.

«Ante esta falta de corresponsabilidad se debería dar un paso significativo, pasando de una situación denominada voluntaria a una situación definida como estructural. Se debe articular una respuesta cada vez más adecuada y adaptada a las necesidades», ha señalado la consejera de Bienestar, Juventud y Reto Demográfico, Nerea Melgosa, que siguió de modo telemático la reunión.

«La falta de planificación, de acuerdo, lleva a que, si no existen unas reglas de juego claras, una debida lealtad, nos encontramos con un número muy elevado de jóvenes sin referentes familiares», ha añadido.

El consejero de Derechos Sociales de la Generalitat, Carles Campuzano, que ha aseverado que la acogida de menores no acompañados tiene que hacerse «bien, de manera ordenada» y ha indicado que en los términos en los que se presenta la modificación de la ley, «el Govern de Catalunya no puede avalarla».